sábado, 5 de septiembre de 2015

Dinero, suelo y crucifijos en la educación

Gladys Martínez López 

   Fuente: Diagonal

graficos religion Diagonal 2015
La Iglesia católica sigue gozando de enormes privilegios en la educación.


     La entrada del curso escolar muestra que el sistema educativo español sigue cargando con una cruz. La cesión de suelo, las capillas en universidades, la simbología católica en las aulas, los conciertos educativos, el adoctrinamiento religioso en las escuelas o la financiación de los profesores de Religión ponen de relieve el desmedido apoyo de un Estado, en teo­ría aconfesional, a la Iglesia.
   “La opacidad en todo lo que se refiere a la financiación pública de la Iglesia, incluida en la enseñanza, es enorme”, explica a Diagonal Juanjo Picó, responsable de Comunicación de Europa Laica. Pero algunos datos son esclarecedores. Según el informe 2015 de esta organización, el Gobierno central y las distintas administraciones autonómicas están destinando unos 4.300 millones de euros anuales a financiar los centros privados concertados pertenecientes a la institución religiosa, que son aproximadamente el 65% de los centros concertados en España y acogen al 75% de los alumnos de la concertada.
     El problema se enmarca, indica Picó, dentro de la problemática de la enseñanza concertada, introducida por el Gobierno del PSOE en 1984. “Los conciertos tienen que desaparecer. No pueden hacerlo de hoy para mañana porque la escuela pública hoy por hoy no podría absorber a todo el alumnado, pero sí en un plazo razonable de tiempo, empezando por ir bloqueando lo que está en marcha, y en sucesivos plazos ir suprimiendo los conciertos para ir hacia una escuela pública y laica”, dice Picó, que considera que si hubiera habido voluntad política por parte de las comunidades autónomas, que tienen las competencias, “habría habido un retraimiento progresivo, pero ninguno de los colores que han gobernado las comunidades lo ha hecho”.
    De momento, eliminar los conciertos no parece ser el objetivo de las comunidades en que ha habido cambio de gobierno, e incluso el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid anunció que su formación respetaría los conciertos educativos existentes. En otras comunidades, como el País Valenciano, los conciertos en Primaria fueron blindados hasta 2019 por el Gobierno del PPdos meses antes de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.

