Colectivo Prometeo: Conferencia Agustín Moreno

martes, 14 de diciembre de 2010

Conferencia Agustín Moreno

LA OFENSIVA NEOLIBERAL CONTRA LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DERECHO DEL TRABAJO

Agustín Moreno García

Córdoba, 5 de Abril de 2008

Las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la Humanidad se ven cada día más afectadas por el capitalismo global y por la estrategia neoliberal desarrollada. Estamos en un momento histórico en el que el desarrollo de las fuerzas tecnológicas y productivas han alcanzado un grado tal que permitiría alimentar y satisfacer las necesidades de las personas. Pero, paradójicamente, vemos que el afán del capitalismo por aumentar su tasa de ganancia hace que crezca la pobreza y la desigualdad a nivel mundial y local, que se recurra al uso de la guerra para resolver las contradicciones en la lucha por las materias primas y los mercados, y que el deterioro medioambiental parezca imparable.

Los ataques a los derechos sociales y laborales de los trabajadores vienen cada vez más impulsados por estrategias supranacionales, desde el ámbito mundial al de la Unión Europea. Conviene hacer un repaso a los ejes de esa ofensiva, para saber por dónde vienen los peligros, criticar las medidas por su ineficacia desde el punto de vista de la mayoría y reflexionar sobre alternativas teóricas y prácticas.

La política neoliberal

Tres décadas después de la crisis económica de 1973, el capitalismo parece haber cambiado drásticamente, se ha vuelto “global” y se presenta (tras el derrumbe del llamado “socialismo real”) como el único sistema posible, avanzando como una apisonadora sobre los derechos de los trabajadores. La clase obrera ha perdido una parte importante de su fuerza política y organizativa, sus principales organizaciones políticas, sindicales y sociales se han debilitado y ha sufrido un retroceso ideológico. Con el cambio de milenio triunfa un capitalismo salvaje más parecido al del siglo XIX, que el que se correspondería con los progresos científico-técnicos de la humanidad.

La economía liberal, derrotada tras la crisis de 1929 por el keynesianismo, se refugió en sus cuarteles de invierno y volvió a aparecer con fuerza con la crisis económica de los años setenta, dando cuerpo teórico al actual neoliberalismo que domina hoy el mundo. Para imponer tal política era necesaria una gran ofensiva ideológica, ofensiva que se desarrolla en múltiples frentes: organización del capitalismo global, ataque a los derechos laborales y a las instituciones del estado de bienestar, cambios en el mercado de trabajo y en la clase trabajadora, etc.

Hoy vivimos bajo una economía-mundo globalizada, donde juegan un papel muy determinante las multinacionales, como expresión de la tendencia a la internacionalización del ciclo productivo del capital. Ahora bien, la globalización es, sobre todo, un proyecto político y un arma ideológica de gran eficacia. Trata de construir una organización económica internacional donde la libre circulación de mercancía y de capitales no encuentre el menor obstáculo y en la que los gobiernos se vean incapacitados de aplicar políticas sociales que vayan contra los intereses del capital o dificulten las leyes del mercado; ideológicamente impone el modo de vida y de consumo que el capital necesita para ser rentable en cualquier situación.

La globalización produce efectos y daños colaterales en su afán por aumentar la tasa de explotación de la mano de obra. Así, por ejemplo, desregula las relaciones laborales, crea altas tasas de paro como resultado de los aumentos de la productividad; flexibiliza el empleo en la entrada al puesto de trabajo (empleo precario), en la salida (despido barato y fácil) y en el desarrollo del trabajo (movilidad, polivalencia, etc.). Rentabiliza la fuerza de trabajo con la reducción y la flexibilización de los salarios, disminuyendo el componente fijo; necesita, en suma, garantizar que los salarios seguirán siendo bajos en el futuro mediante la precariedad y el debilitamiento de la negociación colectiva.

Los neoliberales también colocan en el punto de mira de sus agresiones el estado del bienestar y actúan sobre los principales pilares del mismo: el empleo, la regulación laboral, la protección social, los servicios públicos y el peso del estado en la economía. Las razones para el asalto al estado del bienestar son suprimir los déficits públicos y el gasto social, aún a costa de reducir la protección de los trabajadores y para devolver actividades rentables al sector privado y recuperar de la tasa de beneficio.

Estas políticas se aplican por diferentes vías, desde las disposiciones que vienen inducidas por marcos supranacionales (es el caso de las directivas de la Unión Europea (UE), a las normas legales aprobadas en cada país a través de los procesos de diálogo social con los sindicatos y patronales. Estas últimas son las llamadas reformas laborales que se vienen pactando en los diferentes países europeos y que van en la dirección de flexibilizar-desregular el mercado de trabajo, poniéndose el acento en lo uno o en lo otro, en función de la relación de fuerzas. El resultado de estas políticas es, en muchas ocasiones, el deterioro de los derechos sociales y laborales. Crece así la precariedad y la inseguridad entre importantes sectores populares, en especial, inmigrantes, jóvenes y mujeres, aunque con gran desfachatez, los representantes neoliberales intentan vender la idea de que “una mayor inseguridad laboral es el precio que hay que pagar para mantener el modo de vida europeo” (FMI). Un cínico elogio de la incertidumbre, hecho también por altos directivos, banqueros y economistas que suelen tener fabulosos contratos blindados y planes de pensiones de ensueño.

Detrás de todos estos elementos que definen la política neoliberal, seguramente se encuentra el embrión de un capitalismo de características muy diferentes al que hemos conocido en los últimos treinta años. Un mundo dominada por las grandes corporaciones multinacionales que actúan en mercados cada vez más libres, funcionando con unas relaciones capital-trabajo menos reglamentadas y más determinadas por la ley de la selva del mercado, en el que reina una desigualdad creciente, en el que es marginada una parte sustancial de la humanidad, ya sea la población de los países dependientes o una proporción importante de la de los del primer mundo, y en el que no cabe esperar otra cosa que un aumento considerable de la crisis ecológica global. Algo que recordaría, guardando la distancias, al mundo de Blade Runner, entre sombras y polución, sociedad multirracial, inmensas corporaciones y alta tecnología, pobreza y marginación social, violencia… Este podía ser el retrato futuro del capitalismo global, pero también puede ser una especulación extrapolada de las peores características actuales. Porque al sistema todavía le quedan serios problemas por resolver y no puede esperar un paseo triunfal sin encontrar resistencia. Aunque las sombras que se ciernen sobre el sistema se deben más a sus propias contradicciones y, entre ellas, está la hipertrofia financiera que le da gran inestabilidad o el precio del petróleo que no deja de crecer, que las derivadas de la presión de la clase trabajadora.

