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| foto:www.casareal.es |
El 25 de julio de 2015, un año más y desde la mitad de siglo XVII,
políticos y clero, con la monarquía como palio, en una simbiosis
ancestral entre religión y Estado, basado en unas leyendas turbulentas,
además de imposibles, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ha
implorado -en la ofrenda al apóstol Santiago- por la unidad de España,
por la democracia constitucional, también ha aprovechado para “pedir” al
santo por “todos” los españoles.
En el mismo acto, el presidente de la Xunta, en un feo y torpe gesto
ha criticado públicamente al alcalde compostelano, Martiño Noriega, que
en una actitud constitucional y laica plausible no ha participado en la
ceremonia religiosa, ni ha representado al rey en la misma.
El señor Feijóo, muy solmene él, como todos los políticos, de las
diferentes formaciones, que le acompañaban en este anual fasto católico
no han caído en la cuenta (o sí) de dos graves errores, por un lado que
-año tras año- se vulnera la Constitución española: Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Precisamente los políticos más adictos a estos boatos religiosos,
incluida la jefatura del Estado, son los que más “reclaman”, estos días,
el cumplimiento estricto de la ley y de la Constitución, ¡claro! para
lo que les interesa. ¿Y para cuando la laicidad de las instituciones,
principio claramente constitucional?
Y por otro lado cada año imploran (?) insistentemente al “santo” por
todos los españoles... cuando deberían saber que en España conviven
ciudadanos y ciudadanas de muy diversas convicciones y creencias y que,
en todo caso, sería el clérigo de turno (no corresponde a un político en
función de su cargo) si le viene en gana, pedir por los católicos, a
los únicos que puede interesarles tal festividad religiosa o tales
creencias.
Apelar a la tradición. Y, además, en este caso: ¡¡qué tradición!!
como hacen habitualmente muchos políticos de casi todo pelaje y color,
no es sino para seguir privilegiando a la religión católica y a su
clero, en este caso en el marco simbólico del poder que ello
representa.
En el camino hacia el Estado laico, gestos, pero también hechos son fundamentales.
Los gestos en política están muy bien, son fundamentales y generan un
estado de opinión favorable para posteriormente poder modificar de una
forma democrática, pacífica y colaborativa la actual situación de
confesionalidad católica del Estado.
Por eso los gestos civiles y laicos, como el del alcalde compostelano
antes mencionado y de tantos otros de los nuevos ayuntamientos son muy
importantes. Pero -también- hacen falta hechos que ahonden en los
problemas, tratando de dar soluciones democráticas a cuestiones que
históricamente han generado privilegios hacia grupos y colectivos, en
este caso a la Iglesia católica en particular.
En el marco de la laicidad de las instituciones, de la separación del
Estado de la religión, del fomento y defensa radical de la libertad de
conciencia, están muy bien los pequeños gestos que se están observando
en algunos ayuntamientos. Y, estamos casi convencidos, de que van a
servir para abrir el camino hacia la construcción del Estado laico, del
Estado de Derecho, de una democracia más real y participativa, en donde
todos los colectivos se sientan cómodos, en donde todas las convicciones
sean tratadas por igual, en donde los privilegios sean desterrados. En
donde, por fin, se inicie la Transición en esta materia, camino de un
nuevo Régimen y forma de gobernar.
Sería conveniente que estos gestos iniciales que se están
desarrollando en muchos municipios, no sólo se mantengan, sino que
continúen en el tiempo. Son en el ámbito local donde, posiblemente, hay
que comenzar esa Transición, por ello quizá se pueda desarrollar una red
desde el ámbito del municipalismo que haga de espoleta de los poderes
legislativos y ejecutivos, también en el ámbito judicial.
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| Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela |
Ya que es urgente una reforma de la Constitución (artículos 16 y 27);
la anulación/denuncia urgente de los Acuerdos concordatarios del Estado
español con la Santa Sede de 1979 y del Concordato franquista de 1953;
sustituir la actual “ley de libertad religiosa de 1980” por una de
“libertad de conciencia”, acorde con la realidad secularizada de la
actual sociedad española; la eliminación de la multimillonaria
financiación de la Iglesia católica y de los privilegios fiscales que
mantienen; que la usurpación de bienes públicos que han hecho desde
1946, sean devueltos al ámbito público o a sus verdaderos propietarios y
que el Sistema educativo sea universal, único y laico, sacando la
religión de la escuela y que el Estado deje de financiar centros
dogmáticos de enseñanza.
Hay que estar muy pendientes de los programas electorales de todas
las formaciones políticas y coaliciones que se formen, tanto para las
elecciones generales, como para las elecciones catalanas. Para ver si
ello tiene continuidad, desde donde se pueden tomar medidas de mayor
calado legal.
Los próximos meses serán vitales para ver si estamos en la buena
dirección o seguimos anclados en hechos ancestrales como el que se
produce anualmente el 25 de julio y tantos otros.
La política a lo suyo y la religión en lo suyo. Deben ser ámbitos que
no se deben mezclar. Y los poderes públicos, todos, deberían de ser
valedores de ello, por bien de la Democracia.
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