Siete años de crisis financiera y sistémica han provocado y siguen
provocando un deterioro continuo de las condiciones de vida de la
mayoría social: la pérdida salarial de los trabajadores supone más del
25% de su salario, tres millones de parados no reciben ninguna
prestación, el 36% de los sueldos son menores o iguales al salario
mínimo de 648€, la precarización es general entre los jóvenes, el 30% de
las personas viven en la pobreza y en riesgo de exclusión social,
etc.; la lista es interminable.
Ante esta situación, hay algo que no debemos tolerar y es que las
políticas de recortes de los gobiernos del bipartidismo, emanadas de la
Troika, deterioren las condiciones de vida y la salud de los ciudadanos
más desprotegidos.
El Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, modificó sustancialmente
las características de nuestro sistema sanitario, convirtiendo en falso
el carácter de público, universal y gratuito reconocido por la
Constitución. Desde entonces se han multiplicado los casos de falta de
atención sanitaria y de imposibilidad de acceso a un tratamiento médico
en nuestro país. En los últimos días estamos asistiendo a la
movilización de los pacientes afectados por Hepatitis C, que solicitan
la financiación pública necesaria para poder acceder a los nuevos
tratamientos antivirales que han aparecido en el mercado.
Desde el Frente Cívico “Somos Mayoría” apoyamos la necesidad de una
atención urgente y adecuada a estos enfermos, lo que debería ser una
prioridad para cualquier gobierno, pero también queremos recordar que
las luchas aisladas no deben alejarse del objetivo de construir una
sociedad distinta que responda a todas las necesidades de su ciudadanía.
En primer lugar, y como es obvio, la responsabilidad de un sistema
sanitario público, universal y gratuito debe ser garantizar los mejores
niveles de salud posibles a la población y ello requiere posibilitar el
acceso a los tratamientos adecuados. En este caso nos encontramos ante
la negación del acceso a un fármaco a un amplio grupo de pacientes de
Hepatitis C, hecho especialmente grave al ser una enfermedad que afecta a
unas 900.000 personas en nuestro país. Se trata de la primera oleada de
unos medicamentos antivirales de acción directa que suponen un enorme
avance en el tratamiento de la Hepatitis C pero que deben completar aún
un proceso riguroso que mida su efectividad y seguridad. Como suele
ocurrir, la mayor eficacia de los nuevos fármacos va unida a un alto
precio, debido al mantenimiento de un sistema de patentes que posibilita
el monopolio de las empresas farmacéuticas sobre los productos, sin
reparar en el conocimiento común aprovechado detrás del desarrollo de un
medicamento ni en que se potencia la investigación solo hacia los
campos donde hay mayor rentabilidad comercial. Abordar los problemas en
la financiación de un fármaco sin cuestionar este modelo es inútil ya
que el problema se repetirá en próximas ocasiones.
En segundo lugar, no debemos obviar que los principios para la toma
de decisiones en materia de prestaciones sanitarias deben ser médicos
por lo que no se puede permitir que poblaciones de pacientes con
distintas patologías entren en conflicto en este momento de imposición
de recortes sociales y sanitarios ni que sean instrumentalizados
políticamente con propuestas cortoplacistas que excluyen criterios
médicos, como la dispensación universal o por “vía judicial”.
Es imprescindible la inclusión de toda la ciudadanía en la toma de
decisiones sanitarias pero siempre por la vía de velar por el
cumplimiento de sus derechos por parte de los poderes públicos, como
sería hacer realidad los acuerdos sobre Salud Pública que la
Organización Mundial de Comercio firmó en Doha en 2001 y que permitían
el acceso genérico a las nuevas patentes. Además, la responsabilidad del
Estado alcanza también aspectos imprescindibles para generar beneficios
en la salud de la población, como asegurar una dieta adecuada,
proporcionar una vivienda digna, un medio ambiente en óptimas
condiciones, etc. y hemos de exigir su cumplimiento.
Desde el FCSM apoyamos los encierros que los enfermos de
Hepatitis C y su Plataforma, la PLAFHC, mantienen desde el pasado 18 de
diciembre, tanto en el Hospital Doce de Octubre de Madrid como en otras
provincias, en demanda de su reivindicación. En numerosas localidades se preparan acciones, encierros, asambleas, actos, y marchas para el próximo sábado 10 enero.
Estamos en año electoral, clave para impedir en el futuro las
políticas de recortes del bipartidismo. El gobierno tiene los pies de
barro ante esta proximidad, por lo que más que nunca hay que denunciar
con la máxima fuerza en la calle las políticas de recortes y sus
consecuencias.
El FCSM hace un llamamiento a secundar el sábado 10 enero la Marcha
al Palacio de la Moncloa, a fin de entregar al presidente del gobierno
la exigencia de que el Ministerio de Sanidad haga efectivo el
tratamiento y suministre los fármacos de última generación que prolongan
la vida de estos pacientes. Asimismo, apoyamos todas las movilizaciones
que se planteen en el futuro para conseguir estos objetivos.
¡¡ TODOS EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA!!
¡¡ TRATAMIENTO URGENTE A LOS ENFERMOS DE HEPATITIS C!!
¡¡ DIA 10 ENERO, MARCHA –MANIFESTACIÓN LEGAZPI 10h – PALACIO MONCLOA!!
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