1.1. Los Servicios Públicos, el Estado de Bienestar y el Derecho del Trabajo: Legitimidad versus Acumulación

Los servicios públicos constituyen los bienes indispensables al desarrollo humano equilibrado, respetuoso de los derechos sociales y democráticos, a todos los niveles, desde el local al mundial y constituyen un elemento esencial para el ejercicio de la ciudadanía. Por ello deben ser considerados como un derecho de los ciudadanos frente a la consideración de mercancía que hace de ellos el neoliberalismo.

Los servicios públicos se desarrollan con las democracias parlamentarias y alcanzan su máximo auge tras la segunda guerra mundial, cuando en los países escandinavos se crea el concepto de Estado del bienestar. Los primeros servicios públicos que se ponen en marcha son la enseñanza gratuita y obligatoria y la sanidad pública, en la Alemania de Bismarck y la Francia de Napoleón III. Desde entonces y hasta la actualidad los servicios públicos han alcanzado a todas las esferas de la sociedad, desde la educación y la sanidad, los correos y telecomunicaciones, los transportes, los servicios sociales de asistencia, la protección del medio ambiente, etc.

El Estado debe tratar de satisfacer dos funciones básicas y contradictorias: mantener o crear las condiciones en las cuales sea posible la acumulación rentable del capital, y debe de tratar de mantener o crear las condiciones necesarias para la armonía social. Para ello se sirve del sector público, que desarrolla actividades para atender las dos necesidades del sistema: la protección de la acumulación capitalista y la legitimación del mismo.

La función de protección de la acumulación incluye una serie de actividades con las que el Estado trata de facilitar al capitalismo la obtención de ganancias, de eliminar los obstáculos y contradicciones que se interponen en el proceso productivo. Por su parte la función de legitimación pretende lograr la adhesión de los trabajadores al sistema (en palabras de Ian Gouch, que la mayoría de la población acepte la dominación del capital) para desactivar la lucha de clases.

La aparición de la legitimidad como mecanismo social que garantiza la obediencia de los individuos es relativamente reciente, nace con la crisis del Estado liberal. Las democracias burguesas actuales (exponente del modelo pluralista iniciado con la Constitución de Weimar) se vieron obligadas a incorporar, a causa de la lucha del movimiento obrero, cierta participación política de todos los ciudadanos en la toma de decisiones (a partir de la universalización del concepto de soberanía), y el resto de los derechos políticos (reunión, expresión…) A estos elementos de participación se añadieron las políticas de protección social, funcionando ambos (derechos políticos y derechos sociales) como ejes de la legitimidad del sistema.

Pero, a veces, conquistas que se han tardado generaciones en lograr se pierden de forma muy rápida si las circunstancias cambian desfavorablemente, tal y como está ocurriendo ahora con el Estado de Bienestar en algunos países con el avance del neoliberalismo. Las fuerzas de la derecha están aprovechando la crisis económica y el debilitamiento político e ideológico de la izquierda para ello. No hay que olvidar que en la génesis del Estado de Bienestar está el afán de legitimación del sistema ante la lucha del movimiento obrero. Hoy que han cambiado los mecanismos de legitimación y que apenas existe un movimiento obrero potente, con ideología y conciencia de clase y capacidad de movilización, no existe ninguna razón de peso para que el sistema capitalista no devuelva los servicios públicos al capital privado, reforzando así la función de acumulación rentable del capital. Si no libramos este combate, el legado que estaremos dejando a los jóvenes es un mundo peor: reducción de la protección social y de los derechos, incremento de las desigualdades y crisis ambiental.

En cuanto al derecho del trabajo hay que decir que ha sido uno de los derechos fundamentales del siglo XX, siempre en una conflictiva relación con la economía. Fue durante el siglo XX cuando se produce la incorporación esencial de los seres humanos a la condición ciudadana a través del trabajo, siendo la condición laboral el eje de la articulación social. De ahí que el desempleo hurte buena parte de la identidad ciudadana. Y esto es algo de gran importancia en ese siglo XX corto, que diría Hobsbawm, y que ha sido el de las guerras mundiales, calientes o frías, el de Auschwitz, el gulag y el de Hiroshima como vómito de la modernidad, pero también ha sido el de los derechos humanos a partir de la Declaración Universal de 1948 y el del derecho de los trabajadores.

. Sobre la tesis del conflicto derecho del trabajo-economía, Romagnoli sitúa gráficamente la relación como que “ella lleva los bocadillos y él organiza el picnic”. Yo voy más allá. La relación aún es más difícil porque se produce entre el derecho de trabajo y el neoliberalismo, como pensamiento económico dominante en el actual capitalismo global. Si analizamos la situación se evidencia el carácter antitético de neoliberalismo y del derecho del trabajo Otra cosa es que intenten coexistir en medio de la tensión porque no tienen más remedio. Peo la existencia de marcos institucionales, económicos, políticos y jurídicos como la actual Unión Europea dejan en desventaja al derecho laboral al subordinarlo a la libertad de empresa.

Los objetivos de la agresión

Si se analiza la relación entre servicios públicos, derecho del trabajo y neoliberalismo en el marco de la Unión Europea, aparecen sus tremendas contradicciones. La situación social en la UE, a pesar de su modelo social tan celebrado, no deja de tener importantes problemas y desigualdades: 17 millones de personas en paro, 25% de trabajadores precarios (entre 2000 y 2005 han pasado a ser de 66 millones a 102 millones de trabajadores en el ámbito de la UE-25); un tercio de las trabajadoras con contrato a tiempo parcial y un 7% de los hombres[1]; una cifra incalculable de trabajadores en la economía sumergida y la proliferación de contratos no colectivos, es decir, individuales de tipo mercantil, principalmente en los nuevos Estados adheridos a la UE; 72 millones de europeos viven bajo el umbral de pobreza en una región del mundo desarrollada y donde corre el dinero en abundancia. Conviene tener presente estos datos para saber el impacto que pueden tener las propuestas desreguladoras, de adelgazamiento del estado de bienestar y de privatización de los servicios públicos.

