DERECHO A LA VIVIENDA. PASEMOS A LA PROPUESTA Y A LA ACCIÓN EN SU DEFENSA.

Manuel Delgado
FCSM

   

    La situación actual del derecho a la vivienda es fruto de los delitos cometidos por GOBIERNOS DELINCUENTES, gracias a parlamentos cómplices y a tribunales dependientes. El sistema carece de ética, pero también es ilegal.

Va más allá de incumplir, en la acción de los poderes públicos, los mandatos constitucionales de no salvaguardar el derecho que reconoce el artículo 47 C.E., de desconocer el artículo 128 de los principios del Título VII de la Constitución Española. La fiel plasmación combinada de sus dictados, hubiese exigido, por ejemplo, la implantación de un impuesto a la vivienda desocupada, como norma más liviana, gravando la acumulación de un bien de primera necesidad. Pero los reproches hoy son mucho mayores.

Los gobiernos de España han impedido la efectividad de la Directiva 93/13 durante 20 años. Aún hoy la casta lacaya del capital financiero sigue impidiendo la aplicación de las normas y la jurisprudencia europea de protección de los consumidores españoles ante las cláusulas abusivas en los contratos no negociados individualmente. Es un hecho, por ejemplo, que, aunque las normas exigen al juez nacional que examine de oficio su existencia, es decir que actúe de oficio no admitiendo las demandas en base a contratos que las contengan pues son nulas y no pueden vincular a las partes del contrato, ni siquiera las familias españolas han podido oponer su existencia y amparar sus derechos ante los abusos de los bancos en la contratación hipotecaria, hasta la sentencia del caso Aziz, el 14 de marzo de 2013.

Los gobiernos de España, desde 1993 hasta la fecha, han violado la legalidad y los derechos reconocidos por la legislación imperativa de la UE, y esa actuación ha causado daños irreversibles a cientos de miles de familias hipotecadas, al impedir "de manera intencionada y contumaz" que existan y se usen medios efectivos contra los abusos en la contratación. 

Actuar en contra de la ley de manera reiterada y permanente, causar directamente los daños irreparables que derivan de una injusticia evidente y arbitraria, teniendo que ser el TJUE quien obligue a modificar en dos ocasiones la Ley de enjuiciamiento civil, pero evitando que las reformas produzcan todos los efectos que, en protección de los derechos de la ciudadanía, de ellas se desprenden, y todo ello, sin que sea posible oponer excusa alguna en la ignorancia, es decir, adoptar decisiones injustas "a sabiendas", es prevaricar.

Hasta ahora algunos jueces y juristas han mantenido que podría ser viable y justo que las familias afectadas exigieran responsabilidades patrimoniales al Estado por el anormal funcionamiento de nuestra administración, afectando a los tres poderes del Estado. Incluso el Tribunal Constitucional declaró, primero que nuestras normas eran correctas constitucionalmente, y validó la reforma introducida por la ley 1/2013, que aunque permitió a la parte ejecutada oponer la existencia de cláusulas abusivas, impedía recurrir las decisiones del juez de primera instancia si decidía que no eran abusivas, mientras permitía al banco recurrir si se declaraba lo contrario. Ambas normas han tenido que ser expulsadas del ordenamiento jurídico por el TJUE, en sentencias que como las normas europeas que le han servido de soporte, están por encima en la jerarquía normativa. La sentencia del caso Morcillo de julio pasado lo deja meridiano.

Una tercera sentencia a raíz de una cuestión planteada al TJUE por el juez Manuel Ruiz de Lara, sobre lo dispuesto en la misma ley 1/2013 en relación a los intereses de demora que esta ley permite moderar a tres veces el interés legal, aún habiendo sido declarada abusiva la cláusula que contenía un interés mayor, ha venido a confirmar que esa moderación e integración de lo abusivo, se opone a la Directiva 93/2013. Lo abusivo no puede producir efecto alguno.

