martes, 30 de diciembre de 2014

Córdoba:Sobre la restauración de la Iglesia de la Merced

                                                  Imagen: El motín.Periódico satírico semanal( nº 5,  febrero1883)

Aureliano Sáinz Martín
Profesor universitario
y miembro de Córdoba Laica
    Existe una creencia muy extendida en la población española en el sentido de que los bienes patrimoniales inmobiliarios en los que se celebran culto son de la Iglesia por el mero hecho de llevarse a cabo en ellos ceremonias religiosas, sin que uno se detenga a pensar que posiblemente sean patrimonio público, es decir, de todos. Este pensamiento tan común en nuestro país se diferencia bastante de otros de nuestro entorno europeo, en el que están perfectamente deslindadas las propiedades públicas y las eclesiásticas, así como las funciones que se ejercen en ellos.
     Posiblemente esta idea hunda sus raíces históricas en el encuentro que se ha dado a lo largo de los siglos entre el poder político y el poder religioso en nuestro país, puesto que la fusión ha sido tan grande que todavía arrastramos las consecuencias de esa vinculación entre Estado e Iglesia católica.      
    No es de extrañar que los casi cuarenta años vividos en la dictadura franquista la religión católica fuera la del propio Estado, por lo que esa herencia pervive en gran medida, y eso a pesar que de que en la actualidad en la Constitución de 1978, en el artículo 16, reconozca al Estado español como ‘aconfesional’, aunque se cita de manera concreta la cooperación con la Iglesia católica.
    Si saltamos a la actualidad, vienen bien los párrafos anteriores ya que sirven de breve preámbulo para hablar de la finalización de las obras de restauración de una parte significativa del Palacio de la Merced y de su futuro uso, inmueble en el que se encuentran ubicadas todas las dependencias de la Diputación Provincial de Córdoba. La parte a la que me refiero se trata de la Iglesia cuya fachada mira a la Plaza de Colón.

    Ese bello edificio del barroco andaluz es un conjunto unitario, con distintas dependencias interconectadas entre ellas. Tras su creación sufrió numerosos cambios, hasta que en el siglo XVIII es convento de las Mercedarias, llegando en 1850 a transformarse en hospicio. Aproximadamente un siglo más tarde, en el año 1960, pasó a ser un edificio público al convertirse en la sede de la Diputación Provincial de Córdoba, de modo que las intervenciones del arquitecto Rafael de la Hoz Arderius ultimaron la fisionomía actual que todos conocemos.
    Recordemos, también, que un violento incendio en enero de 1978 arrasa gran parte del interior del templo, con graves destrozos en su retablo mayor. En esos dieciocho años, ya como Diputación, esa parte del Palacio de la Merced se había destinado al culto, función que se encuentra en esa línea de no diferenciación de lo público y lo privado, especialmente con la Iglesia católica, y que se había mantenido a lo largo de la dictadura.
     A final de ese mismo año en el que se produce el incendio, es decir, en diciembre de 1978, se aprueba la Constitución vigente en la que, como hemos indicado, se reconoce la aconfesionalidad del Estado. Acorde con ello, lo más razonable es que la rehabilitación llevada a cabo en esa parte del Palacio de la Merced, puesto que es patrimonio público, tuviera en su totalidad una función destinada a todos, puesto que con el dinero de todos se ha realizado la restauración y se mantendrá su conservación.
     Pues bien, parece que no, que vuelve a destinarse al culto y que no va a ser de uso público, a pesar de las recientes declaraciones de la actual presidenta de la Diputación en las que nos decía que “será un espacio religioso, pero fundamentalmente cultural y para disfrutar los cordobeses desde un punto de vista musical, turístico –como un espacio para conferencias-, un lugar para la ciudadanía de Córdoba”.
     Lo cierto, tal como hemos podido comprobar, es que será un lugar destinado al culto y, más aún, convertido en una parroquia de la Diócesis de Córdoba. Y si hay “actividades culturales”, serán ligadas a su función religiosa.
    Esto que afirmo se debió pensar desde el primer momento, pues cuando se inician unas restauraciones se planifican basándose en la finalidad que vaya a tener tanto el espacio rehabilitado como los elementos que lo configuran.
     Y para que no quede duda de lo indicado, en uno de los laterales del interior puede leerse un texto pintado a modo de fresco dentro de una forma ovalada y en letras mayúsculas: “Tras varios años de rehabilitación fue devuelta al culto bajo el patrocinio de la Diputación de Córdoba en diciembre de 2014”. ¡Totalmente claro y sin medias tintas!
     Tan claro como que todos sabemos que la palabra “devolución” significa entregar a los antiguos propietarios o usuarios porque, supuestamente, ya tenían derechos adquiridos sobre ese espacio.
A ello tenemos que añadir que en la página web de la Diócesis de Córdoba está registrada como Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, con los dos sacerdotes encargados de la misma, así como el horario de las misas a lo largo de la semana.
     Nos encontramos, pues, ante un nuevo atropello sobre los bienes inmuebles patrimoniales públicos con el beneplácito de la Diputación Provincial, cuyos miembros no deben saber que los diez millones de euros invertidos en la restauración han salido de los impuestos que hemos pagados entre todos, para que sea en beneficio del pueblo; no para que se haga uso privado de un espacio del Palacio de la Merced al ser convertido en una parroquia bajo las directrices del señor obispo de Córdoba.