Los argumentos para defender medidas y políticas neoliberales socialmente impresentables son que hay que modernizar el derecho del trabajo para afrontar los retos del siglo XXI, para mejorar la competitividad y resolver problemas estructurales como la insuficiente creación de empleo, el paro de larga duración, la aún baja tasa de actividad femenina, los problemas demográficos, los desequilibrios regionales, etc. Las propuestas desreguladoras se acompañan de eficaces frases para intentar demostrar su inexorabilidad, como la del socialdemócrata portugués Antonio Guterres cuando dice: “Mi padre tuvo una profesión y un trabajo; yo he tenido una profesión y varios trabajos; mis hijos deberán formarse en el desempeño de varias profesiones para poder atender diferentes trabajos que les sean requeridos”.

2.1. Los ataques a los servicios públicos: El AGCS y la Directiva Bolkestein

a) El AGCS: El Acuerdo General de Comercio y Servicios se ha estado negociando rodeado del más absoluto silencio y con una agenda oculta a espaldas de la ciudadanía. Según él, los servicios esenciales para la sociedad y que ahora son atendidos bajo la responsabilidad de los poderes públicos gracias al patrimonio común que la ciudadanía mantiene con sus impuestos, pasarían a manos de grandes multinacionales. Ellas se apropiarán de los recursos de todos y convertirían los servicios públicos, cuya función es asegurar una vida digna a los ciudadanos (sanidad, educación, transportes, abastecimiento de agua y electricidad, etc.), en un inmenso negocio.

Es de una simpleza brutal: se trata de convertir al mundo en un inmenso supermercado donde sólo importa comprar y vender, donde todo será convertido en mercancía. Para ello, hay que liberalizar los servicios y privatizarlos ya que se considera que las subvenciones pueden tener efectos distorsionadores en el mercado. De hecho, el sector público no podría situarse en competencia con un servicio ofrecido por una empresa. El AGCS supondría el dominio de los mercados por un pequeño número de compañías privadas; la pérdida del control democrático de los servicios públicos; la caída de los precios a expensas de la calidad; la reducción de la protección medioambiental; la pérdida de servicios básicos y de puestos de trabajo.

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico y no pueden regirse por criterios de pura rentabilidad económica sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales. Por su propia naturaleza no deben ser ni liberalizados ni privatizados.

La constante crítica al funcionamiento de los servicios públicos ha conseguido que una parte importante de la sociedad acepte la falacia de que estos serían mucho más eficaces si se entregaran a la competencia del mercado. Es evidente que es necesario perfeccionar la eficacia de los servicios públicos pero para ello hay que ampliar su financiación, mejorando la calidad y el acceso de todos en condiciones de igualdad. Pero no se puede permitir que su actual deterioro sea utilizado como argumento para que apropien de ellos las multinacionales.

La Cumbre Interministerial de la OMC, celebrada en Cancún en 2003, supuso un relativo fracaso, puesto que la mayoría de los países eufemísticamente denominados “menos desarrollados” o “en vías de desarrollo”, hartos ya de promesas incumplidas por parte de los países poderosos en materias tan esenciales para aquellos como la agricultura y el acceso a los medicamentos esenciales y de coacciones para la apertura de sus mercados, adoptaron una posición conjunta y, liderados por Brasil e India, se opusieron firmemente a cerrar nuevos acuerdos que significaran una mayor liberalización y privatización de sus servicios. No obstante, las conversaciones para liberalizar el comercio internacional de servicios en virtud del acuerdo AGCS de la OMC continúan, aunque se mueven a un ritmo lento porque persisten profundas divisiones sobre cuestiones fundamentales. Por ello el intento por encontrar entre todos los miembros un proyecto de texto común del AGCS no ha tenido éxito.

En enero de 2008, un grupo de países encabezado por la UE, Estados Unidos, Japón y Canadá presentó un esquema de lo que les gustaría ver incluido en el proyecto de texto. El grupo afirmó que hasta la fecha, las conversaciones han sido decepcionantes y lentas. Ante la imposibilidad de salvar estas diferencias, se va a presentar un “informe” que esbozará los puntos de acuerdo así como las áreas de desacuerdo sobre un posible texto. Los miembros parecen coincidir en la necesidad de un nuevo plazo de presentación de las ofertas revisadas del AGCS, pero están muy lejos de ser ambiciosas.

Los acontecimientos políticos reducen las perspectivas de concluir la Ronda de Doha este año. Aunque Lamy ha esbozado un calendario para concluir las negociaciones para finales de 2008, muchos responsables del comercio manifiestan ahora que este calendario es demasiado optimista. En EE.UU., al no ser reelegida, la administración republicana ha perdido su autoridad de promoción del comercio y es poco probable verla refrendada por un Congreso controlado por el partido Demócrata. Muchos analistas piensan que no es posible un verdadero avance en las negociaciones hasta después de las elecciones presidenciales estadounidenses y de la formación de un nuevo gobierno.

b) La Directiva Bolkestein. En 2002 la Comisión Europea presentó un informe sobre el mercado interno de servicios y la necesidad dé liberalizar la circulación de éstos dentro de la UE. Ese es el objetivo de la Directiva Bolkestein, ya que los servicios representan el 70% del empleo en Europa y –según sus defensores- su liberalización, podría aumentar el empleo y el PIB. Los ámbitos en los que pretendía actuar se referían a la libertad de establecimiento, la libre circulación de servicios y el principio del país de origen.

Sus consecuencias podrían ser letales para el derecho del trabajo, ya que consistía en que el prestador del servicio que actúa en otro país europeo se atendría a la legislación de su país de origen sin tener que aplicar la legislación del país donde actúa. Se cuestionaba así el derecho del trabajo por obstaculizar el acceso a los mercados y la libertad de empresa. Ello suponía un claro “dumping social” al establecer una dinámica que competiría en la reducción de salarios, de derechos laborales y sociales. La conciencia ciudadana del peligro permitió que en Francia hiciera fortuna la figura del “fontanero polaco”, que explicaba claramente la situación que se crearía y que estuvo presente en la campaña por el No a la constitución europea, tanto en Francia como en Holanda e influyó eficazmente en su éxito.

