jueves, 27 de marzo de 2014

22-M: “Las acusaciones de Cifuentes demuestran que el miedo está cambiando de bando”


ALEJANDRO TORRÚS
 cuartopoder.es

gines“El miedo está cambiando de bando”. Este es el principal motivo que encuentra Ginés Fernández, portavoz de Frente Cívico-Somos Mayoría y miembro de la coordinadora estatal de la Marcha de la Dignidad, para comprender por qué la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, anunció ayer la apertura de “un expediente sancionador hasta el máximo legal que permite la ley con sanciones económicas importantes” a los organizadores de las Marcha de la Dignidad del pasado sábado 22 de marzo.
“Las acusaciones de Cifuentes demuestran que, como dicen Los Chikos del Maíz, el grupo de rap, el miedo está cambiando de bando. La delegada del Gobierno y el Gobierno están intentando acallar una protesta tan masiva e importante como esta que ha conseguido reunir en Madrid a gente de todos los territorios del Estado con unos motivos muy concretos: No al pago de la deuda; Pan, techo y trabajo; y ni un recorte más”, explica a cuartopoder.es Ginés Fernández.

Ginés Fernández, que ha estado reunido durante más de cinco horas con el resto de miembros que conforman la coordinadora estatal de la Marcha antes de salir a Murcia, asegura que “la impresión que tienen desde dentro” es que los disturbios estuvieron provocados por “unos infiltrados”. “Nosotros hemos venido desde nuestros territorios a cara descubierta y estamos tratando de comprobar que quién realiza la acción inicial son los mismos que aquellos que dijeron que eran compañeros”, asegura.
Preguntado por cuartopoder.es sobre la participación de ciudadanos en los disturbios, sean o no los que iniciaron los mismos, Fernández ha considerado que “ningún manifestante agredió a ningún policía”. “No hay ningún argumentos sustancial que sirva para defender eso”, asegura Fernández, que considera que si Cifuentes tenía información de que había “violentos” infiltrados en las Marchas, tal y como señala, “podría haberlo evitado”.
Dejación de funciones
La acusación de Cifuentes para sustentar la apertura de un expediente sancionador se basa en el supuesto “incumplimiento de la ley” de los organizadores, ya que son estos los “que tienen que garantizar y responsabilizarse del buen orden y del discurrir de la misma”, y lque a Policía “está para ayudar”, pero no para “suplir” esta responsabilidad “porque la ley” así lo establece.
En opinión de Fernández, por contra, es Delegación del Gobierno quien tiene que realizar esta función. “Teníamos entendido que quien tiene que garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los manifestantes es el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno”, ha apuntado el miembro de la coordinadora estatal de la Marcha de la Dignidad, que ha añadido que “más que una dejación de funciones”, Cifuentes lo que quiere es “intoxicar y manipular a la opinión pública” sobre lo sucedido el sábado por la noche.
“Vamos a esperar a ver en qué se concreta este anuncio. No sé si tendrá viabilidad judicial,pero demuestra que el Gobierno está preocupados por la continuidad de la Marcha y que se puedan seguir planteando acciones que demuestren que no se puede seguir empobreciendo al pueblo quitándole los derechos”, afirma Fernández.
Nuevas acciones en abril
Fernández también ha señalado que el calendario de acciones de la coordinadora estatal de la Marcha ya ha terminado y que, a partir de ahora, cada nudo hará acciones en sus territorios de origen. “Las movilizaciones continuarán en los territorios. Durante todo el trayecto, de camino a Madrid, se ha ido creado una organización por los sitios por donde han ido pasando las columnas y ahora hay que consolidar esa organización”, señala el portavoz de Frente Cívico-Somos Mayoría, que afirma que la Marcha de la Dignidad ya “está pensando en alguna acción para finales de abril”.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Se ha demostrado que hay una elevadísima cantidad de ciudadanos en contra de las acciones del Estado. Todo ello mientras se habla de que existe democracia...

Respecto a los disturbios, los cuales no deben ser el tema principal de conversación, dada la masiva afluencia de la manifestación y las proclamas de la misma.
Decir lo siguiente:

1) Son las FSE las que deben asegurar la seguridad tanto de los ciudadanos como de ellos mismos. No son los organizadores de la concentración los que deben aseguarla por lo siguiente:
1.1) No poseen los medios de los que dispone el Estado para el uso de la fuerza, sean economico-financieros, sean tecnicos, humanos o formativos. NI tienen el deber de tenerlos.
1.2) Son los altos cargos de dichas Fuerzas los que se vanaglorian y se jactan de poseer el derecho exclusivo y unilateral del uso de la fuerza. (Cosa que es igualmente falsa) Son ellos los que están, consecuentemente, capacitados para el control de los posibles altercados.
2) El Gobierno y el Estado poseen intereses en que la población no defienda sus derechos. De modo que puedan esquilmarles sin que estos primeros no hagan absolutamente nada.
No es de extrañar que las propias FSE hayan participado de las agresiones y la incitación para provocar altercados premeditadamente y con alevosia donde antes no los había, lo que supone un delito al orden público, destrucción de moviliario urbano y transgresión del derecho a manifestación de la ciudadanía.
3) El Estado y sus órganos e instituciones no tienen derecho a alegar que existen para mantener la seguridad ciudadana y, por el contrario, no hacerlo cuando su actuación es un completo fracaso, con el único fín de no afrontar sus responsabilidades. Máxime cuando a sido, ciertamente, lo contrario.
Por consiguiente, esos dos millones de ciudadanos deberían presentar una querella contra la "señora" Cifuentes y su función por dejación de funciones y homicidio involuntario de algunos agentes y manifestantes (recordamos la reciente lesión craneoencefálica grave de una señora por estár manifestandose pacíficamente delante de los diputados del PP) por derivación de la misma.
Por si esto fuera poco, es esta impresentable la que dice querer imputar a los coordinadores de la manifestación cuando ha sido su completa estupidez e ineptitud, en el mejor de los casos posibles, en la gestión de sus funciones la que ha permitido un conlicto que nada tiene que ver con la manifestación y sus manifestantes, así como la tónica general de la misma manifestación.
El mundo al reves.