Imagen: El motín.Periódico satírico semanal( nº 5, febrero1883)
Aureliano
Sáinz Martín
Profesor
universitario
y
miembro de Córdoba Laica
Existe
una creencia muy extendida en la población española en el sentido
de que los bienes patrimoniales inmobiliarios en los que se celebran
culto son de la Iglesia por el mero hecho de llevarse a cabo en ellos
ceremonias religiosas, sin que uno se detenga a pensar que
posiblemente sean patrimonio público, es decir, de todos. Este
pensamiento tan común en nuestro país se diferencia bastante de
otros de nuestro entorno europeo, en el que están perfectamente
deslindadas las propiedades públicas y las eclesiásticas, así como
las funciones que se ejercen en ellos.
Posiblemente
esta idea hunda sus raíces históricas en el encuentro que se ha
dado a lo largo de los siglos entre el poder político y el poder
religioso en nuestro país, puesto que la fusión ha sido tan grande
que todavía arrastramos las consecuencias de esa vinculación entre
Estado e Iglesia católica.
No es de extrañar que los casi cuarenta
años vividos en la dictadura franquista la religión católica fuera
la del propio Estado, por lo que esa herencia pervive en gran medida,
y eso a pesar que de que en la actualidad en la Constitución de
1978, en el artículo 16, reconozca al Estado español como
‘aconfesional’, aunque se cita de manera concreta la cooperación
con la Iglesia católica.
Si
saltamos a la actualidad, vienen bien los párrafos anteriores ya que
sirven de breve preámbulo para hablar de la finalización de las
obras de restauración de una parte significativa del Palacio de la
Merced y de su futuro uso, inmueble en el que se encuentran ubicadas
todas las dependencias de la Diputación Provincial de Córdoba. La
parte a la que me refiero se trata de la Iglesia cuya fachada mira a
la Plaza de Colón.
Ese bello edificio
del barroco andaluz es un conjunto unitario, con distintas
dependencias interconectadas entre ellas. Tras su creación sufrió
numerosos cambios, hasta que en el siglo XVIII es convento de las
Mercedarias, llegando en 1850 a transformarse en hospicio.
Aproximadamente un siglo más tarde, en el año 1960, pasó a ser un
edificio público al convertirse en la sede de la Diputación
Provincial de Córdoba, de modo que las intervenciones del arquitecto
Rafael de la Hoz Arderius ultimaron la fisionomía actual que todos
conocemos.
Recordemos, también,
que un violento incendio en enero de 1978 arrasa gran parte del
interior del templo, con graves destrozos en su retablo mayor. En
esos dieciocho años, ya como Diputación, esa parte del Palacio de
la Merced se había destinado al culto, función que se encuentra en
esa línea de no diferenciación de lo público y lo privado,
especialmente con la Iglesia católica, y que se había mantenido a
lo largo de la dictadura.
A
final de ese mismo año en el que se produce el incendio, es decir,
en diciembre de 1978, se aprueba la Constitución vigente en la que,
como hemos indicado, se reconoce la aconfesionalidad del Estado.
Acorde con ello, lo más razonable es que la rehabilitación llevada
a cabo en esa parte del Palacio de la Merced, puesto que es
patrimonio público, tuviera en su totalidad una función destinada a
todos, puesto que con el dinero de todos se ha realizado la
restauración y se mantendrá su conservación.
Pues bien, parece
que no, que vuelve a destinarse al culto y que no va a ser de uso
público, a pesar de las recientes declaraciones de la actual
presidenta de la Diputación en las que nos decía que
“será un espacio religioso, pero fundamentalmente cultural y para
disfrutar los cordobeses desde un punto de vista musical, turístico
–como un espacio para conferencias-, un lugar para la ciudadanía
de Córdoba”.
Lo
cierto, tal como hemos podido comprobar, es que será un lugar
destinado al culto y, más aún, convertido en una parroquia de la
Diócesis de Córdoba. Y si hay “actividades culturales”, serán
ligadas a su función religiosa.
Esto
que afirmo se debió pensar desde el primer momento, pues cuando se
inician unas restauraciones se planifican basándose en la finalidad
que vaya a tener tanto el espacio rehabilitado como los elementos que
lo configuran.
Y
para que no quede duda de lo indicado, en uno de los laterales del
interior puede leerse un texto pintado a modo de fresco dentro de una
forma ovalada y en letras mayúsculas: “Tras varios años de
rehabilitación fue devuelta al culto bajo el patrocinio de la
Diputación de Córdoba en diciembre de 2014”. ¡Totalmente claro y
sin medias tintas!
Tan
claro como que todos sabemos que la palabra “devolución”
significa entregar a los antiguos propietarios o usuarios porque,
supuestamente, ya tenían derechos adquiridos sobre ese espacio.
A
ello tenemos que añadir que en la página web de la Diócesis de
Córdoba está registrada como Parroquia de Nuestra Señora de la
Merced, con los dos sacerdotes encargados de la misma, así como el
horario de las misas a lo largo de la semana.
Nos
encontramos, pues, ante un nuevo atropello sobre los bienes inmuebles
patrimoniales públicos con el beneplácito de la Diputación
Provincial, cuyos miembros no deben saber que los diez millones de
euros invertidos en la restauración han salido de los impuestos que
hemos pagados entre todos, para que sea en beneficio del pueblo; no
para que se haga uso privado de un espacio del Palacio de la Merced
al ser convertido en una parroquia bajo las directrices del señor
obispo de Córdoba.
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