Tras una importante contestación en la opinión pública europea y la manifestación de 30.000 sindicalistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo en febrero de 2006, se llegó a un acuerdo de compromiso entre los socialistas y la derecha popular. Primero en el Parlamento Europeo, que sería aceptado por la Comisión, y que suavizaba la directiva, quitando el principio del país de origen e incluyendo excepciones y protecciones (con numerosas ambigüedades) para evitar la reducción de los derechos y tutelas sociales. Posteriormente fue modificado a peor por el Consejo en julio de 2006 y la aprobación parlamentaria de la directiva final devaluó gravemente lo logrado en el proceso movilizador a favor de la libertad de empresa frente a las libertades sindicales y eliminó, entre otros, el principio de respeto a los derechos sociales establecidos a nivel nacional, aunque éstos afecten a la libertades económicas fundamentales.

En la práctica se siguen aplicando medidas derivadas de la Directiva Bolkenstein. Por ejemplo, por ciertas compañías aéreas de bajo coste, registradas en países de la UE con escasa protección social para poder aplicar estas condiciones precarias a sus empleados de cualquier otro país de la UE. O el intento de imponer de hecho la aplicación de la cláusula del país de origen y la libertad de prestación de servicios sin someterse a la legislación laboral y convenios del país de destino, a través de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Las negativas sentencias interpretativas de este tribunal (casos Viking, Laval y Ruffert) sobre relevantes casos concretos en relación con el derecho de huelga y de conflicto colectivo y sobre el respeto a los salarios y condiciones de trabajo del país de destino para los trabajadores desplazados, han hecho prevalecer los derechos de libre mercado (de libre establecimiento, de prestación de servicios…) sobre los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Es un tema muy serio que requiere de contundentes medidas sindicales para que no se abra a un rápido y fácil camino hacia la licencia para el dumping laboral y de liquidación del acervo comunitario y de los valores jurídicos europeos. Las sentencias anteriores se han convertido en un auténtico desafío al sindicalismo europeo y, por ello, la Confederación Europea de Sindicatos está reclamando la incorporación al Tratado de la Unión Europea de una cláusula para el progreso social que respete los derechos fundamentales de los trabajadores y la acción colectiva de los sindicatos.

Como la Comisión Europea sigue centrando todos sus esfuerzos en la consecución del mercado interior convirtiendo cada servicio público y cada derecho social en una mercancía, es imprescindible que el sindicalismo europeo trabaje intensamente para evitarlo al mismo tiempo que mantiene e impulsa la existencia de unos servicios públicos de calidad en el marco de una Europa más social y democrática. Para ello debe reivindicase la aprobación de una directiva que defina con claridad el concepto de servicio público y los proteja frente al mercado. También controlar los procesos de transposición de la actual directiva de servicios a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para contrarrestar sus elementos negativos: Por último, debe impulsar una fuerte y sostenida campaña en defensa de los servicios públicos en el ámbito español y en el europeo.

2.2. Los ataques al Derecho del Trabajo: el Libro Verde de la Comisión Europea y la flexiguridad.

Dentro de la Estrategia Europea por el Empleo (EEE) y del desarrollo de los objetivos de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo de la UE, la Comisión Europea está planteando “el establecimiento de principios comunes para promover la flexiguridad para promover la competitividad, el empleo y la satisfacción en el trabajo, combinando la flexibilidad y la seguridad para los trabajadores y las empresas. Las estrategias de flexiguridad pueden contribuir a modernizar los mercados laborales europeos y a sacar más provecho de los retos y oportunidades de la globalización.”[2].

Hasta aquí la teoría. Pero la realidad es una nueva desregulación de los mercados laborales que afecta a las normas del mismo derecho del trabajo europeo. Por ello, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) lamenta la orientación adoptada por la comunicación, por ser opuesta a la protección y la estabilidad de los empleos que es un derecho esencial de los trabajadores y el fundamento de las empresas productivas. A pesar de ello, está dispuesta a discutir sobre un enfoque moderno de la reforma, invirtiendo en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la igualdad de las clases, el diálogo social, las negociaciones colectivas y los empleos de buena calidad. Pero no se engaña sobre el fondo del asunto, hasta el punto que el secretario general de la CES, John Monks, ha declarado que “estamos preocupados por el aumento actual del trabajo precario en Europa. Dar a las empresas aún más libertad de despedir, lo que parece ser la idea principal de la comunicación, no hará más que empeorar las cosas (…) Mejores empleos, de mejor calidad, tal son la verdadera solución a la segmentación del mercado laboral y a la exclusión social, y no los empleos precarios para todos”

La situación es más que preocupante, ya que la Comisión lo que propone es que Europa debe remodelar las tutelas si quiere aumentar su propia competitividad. Para ella todo se reduce a hacer más elástico el despido, recortar los plazos de preaviso y aligerar los procedimientos. Como opina Walter Cerfeda, de la secretaría de la CES, “Es evidente que este planteamiento, por una parte, es insensato; y por otra, es socialmente muy peligroso (…) los espacios para un diálogo son muy reducidos (…) Estamos muy preocupados con dos aspectos del actual Libro Verde, que podrían producir algunos estropicios importantes. El primero se refiere a su filosofía implícita: si todo se reduce a medidas sobre las fórmulas de despido individual, es evidente que –por este camino- la tutela colectiva y nuestro rol sindical están puestos muy en entredicho. Y añade: “El Libro Verde corre el peligro de convertirse rápidamente en un punto muy fuerte de conflicto político y social a nivel europeo. El potente espíritu neoliberal que lo impregna podría configurar algo muy parecido a lo que ocurrió durante la propuesta de la Directiva Bolkenstein… ”[3]

Nadie se puede engañar, a pesar de la propaganda implícita de las palabras con apariencia positiva y de su conversión en brillantes eslóganes que pretenden camuflar las malas intenciones. Facilitar el despido, es flexibilidad sin seguridad. Poner el ejemplo danés para animar a la flexibilidad, no es válido para la gran mayoría de los países europeos. Se nos propone “un salto sin red”, en expresión de Mireya Llobera, si no se tiene un amplio sistema de Estado del bienestar, políticas activas y macroeconómicas de amplio alcance, una fuerte innovación en educación y servicios públicos, y un alto nivel de competencias profesionales de la población trabajadora[4]

Con este neologismo usado (ya que queda mal hablar de despido libre o de igualar a la baja las condiciones de trabajo), se pretende hacer creer que la única manera de asegurar el empleo es la aceptación de una movilidad permanente, sin ningún compromiso del empresario, convirtiendo a los trabajadores en una especie de falsos “autónomos” o trabajadores “free lance”, con los que el empresario negocia de uno en uno, sin intermediación sindical y desde una posición de fuerza absoluta.

