Fuente: El Día de Córdoba
Los 116 trabajadores contratados por Sadeco dentro la primera fase de su
plan de inclusión social consideran sus condiciones "indignantes y
lamentables". Así lo expresó ayer el portavoz del Colectivo de Riesgo de
Exclusión Social, Antonio Rubio, en una rueda de prensa convocada por
Stop Desahucios, en la que estuvo acompañado de un grupo de compañeros
que empezaron a trabajar ayer desarrollando trabajos de limpieza en
distintos barrios de Córdoba.
Según Rubio, los 116 trabajadores afectados por estas
condiciones -500 euros por seis días de trabajo a la semana, con una
jornada de cinco horas al día- quedaron fuera del programa de inclusión
de 2013, con el que el Ayuntamiento prometió dar trabajo a 900
individuos para finalmente excluir de la lista a estos más de cien
trabajadores. Así, la "recompensa" para ellos ha sido entrar los
primeros en el plan de este año, pero con una modificación de las
condiciones que consideran "un engaño". "Si la anterior situación, con
un sueldo de 700 euros por cinco días a la semana de trabajo, era
precaria", criticó, "la de ahora es penosa".
Asimismo, Rubio resaltó que el anuncio del Ayuntamiento sobre
este plan de insersión social preveía un presupuesto de 232.000 euros
para los primeros 116 contratos, una cifra que supondría un sueldo de
1.000 euros por mes trabajado para cada uno de los empleados. Al
respecto, Rubio aseguró que, en un reciente encuentro con el alcalde,
este le aseguró que de esa cuantía "500 euros se iban en concepto de
contratación" y "para pagar la Seguridad Social". Para los trabajadores
afectados por estas condiciones esto es prueba de que "el alcalde miente
y no cuida ni respeta a su pueblo".
Así, con las actuales condiciones que Sadeco les ofrece, los
empleados afectados por este plan cobrarán 500 euros al mes hasta el 6
de octubre. "Con 500 euros no se puede vivir", aseguró el portavoz, "con
una hipoteca de 300 euros, facturas pendientes y manteniendo a cuatro
personas". El caso se complica aún más para aquellos trabajadores que
proceden de otros municipios y se ven obligados a pagar el transporte
hasta la zona adjudicada. Unas condiciones que, aseguran los
trabajadores, se ven obligados a aceptar porque "no tienen para comer".
En este sentido, reclaman "dignidad para la gente que lo necesita", ya
que el plan de inclusión va dirigido precisamente a personas en riesgo
de exclusión y pobreza.
La segunda fase de este plan arrancará el 1 de octubre e
incluirá ocho grupos de trabajo entre los que se repartirán 354
personas. El presupuesto es de 708.000 euros y se profundizará en la
limpieza de contenedores y papeleras, se retirarán pintadas y cartelería
y se actuará con especial interés en los entornos de los centros
escolares.
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