NO A LA ESTRATEGIA NEOLIBERAL PRIVATIZADORA:
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN SALUD, EDUCACIÓN, RESIDENCIAS, DE LAS PENSIONES PUBLICAS. POR UNA BANCA PUBLICA AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN.
RECUPEREMOS PARA EL BIEN PUBLICO LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS PRIVATIZADOS
Decenas de miles de ciudadanas/os, en especial las personas mayores de edad, con diversidad funcional, en situación de vulnerabilidad, están sufriendo, con la pérdida de su vida, las consecuencias criminales de las privatizaciones y recortes en el sistema público de salud durante la pandemia del Covid-19. En esta tragedia destaca el papel nefasto de las residencias geriátricas privadas que guiadas por el ánimo de lucro y con la complicidad de las administraciones, que no han ejercido su labor de control con eficiencia, las han transformado en tanatorios. Las instrucciones de las administraciones para no trasladar las personas mayores de edad enfermas del covid-19 a las UCIS de los hospitales son inhumanas y destilan gerontofobia.
La pandemia ha dejado al desnudo la estrategia del sistema capitalista neoliberal y patriarcal, con el apoyo de la Banca, fondos de inversión, transnacionales, y con la colaboración servil de los gobiernos de turno, para privatizar los servicios públicos, especialmente en salud, educación, servicios sociales, pensiones, y convertirlos en negocios, explotando a las trabajadoras/es de estos sectores y deteriorando la calidad de estos servicios. Esta ofensiva neoliberal agrava la precariedad y la pobreza que afecta en especial a las mujeres, aumentando con ello la brecha de desigualdad entre ambos sexos y la violencia machista e institucional.
La privatización de sectores estratégicos como la electricidad, gas, agua, además de facilitar una puerta giratoria a la élite política que tomó dicha decisión, ha supuesto la transferencia de enormes beneficios a las transnacionales, el debilitamiento de la capacidad económica del estado y administraciones públicas, expoliar a la ciudadanía con precios abusivos y negar el derecho de las personas vulnerables a estos suministros básicos, incumpliendo la legislación que las protege.