En Diciembre de 2007, el Consejo de Ministros de Trabajo de la UE invitó a la Comisión Europea a poner en marcha una iniciativa pública para favorecer la adhesión a los principios de la flexiseguridad. En esta línea, en la Francia de Sarkozy, el gobierno, la CFDT y FO han llegado a un acuerdo (rechazado por la CGT) que aplica la flexiseguridad a la francesa: alargar el período de prueba a dos meses, nuevo procedimiento para el despido a través del acuerdo entre las partes (sin pasar por los tribunales) para cobrar el subsidio de desempleo inmediatamente. Tienen un paralelismo con nuestro despido procedente y la experiencia nos indica el abuso de las empresas para despedir a trabajadores fijos.

2.3. El nuevo Tratado constitucional

Tras el rechazo popular en los referéndunes de Francia y Holanda al proyecto de “constitución europea” por su impronta neoliberal y sus déficits democráticos, las élites económicas y políticas aprendieron la lección y decidieron no volver a realizar las consultas. Así, los burócratas y gobiernos nacionales decidieron que los ciudadanos europeos no volverían a pronunciarse sobre su futuro y se tramitarían y aprobarían los textos sin dejar lugar el debate y a la discusión, y manteniendo las medidas antidemocráticas y neoliberales (Susan George. 2007). Es lo que ha sucedido dos años después con el nuevo Tratado europeo aprobado en diciembre de 2007 en Lisboa por la CIG y que prevé la ratificación por los gobiernos de los 27 países miembros, excepto en el caso de Irlanda, único país con el imperativo legal de celebrar un referéndum.

El nuevo Tratado de Lisboa modifica los dos tratados vigentes: el Tratado de la Comunidad Europea (Roma, 1957) y el de la Unión Europea (Maastricht, 1992). Su amplio contenido, mantiene la ambigüedad calculada en determinados temas, su orientación neoliberal y los mecanismos poco democráticos en la toma de decisiones.

Es muy clara la impronta neoliberal del tratado en su letra y espíritu: la centralidad de un mercado interno altamente competitivo mediante la supresión de los obstáculos al comercio internacional y a las inversiones en el extranjero. El Banco Central Europeo continúa al margen de todo control político. Se convierte en un objetivo fundamental de la UE la “estabilidad de precios” Y se exige la unanimidad para cualquier limitación al movimiento de capitales o para establecer cualquier tipo de impuesto sobre las transacciones financieras. Se decidirá sólo por unanimidad en temas cruciales como: la revisión del Tratado, las políticas sociales, la política fiscal, la medioambiental y las políticas de seguridad y de defensa.
No hay un reparto democrático de poderes. Se refuerza el papel de la Comisión que seguirá ostentando casi todo el poder ejecutivo y legislativo, y se sigue excluyendo al Parlamento Europeo de importantes áreas de codecisión (políticas exterior y seguridad, mercado interior, política monetaria, buena parte de las políticas agrícolas y sociales)
La Carta de Derechos Fundamentales mantiene su ambigua redacción, no crea nuevas competencias y deberes a la UE, con lo que su valor legal será muy limitado: y Gran Bretaña tiene autorización para no aplicarla. Contrasta con la obligatoriedad de cumplimiento para todos, de lo relacionado con el libre mercado y libre competencia, algo que no se garantiza para unos escasos derechos sociales.
Se subordina Europa a USA, a través de la OTAN, en materia de seguridad y de defensa, se compromete a los estados miembros a aumentar su capacidad militar, y se plantea la lucha contra el terrorismo como justificación para las intervenciones exteriores.

En resumen, la reforma mantiene la mayoría del contenido de la Constitución que fue rechazada y se aprueba de forma antidemocrática, sin dar prácticamente opción al debate y a la consulta ciudadana. El nuevo tratado, unido a la política comunitaria, tiene un impacto muy importante, si tenemos en cuenta que actualmente el 80% de las leyes que se aprueban en los países europeos provienen de Bruselas, que prevalecen sobre las legislaciones nacionales y que el Tribunal Europeo de Justicia ha confirmado que las normas de la Comisión tienen rango preferente, incluso sobre las constituciones nacionales, así como las limitaciones que impone la pertenencia a la zona euro para la mejora de la competitividad de los países.

Una Europa neoliberal entra en colisión con el modelo social europeo, entendido como “un Estado de Bienestar fuerte, Seguridad Social desarrollada, negociaciones colectivas, servicios públicos y normas laborales” (Congreso de la CES. Sevilla. Mayo de 2008). Así las cosas, vendrán tiempos en los que cada vez más las medidas, normas, directivas y sentencias provenientes de la UE sobresaltarán a los ciudadanos y trabajadores europeos y harán que se vea el marco europeo más como una amenaza que como una solución. Y habrá que volver a plantearse una posición contraria al nuevo tratado constitucional europeo, por la falta de consulta popular y por las consecuencias negativas que sobre los derechos sociales y laborales de los trabajadores tendrá un modelo económico y social diseñado para satisfacer las necesidades e intereses del capital y mejorar su competitividad.

3. La situación de España: reformas laborales y estado de bienestar

3.1. Los déficits sociolaborales

Nuestro país mantiene un elevado diferencial en gasto social con la UE y además esta diferencia va aumentando en los últimos años. Los diferentes gobiernos ha venido aplicado unas políticas fiscales que han provocado una disminución de impuestos en las rentas más elevadas y en los rendimientos del capital y ha reducido el déficit público hasta llegar al superávit a costa de agudizar los déficits sociales.

El ciclo económico expansivo que comenzó en 1995 y se ha extendido hasta la fecha no se ha aprovechado para disminuir las diferencias que nos separan de Europa en el campo de la protección social, sino que han aumentado, provocándose una real “desconvergencia” social. Los datos de Eurostat sobre gasto en protección social indican que en España está ocho puntos del PIB por debajo de la media de la UE-15 (22% frente al 30%). La política realizada hace que continuemos siendo uno de los países con el gasto público social más bajo de la UE-15.

El “milagro” del déficit cero, primero, y del superávit, después, se ha conseguido con unas políticas presupuestarias que, año tras año, han aplicado una contención del gasto social en un contexto de crecimiento económico, y una utilización escandalosa del superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado, tapando el agujero de la reforma fiscal. Se han transferido recursos de la protección social a las clases más privilegiadas.

