Juan
García Ballesteros
Presidente
del Colectivo Prometeo y miembro del FCSM
Actualmente
casi un millón ochocientos mil españoles han tenido que emigrar
buscando en otros países lo que el suyo les niega: unas aceptables
condiciones de vida. Prefieren huir de aquí porque saben que no
tienen porvenir, que los partidos que han gobernado desde que comenzó
la crisis (PP y PSOE, subalternos del poder económico europeo), han
hundido en la miseria y la desesperación a una sociedad que han
dejado sin esperanza y sin futuro. Una gran mayoría son jóvenes muy
preparados con estudios superiores (doctorados y másteres
incluidos), que se aventuran a exiliarse sin saber que les espera en
el exterior, pero con el deseo de desarrollarse como personas y
profesionales. Algunos consiguen trabajo relacionado con su formación
(aportando sus conocimientos a una sociedad que no ha invertido nada
en su preparación), pero otros tienen que ocupar puestos miserables
en unas difíciles condiciones laborales.
Al
drama de tener que dejar a sus familias, sus amigos, su tierra y su
cultura para buscar unas condiciones de vida que su país no les
ofrece, se une que a los exiliados laborales españoles se les
obstaculiza el derecho constitucional para decidir el futuro político
de su país. En 2011 el PP, PSOE y CiU reformaron la Ley Electoral
(Ley
Orgánica 2/2011, de 28 de enero),
para que los expatriados tuvieran que “rogar” el voto para
ejercer su derecho a participar en elecciones. El “voto rogado”
está teniendo, en todas las elecciones pasadas desde 2011, unos
efectos devastadores (menos de un 5 % de votantes) sobre los
españoles en el extranjero, pues está concebido para que los
emigrantes no puedan decidir sobre el futuro político de su país.
Para ejercer el derecho a participar son tantas las trabas
burocrático-administrativas, escasos los tiempos y la falta de
atención e información institucional que, o bien les impide votar o
desanima a los electores: tienen que gastar su dinero y dejar el
trabajo para desplazarse a consulados y ni así se les garantiza su
derecho, pues en la mayoría de las ocasiones ni los documentos ni
las papeletas de votación llegan. Como en pasadas elecciones, en
estas del 20D, ejercerán su derecho a votar en torno a un 5 %, por
lo que más de un millón setecientos mil españoles serán privados
de este derecho constitucional que sólo ellos tienen la facultad de
ejercer o no.
Tanto la
Asociación Pro Derechos Humanos de España como la Marea Granate
(colectivo
formado por emigrantes españoles)
han exigido que se derogue esta Ley Electoral y que se busquen
fórmulas que promuevan la participación electoral de todos los
emigrantes:
votar es un derecho fundamental que no debe entender de países. Una
de las fórmulas podría ser, según la Asociación de DDHH, la
implantación del voto electrónico. Pero, como ha ocurrido con otras
leyes que perjudican a las minorías (la actual ley electoral), no se
derogará hasta que una mayoría sociopolítica tengan la suficiente
fuerza y sensibilidad para acabar con tanta injusticia democrática.
Cuando
aprobaron esta reforma de la Ley Electoral, el bipartidismo sabía
que si se posibilitaba el voto a los emigrantes (esos casi dos
millones) podían volcar el resultado, podían perder esas mayorías
(con privilegios y corruptelas asociados) que han propiciado el
hundimiento político, económico y laboral de nuestra nación.´
Pero
¿de qué huyen estos emigrantes laborales? Se marchan para no formar
parte de esos cinco millones de parados (más del 50 % con su edad) y
de los más de trece millones de personas excluidas socialmente. Se
van porque no tienen posibilidad de desarrollarse como personas y
profesionalmente, en una sociedad cada vez con trabajos más
precarios y menos derechos laborales y sociales. Se exilian para
buscar un futuro que, como ellos saben, no van a tener en nuestro
país, porque está en bancarrota, embargado, con una deuda pública
astronómica (un billón de euros), imposible de pagar, unos
impuestos regresivos y un alto fraude fiscal. Muchos emigran para
intentar mejorar la dura situación de sus familias (desahucios,
hambre, paro,…) y para no contemplar la desesperación por salarios
de miseria. Salen de nuestro país asqueados de tanta corrupción,
tanto esclavismo, tanta desigualdad social. En esta situación, el
facilitar que estos expatriados voten es un alto riesgo para los
partidos del Régimen.
Pero los que estamos aquí y
podemos votar debemos hacerlo pensando que queremos que vuelva esta
generación exiliada, perdida, que queremos recuperar un nivel
aceptable y generalizado de bienestar social, que deseamos acabar con
la pobreza y con la desigualdad social, que pretendemos garantizar
unos servicios públicos para todos y que aspiramos a una sociedad
más justa e igualitaria, sin discriminaciones, una sociedad de pleno
empleo. Tenemos que votar y hacerlo creyendo en la necesidad de
romper con este injusto Sistema, desbancando del poder político a
los partidos del Régimen del 78 (PP y PSOE). Hay que votar para
regenerar la vida pública, mediante una ruptura democrática con un
Proceso Constituyente que posibilite la independencia nuestro país y
la recuperación de nuestra soberanía política, social y económica.
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