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Aún así, la norma ilegar se sigue aplicando en los juzgados españoles y son más las cuestiones que se plantean a los jueces con la esperanza de que algunos lo suban a la consideración del TJUE. ¿Tenemos que sufrir normas que vulneran otras superiores? ¿Tenemos que sufrir decisiones de jueces que no aplican el derecho comunitario amparados en las violaciones del mismo por el poder ejecutivo y legislativo?. ¿Constituye esta actuación de los gobiernos, parlamentos y tribunales, un delito de prevaricación? ¿No es el recurso a la jurisdicción penal una opción legítima para contestar a la denegación de la tutela judicial que solo tribunales extranjeros nos conceden?.

Somos muchos los juristas que, aunque sin abordar el tema penal, coincidíamos en que según la Directiva, toda cláusula abusiva de un contrato que no ha sido negociado, no puede tener ningún efecto, es decir, tiene que ser expulsada del contrato. Según toda la jurisprudencia del TJUE, se debe hacer DE OFICIO, DESDE QUE EL JUEZ TENGA TODOS LOS ELEMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA HACERLO. 

Pues bien, en España no se podía hacer ni pidiéndolo la parte ejecutada, hasta la sentencia del caso Aziz. Se modificó la ley para que pudiese alegar por las partes en oposición a la ejecución, pero se impedía recurrir en apelación, salvo al banco si perdía. Una nueva sentencia del TJUE, en el caso Morcillo, en Julio pasado, dijo que eso era contrario a la Directiva. Nuevamente se ha modificado la ley para permitirlo, pero con nuevas limitaciones que vulneran los principios de efectividad y de equivalencia. De hecho, no se ha notificado esa posibilidad a los afectados, se publicó un sábado en el BOE dando solo un mes para apelar, dentro de una disposición que modificaba la Ley Concursal. 

Tenemos que enfrentar, desde sus propias leyes, al sistema, a sus gobiernos lacayos, esos que no aplican las normas europeas que protegen derechos, mientras son los primeros de la clase y modifican hasta la Constitución para que se garanticen los intereses de la Banca criminal.

 
Para mi la prevaricación es de libro, estamos ante el delito ocasionado desde el poder, de mayores consecuencias y para más ciudadanos que ninguno de los que tengamos memoria. Si han prevaricado, que el Tribunal Supremo se vea ante la tesitura de no aplicar el Código Penal al que delinque causando tanto daño, dejando a las claras, palmario, que no existe la división de poderes, que la Constitución es un hiriente sarcasmo. 

Por ello propongo seriamente la posibilidad de interponer una querella uniendo voluntades de todo tipo de colectivos, porque afectados directamente o no somos todos, pasando a la ofensiva con la ley como herramienta. Merece la pena interponer una querella a la casta, con independencia del resultado, pues dadas las circunstancias podemos imaginar su corto recorrido. Pero es necesario por la seriedad de los cargos, por la entidad de los querellados que comprendería desde Felipe González hasta Rajoy, con independencia de la prescripción para los primeros gobiernos, y porque pondría en evidencia el desarme de la ciudadanía ante la banca que ha sido una premisa fundamental para que los poderes financieros pudieran lanzarse a la estafa masiva, hipotecando al país, liquidando las Cajas de Ahorro. Además todo ello ha pasado con la complicidad del Banco de España y la CNMV que, cumpliendo sus funciones y las leyes, deberían haberlo evitado.

En este momento histórico, con una amplia participación política y social, con seriedad y audacia jurídica, podemos dar la salida legal y coherente que la gravedad de los hechos merecen, que un verdadero Estado de Derecho, demandaría, y en todo caso, su sola presentación ante el órgano competente, supondría interpelar a lo existente ante su propio espejo.

La experiencia de que la unión de la movilización ciudadana y la acción judicial da muy buenos resultados (PAHs y Marea Blanca son un ejemplo). 
Unir al mundo del Derecho con la ciudadanía en su aspiración de una democracia verdadera y decente, son dos herramientas que, junto a la entrada potente en las instituciones y nuevas experiencias de democratización de la economía, podrían ser las piezas de una estrategia de regeneración y esperanza colectiva.