Todo ello explica que nuestro Estado de Bienestar sea de baja intensidad y de eficacia limitada, si comparamos todas las prestaciones con la media europea, España está muy por debajo en pensiones, sanidad, educación y dependencia. En un reciente estudio comparativo entre 15 países con un nivel de desarrollo económico similar realizado por una aseguradora se concluye que los jubilados españoles son de los que más tarde se jubilan (63 años) y de los peor retribuidos. En materia de sanidad, los problemas de financiación están deteriorando el servicio de tal manera que se observa una caída de la valoración del sistema de salud por los usuarios en los últimos 8 años. No es ajeno a ello el hecho de que el gasto público está prácticamente congelado desde hace unos años. De la educación hablaremos más adelante.

Es más acentuada la diferencia en atención a la infancia y en servicios públicos de atención de personas mayores: en España sólo un 1,5%, por el 30% en Suecia, 20% en Dinamarca, 28% en Finlandia, 7% en Francia, 8% en Holanda y 9% en Reino Unido. Esta situación además de injusta socialmente, es un lastre para una política de pleno empleo, de incremento de la tasa de actividad (jóvenes y mujeres). Otro efecto negativo es la aparición de sectores privados de negocio semiclandestino con condiciones de trabajo inhumanas y unos servicios con un nivel de atención y calidad inaceptables. Es urgente la necesidad de poner seriamente en marcha el pilar de la dependencia para cubrir a los millones de personas que necesitan protección.

La pobreza y la exclusión social afectan a cerca de diez millones de personas, según los indicadores europeos y el Instituto Nacional de Estadística. La mayor tasa de pobreza relativa se produce en los hogares formados por personas de 65 o más años que viven solas, segmento en el que el porcentaje de población pobre se eleva hasta el 47,3 %. Sectores importantes de la población trabajadora, especialmente mujeres, se ven en el riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad social. Millones de personas permanecen en situación precaria y sufren las incertidumbres de la falta de seguridad para sus proyectos vitales. Aumenta, así, la dualidad social por la fuerte precarización laboral, la distribución desigual del empleo, la propiedad y las rentas Ello genera una tendencia hacia la fractura y la pérdida de cohesión social.

Por otro lado, los resultados del balance de las reformas laborales y de los acuerdos

interconfederales para la negociación colectiva son, en general, negativos y conforman algo que podríamos denominar el déficit laboral español respecto a Europa. Veamos algunos datos:

Tenemos una tasa de paro que sigue siendo muy alta, y una cifra absoluta situada por encima de los dos millones de parados.
Estamos a la cabeza en precariedad en el empleo (más de un 30% de los contratos son temporales),
Somos el país con mayor índice de siniestralidad laboral. La ley de Prevención no se cumple y en los diez primeros años de su vigencia se produjeron más de 9 millones de accidentes con baja, con un resultado de 135.860 lesionados graves y 14.879 mortales
Los salarios son más bajos (un 33% menores que la media de la EU-15), pero se siguen firmando ANC con un 2% para el salario cuando el IPC de 2008 está bastante por encima del 4%, la economía ha crecido al 3,5% y los beneficios por encima del 20%.
La jornada laboral es mayor (11 horas más al mes y 2 días menos de vacaciones que la media europea), según Eurostat.
La edad de jubilación es la más alta (63,7 años frente a los 61 años de media en la UE)
Estamos a la cola en la adopción de políticas para promocionar laboralmente a la mujer
Menores prestaciones sociales (desempleo, etc.)
Insuficiente democratización de las relaciones laborales.

La última reforma laboral de 2006 se ha basado en el aumento de las bonificaciones a las empresas, los contratos con un despido más barato y subvencionado por el INEM, y la reducción de cotizaciones sociales (desempleo, FOGASA…). Se vuelve a recuperar la misma filosofía de la reforma de 1996 y apunta a los mismos resultados: el mantenimiento de una alta precariedad, que no bajará del 30% a pesar de la gran inversión en ayudas a los empresarios (más de 3.000 millones de euros al año).

Es sintomático lo poco que se habla del déficit social y laboral de España con relación a la Unión Europea, que se mantiene junto con un escandaloso superávit presupuestario Quizá sea porque no es un espejo agradable comprobar que más allá de las burbujas del champán, del “España va bien” o “país de progreso”, son pobres los frutos sociales en una época de gran crecimiento económico y de fabulosos beneficios empresariales. Además, esta estrategia de moderación salarial continuada, unida a precariedad en el empleo, a escasa protección social y a débiles derechos legales, consolida un modelo económico-empresarial poco eficiente y de muy bajos vuelos al basarse en costes laborales baratos.

3.2. Las perspectivas tras las elecciones generales del 9 de marzo

a) La coartada del deterioro de la situación económica

Los indicadores económicos anuncian que las perspectivas se ensombrecen cada vez más: reducción de la previsión de PIB, fuerte déficit de la balanza de pagos, aumento del paro muy por encima de los dos millones de trabajadores y estimaciones alarmantes en el sector de la construcción, IPC desbocado (4,6%), crisis del sector inmobiliario, altas hipotecas y reducción del crédito, caída del consumo, etc.

La nueva realidad política tras las elecciones generales no ayuda demasiado a afrontar la crisis: un PSOE en el gobierno con su deriva neoliberal, un PP crecido por los votos aunque tiene que gestionar su situación interna, un nacionalismo con un papel determinante en el Parlamento y una izquierda prácticamente desaparecida.

En este marco, y cuando no acabamos de salir de una reforma laboral (2006), los gurus neoliberales y la patronal española vuelven a la carga, con la estrategia del “disco rayado”, planteando nuevas reformas. Veamos.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha pedido un abaratamiento del coste de los despidos indefinidos (junio de 2007);
La secretaria de Política Económica y de Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, se une al Banco de España y “no ve mal que se pueda abaratar el despido”, siempre que patronal y sindicatos considere que es beneficiosa (junio de 2007);

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, apuesta por una nueva reforma laboral en 2008 “que flexibilice el mercado de trabajo” (julio de 2007). Curiosa la coincidencia de todos en el tiempo. Más curiosas aún las prisas, dado que se lanzan las propuestas, cuando la legislatura estaba técnicamente acabada y había elecciones generales en el horizonte. Vinieron, además, los organismos internacionales para insistir en los mismos planteamientos. .
Al inicio de la nueva legislatura, ya han aparecido las noticias y las voces demandando nuevas reformas laborales. Ahora, como otras veces, la excusa será las oscuras tendencias económicas. El objetivo, el de siempre: desmantelar el derecho del trabajo. La propuesta más tremenda es la realizada por Federico Durán (catedrático de derecho y socio del despacho de Garrigues) que, el día siguiente de las elecciones generales, critica el diálogo social por sus límites para reformar en profundidad el mercado de trabajo, critica al gobierno por conseguir reformas “cosméticas” y por defender el consenso entre los agentes sociales, y acaba proponiendo cuatro tremendas reformas: contratación aún más flexible y potenciación de las ETT`s; abaratar el despido colectivo; suprimir el carácter normativo y la “ultraactividad” de los convenios; y la ley de huelga. .