    Sin embargo, varias comunidades sí han suprimido o intentado suprimir, de entrada, los conciertos con escuelas religiosas que segregan a sus alumnos por sexo. Según datos de 2011, 67 centros educativos privados financiados con dinero público, pertenecientes al Opus y a otras congregaciones, segregan a niños y niñas en España. También en Balea­res el nuevo gobierno autonómico anunciaba a finales de julio su decisión de eliminar los conciertos con tres escuelas segregadoras del Opus Dei a partir de este nuevo curso. El paso lo dio hace dos años Andalucía, donde, de los 598 centros concertados, 12 imparten una educación segregada. A pesar de que en 2012 la Junta de Andalucía anunció la eliminación de los conciertos con estas escuelas, en base a seis sentencias del Supremo contrarias a la financiación pública de este modelo que discrimina por sexos, los conciertos siguen en vigor y el caso de varias de esas escuelas en los tribunales. Sobre todo después de que entrara en vigor la Lomce, que allana el terreno a las segregadoras al introducir que la elección de “educación diferenciada por sexos” no podrá implicar “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas”.
    Según denunciaba Mèdia.cat en 2014, en Catalunya el Gobierno de la Generalitat sigue subvencionando con 25 millones anuales a 16 colegios del Opus que mantienen esta práctica. Pero la palma parece llevársela la Comunidad de Madrid, donde dos tercios de los cerca de 600 colegios concertados son gestionados por instituciones católicas, algunos de ellos por congregaciones ultrarreligiosas como el Opus, los Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación.
Cesión de suelo
    Varias de estas congregaciones se han beneficiado, además, de la cesión de parcelas de suelo público para la construcción de centros, como ya anunció en 2011 la consejera de Educación, Lucía Fígar, en una conferencia organizada por Comunión y Liberación en Rímini. “El problema también del lugar, del terreno, es un problema grave en España. Era un gran problema y nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crea­ran centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada”, decía, antes de anunciar que los dos centros de este tipo gestionados por Comunión y Liberación “pueden ser más en el futuro, obviamente”.
    “Si hay algo que caracteriza a todos estos centros de nuevo cuño es que sus proyectos educativos se asientan sobre los postulados de las sectas más rancias y fundamentalistas del catolicismo”, decía en un comunicado la plataforma Soy Pública, que añade que “quien controla la enseñanza puede, además de hacer negocio, controlar el futuro”. Hoy, algunas de estas cesiones de suelo, tanto a congregaciones ultracatólicas como a varias empresas, están siendo investigadas dentro de la trama Púnica. En cualquier caso, la Lomce también se encargó, a través de una enmienda durante el trámite parlamentario, de legalizar la cesión de suelo público para la construcción de escuelas concertadas.
Adoctrinamiento religioso
“La creación como regalo de Dios”, “Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad” o “Dios crea al hombre para ser su amigo”… Son algunos de los contenidos del nuevo currículo de Religión que se impartirá a partir de este curso en las escuelas. La asignatura no sólo se convierte en evaluable ‘gracias’ a la Lomce, sino que, según marca el currículo, a partir de este año serán evaluables, por ejemplo, los rezos. En realidad, los contenidos no cambian demasiado en relación a currículos anteriores, y no sorprenden si se tiene en cuenta que, en base a los acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, están elaborados directamente por la jerarquía eclesiástica. “Existe una intromisión doble. No sólo que exista la religión confesional dentro de la escuela, sino que su propio contenido esté mandatado por la Iglesia”, explica Picó.
     En los últimos diez años, las matriculaciones en clases de Religión no han hecho más que descender. El alumnado inscrito en esta asignatura ha pasado en Primaria de un 79,4% a un 65%, y de un 55,5% en Secundaria ha caído hasta el 38,1%, mientras que en Bachillerato bajaba del 43,4% al 20,4%, según datos de 2011. En comunidades como Catalunya o el País Vasco, las cifras en Primaria descienden hasta un 23,2% y un 30,5%, respectivamente. A pesar de un descenso constante, acorde con la progresiva laicización de la sociedad reflejada en las encuestas, la asignatura de Religión sigue siendo un tabú para el Estado. Al año, las Administraciones central y autonómicas destinan 610 millones de euros para pagar los sueldos de 19.000 profesores que imparten Religión en los centros públicos y concertados, también en base a los acuerdos con la Santa Sede.
    A pesar de que las instituciones públicas ponen el dinero, es cada una de las diócesis la que se encarga de elegir al personal, otorgándole una “declaración eclesiástica de idoneidad” y una recomendación del obispo de la diócesis, lo que ha llevado a escándalos como el sonado despido en 2001, años después revocado por el Tribunal Supremo, de una profesora divorciada por “vivir en pecado” con otro hombre.
    Frente al poder de la Iglesia en la educación, más de 70 organizaciones han decidido plantar cara a sus privilegios e impulsar un contrato electoral “Por una escuela pública y laica”, que aboga por sacar la religión confesional de la escuela, potenciar la red de escuela pública, “evitando progresivamente la desviación de fondos públicos hacia intereses privados”, y la derogación de los acuerdos con el Vaticano, que “constituyen la base ‘legal’ de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo”. Este contrato, publicado en mayo, será impulsado nuevamente a partir de septiembre para que los partidos políticos se comprometan a integrarlo en sus programas de cara a las elecciones generales de diciembre y, en última instancia, a llevarlo a efecto.
De capillas en la universidad pública
     Aunque no existen datos totales sobre el número de capillas en las universidades públicas, Europa Laica ha contabilizado, gracias también a la información aportada por ciudadanos, 33 en todo el Estado, 20 de ellas en facultades madrileñas, ocho en la Complutense, todo ello en base a acuerdos suscritos entre las universidades y la Conferencia Episcopal. La eliminación de las capillas, los crucifijos y toda la simbología religiosa de las escuelas es una de las batallas de las plataformas que luchan por una escuela laica.
La Púnica se enriqueció con la educación
    La cesión gratuita de suelo público a empresas para la construcción de colegios privados y concertados en la Comunidad de Madrid es una de las ramificaciones de la Operación Púnica. El principal imputado, el exconsejero Francisco Granados, se beneficiaba, supuestamente, de mordidas de entre 900.000 euros y 1,2 millones por cada colegio concertado adjudicado.
    Entre 2001 y 2011, el presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid a conciertos educativos pasó de 399.617 euros a 913.678 euros. En esos mismos años, seis empresas de la trama se embolsaron 222,8 millones de euros por la construcción de 12 colegios, según la Agencia Tributaria. Según UGT, entre 2001 y 2013 la Comunidad de Madrid cedió 80 parcelas que ocupan 1,5 millones de metros cuadrados de terreno público.
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