La estrategia, por conocida, no deja de ser eficaz: primero se bombardea machaconamente a través de los medios de comunicación de su necesidad, después se compromete a las partes sociales a la apertura de un proceso de “diálogo social” poco transparente donde casi todo está previsto en el guión, después de asusta a la parte sindical con posiciones maximalistas y con la amenaza de que si no hay acuerdo se legislará y, finalmente, se acaba suscribiendo un acuerdo que da otro paso más en la desregulación de las relaciones laborales. Eso sí, con gran apoyo mediático y editorialista sobre el gran sentido de la responsabilidad de los agentes sociales.

b) Un botón de muestra: la privatización de la enseñanza en la Comunidad de Madrid

Desde posiciones progresistas siempre se ha defendido la escuela pública porque es el único modelo educativo que asegura la gratuidad de la enseñanza obligatoria, la igualdad de oportunidades y la cohesión social; porque antepone los fines sociales y el bien común a los intereses individuales; considera la interculturalidad algo positivo; se basa en una enseñanza científica, humanística y laica; su profesorado es el mejor seleccionado, por mérito y capacidad, y su condición de funcionario evita que sean sometidos a presiones por intereses ocultos; es participativa porque al ser pública se exige el control de la ciudadanía; y, por último, no hace de la educación un negocio, por su propia naturaleza.

Pero los neoliberales no descansan en sus afanes de deteriorar y privatizar servicios esenciales como la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid (CM), que vive tiempos difíciles y su futuro está amenazado. Veamos los siguientes datos.

- El gasto educativo en al Comunidad de Madrid es de los más bajos del país, a pesar de estar a la cabeza en renta per cápita. Tan solo supone el 2,69% del PIB regional, frente al 4,31% de la media nacional.

- Se ha duplicado el presupuesto de la enseñanza privada concertada. Los datos son contundentes: de 2003 a 2008 la concertada ha incrementado un 91,5% los fondos públicos recibidos. Se han disparado las cesiones de suelo público para centros privados: más de 50 parcelas municipales, que suman más de un millón de metros cuadrados de terreno en los últimos seis años.

- Se privatizan directamente centros públicos como el colegio de El Álamo, Un centro construido sobre suelo público, con recursos públicos, con alumnos y profesores adscritos, que es sacado a subasta para ser entregado a una empresa particular asegurándoles un concierto. El efecto directo es el desequilibrio creciente ente la doble red educativa, en beneficio de la privada y privada concertada.

- Se hipoteca gravemente el futuro de la enseñanza pública: de cada 10 nuevos alumnos 8 van a la privada y privada concertada y sólo 2 a la pública. Mientras que en España 7 de cada 10 alumnos van a la pública. Entre los cursos 2002-03 y 2005-06, fueron 33.804 alumnos a la privada y 6.770 a la pública. Las tendencias para el futuro son tremendas.

- Se crean guetos en centros públicos. El 77,6% de los alumnos de origen inmigrante y el 80% del alumnado con necesidades educativas especiales se escolariza en la pública. Hay una falta de corresponsabilidad de la privada para atender al alumnado con dificultades.

El Gobierno Regional de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, ha dejado claras dos cosas: que no cejarán en su empeño de dinamitar la educación pública hasta degradarla y reducirla a la mínima expresión, y que está dispuesta a usar todos los medios para beneficiar los negocios privados. Para conseguir su objetivo de un proceso privatizador tan intenso, pretende asociar la imagen de enseñanza pública a fracaso escolar, problemas de convivencia, etc. No estamos ante un hecho puntual, es una pensada estrategia y nunca se había visto tanto atrevimiento y descaro en las privatizaciones. La victoria electoral cada vez más amplia de la derecha en la Comunidad de Madrid hace prever tiempos difíciles para lo público si no se combaten con la decidida movilización.

4. Posibles alternativas

Ante el panorama descrito es necesario construir alternativas, pero no es nada fácil hacerlo. Está claro que se debe de contar con mecanismos de regulación del mercado (existencia de leyes, normas, sanciones e instituciones), para que éste no funcione como la ley de la selva. Por otro lado, debe darse el control de los trabajadores y de los sindicatos. Pero actualmente no están funcionando estos mecanismos y cada vez son mayores las diferencias entre los derechos formales y los reales. Para impedir un mayor deterioro del mercado de trabajo y de los servicios públicos e intentar invertir la situación, se apuntan algunos ejes de actuación:

a) Denunciar la situación y oponerse a las nuevas agresiones al derecho del trabajo y a los servicios públicos. No es asumible soportar el déficit laboral existente. El paro sigue siendo la mayor preocupación de los ciudadanos y lo será más en la medida en que la crisis avance. El paro y esa situación de inseguridad de los contratos precarios, que supone estar con un pié en el trabajo y otro en la calle. Estamos hablando del orden de más de 8 millones de personas (entre 2 de parados, 5 de precarios, falsos autónomos, economía sumergida...). Y, claro, trabajo precario es vida precaria y porque el trabajo puede dar dignidad sólo si es decente y la persona que lo presta es tratada dignamente. Resistencia que debe darse en el ámbito mundial, europeo y nacional: los ejemplos de la paralización de AMI, el frenazo al AGCS, la modificación de la directiva Bolkestein o la derrota de la constitución europea es el camino a seguir, sin bajar la guardia en ningún momento por la recurrencia de los ataques..

b) Formular propuestas progresistas. Hay capacidad para ello. Para construir un proyecto alternativo de medio alcance, es perfectamente posible elaborar propuestas para un orden internacional más justo, que acabe con la deuda externa y con el intercambio desigual y que desarrolle la globalización de los derechos; un proyecto de construcción europea solidario, que defienda su modelo social, basado en el bienestar general y que frene las políticas neoliberales desreguladoras; la solidaridad con los oprimidos y la lucha contra la pobreza y la exclusión; .y el compromiso activo contra el deterioro medioambiental.

Por ejemplo, ante el debate en España sobre la flexiseguridad, hay que decir que si realmente se quiere preservar el modelo social europeo para abordar estrategias de flexiguridad que favorezcan un nivel elevado de empleo de calidad es imprescindible:

Que las políticas macroeconómicas se colocan al servicio de la creación de empleo de calidad.
Sistemas públicos de protección social universal que aseguren el acceso a unos servicios de calidad (educación, sanidad, servicios sociales) y a unas prestaciones suficientes (pensiones, protección ante el desempleo).
Unos servicios públicos de empleo de calidad, eficaces y con recursos.
Políticas fiscales adecuadas para sostener el modelo social europeo. Necesitamos tener políticas fiscales suficientes en el conjunto de los países miembros de la UE, y armonizadas entre sí, que posibiliten los ingresos necesarios, frente a la tendencia de desfiscalización de las rentas seguida en algunos países.
La participación activa de los interlocutores sociales y la negociación colectiva como instrumento central para regular y reformar los sistemas de protección social, los mercados laborales, y, en último término, la adaptabilidad de los trabajadores. Un sistema global público de formación profesional y aprendizaje permanente que permita la adaptabilidad de los trabajadores para mantener y acceder al empleo
Una mayor inversión en educación y formación, garantizando una educación de calidad. Fuertes inversiones en I+D+i y en tecnologías de la información.
Una verdadera política industrial a nivel europeo.
Garantizar los derechos de la población trabajadora en todo tipo de contrato y una aplicación efectiva de la legislación laboral, incluida la lucha contra el trabajo no declarado, reforzando el papel de las inspecciones de trabajo.
Asegurar la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Combatir cualquier forma de discriminación en el mercado de trabajo con el fin de fomentar la cohesión social y desarrollar iniciativas legislativas para conciliar la vida familiar y profesional

Todas estas propuestas y alternativas deben de darse desde un enfoque sistémico, ya que el derecho del trabajo es parte de un sistema y las modificaciones que se produzca tienen consecuencias e interrelaciones con otros elementos del sistema. Algo que no se ha tenido en cuenta en las reformas laborales realizadas ni en las propuestas de exportar medidas de flexiseguridad de unos países a otros.

Pero estas propuestas sólo serán posible con un planteamiento sindical distinto ante las negociaciones y con un fuerte proceso de movilizaciones que acompañe a las propuestas sindicales. En este sentido hay que considerar algunos procedimientos básicos para modificar la estrategia sindical ante la negociación. Así, por ejemplo, se necesita mucha transparencia. Las negociaciones deben de ser con luz y taquígrafos, sin secretismos ni falta de información al conjunto del sindicato y a la opinión pública (única forma de que los trabajadores se enteren de lo que se ventila y afecta a sus intereses).

c) Mejorar la relación de fuerzas. Es la cuestión fundamental, ya que las relaciones laborales son una cuestión de relaciones de poder. Para ello es preciso rearmar ideológicamente a la izquierda y a los trabajadores, desde la crítica a las políticas neoliberales, hasta la recuperación del sentido de la política en su dimensión más noble: el pensamiento y la acción política con un afán emancipatorio. La movilización y la profundización de la democracia en todos los terrenos (debate, participación y toma de decisiones), son mecanismos imprescindibles para poner en pié el enorme movimiento que se necesita para enfrentarse con el capitalismo global.

Además es necesario cambiar la estrategia política y la situación interna y el punto de vista de los sindicatos. Hasta ahora ha predominado la actitud defensiva. Por lo general, la iniciativa no ha sido de los sindicatos, sino de la patronal y de los gobiernos. También habría que desarrollar una política de alianzas con los movimientos sociales, antiglobalización y recuperar la movilización como una herramienta para el avance social. En coherencia hay que reconocer la pluralidad y la unidad interna del sindicato como algo necesario, enriquecedor y respetado. Para que cuaje esta estrategia es necesario recuperar la inteligencia de la supervivencia política

Por último, debe de jugar un papel fundamental la acción sindical globalizada, basada en la formulación de alternativas, en las movilizaciones supranacionales, que desarrolle la negociación en el ámbito europeo y mundial, poniendo en marcha mecanismos de coordinación y de solidaridad. Globalizar la acción sindical y la acción política para globalizar los derechos y frenar al neoliberalismo.

d) La regeneración como tarea de futuro. No hay que olvidar que la situación de desmovilización de los trabajadores y el avance de las políticas neoliberales, suponen obstáculos para el giro a la izquierda que necesita este país. No obstante, a pesar de las dificultades reales, la necesidad de otra política y otra acción sindical firme, combativa y democrática, se puede acabar abriendo camino.

Mucho más complicado será construir un modelo sindical y una estrategia política que nos permita estar a la altura de las circunstancias en el siglo que acaba de empezar. Para ello hace falta mantener unos sólidos principios y no moverse de ellos aunque, metafóricamente, nos disparen. Pero también hace falta algo tan sencillo y tan difícil a la vez como el de tener la humildad de redescubrir lo elemental: la utilidad del sindicato igual que en los comienzos, para quienes están obligados a enfrentarse en total soledad a un mercado de trabajo irascible y convertido en una jungla. Estando así las cosas, la tarea de fortalecer el sindicalismo de clase -y con ello a la izquierda- requiere un esfuerzo de titanes. En ella, deberían de participar la mayoría de los militantes sindicales, empezando por los que están y tienen más conciencia política de la situación, recuperando a los que se han ido y, sobre todo, incorporando a los sectores más jóvenes del mundo del trabajo. Las cosas están difíciles, como en todos los tiempos, y nos espera un largo camino. Pero cualquier largo viaje comienza con tan solo un paso y se puede recorrer siempre que haya quienes quieran emprenderlo y tengan la firme determinación de luchar por la emancipación y por no ser ni precarios ni sumisos. No nos queda más remedio que ser optimistas, aunque solo sea porque un optimista es una persona que tiene un proyecto, mientras que un pesimista no tiene más que excusas para no hacer nada. Como decía Primo Levi, ser pesimista es darse por vencido y dejarse llevar hacia el desastre. Y como el riesgo de desastre existe, el único remedio es remangarse y entrar en combate para impedirlo.