viernes, 20 de mayo de 2016

Coartando libertades y derechos fundamentales, no hay democracia






Juan García Ballesteros

Presidente del Colectivo Prometeo 
miembro del FCSM


En un estado que se llame democrático y de derecho no tendría que haber presos políticos. Pero en esta España nuestra los hay. En las cárceles están recluidas personas por motivos políticos, debido a una ley antidemocrática que el PP impuso con su mayoría absoluta. La Ley de Seguridad Ciudadana (Mordaza) está cumpliendo los objetivos para los que se promulgó: imputar y encarcelar a todo aquel o aquella que defienda pacíficamente en huelgas, manifestaciones o concentraciones las libertades y los derechos fundamentales que nos están quitando. Veamos los derechos que esta ley limita: afecta al derecho de defensa y la presunción de inocencia, al principio de seguridad jurídica, al derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal, restringe el derecho a la información, a la libertad de expresióny manifestación y puede vulnerar el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política.
Esta ley, que atenta contra los DDHH,  supone límites intolerables a las libertades y derechos constitucionales. En su contenido recoge sanciones leves, graves y muy graves. Estas últimas contemplan varios años de cárcel y miles de euros de multa. La gravedad de las imputaciones queda a merced de una fiscalía controlada por el Fiscal General (nombramiento político) y de unos jueces, algunos todavía con un pasado franquista. Se debería llamar ley de Inseguridad Ciudadana, pues quebranta derechos fundamentales que serían inviolables en cualquier país democrático.Es necesario denunciar la injusta situación que padecen algunos ciudadanos. Veamos:
            -Andrés Bódalo: jornalero del SAT, concejal de Jaén en Común. Condenado a tres años y medio por “agredir” en 2012 al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar, durante una protesta de jornaleros que reclamaban peonadas para acceder al subsidio agrario. Los vídeos de la concentración aportados por la Guardia  Civil, así como su testimonio, no contempla ninguna agresión de Andrés, pero no han sido tomados como pruebas por el juez.
            - Alfonso Fernández, 'Alfon', fue detenido por la policía el 14 de noviembre de 2012 cuando se iba a participar en un piquete vecinal en el madrileño barrio de Vallecas y condenado a cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos. Su condena es un cúmulo de irregularidades: contradicciones de los testimonios delos agentes, no admisión de las declaraciones de los que acompañaban a Alfon, inexistencia de huellas dactilares en la bolsa y continuas rupturas de la cadena de custodia de los explosivos. Sólo se tuvo en cuenta la versión policial ¿Pero no ha ocurrido en ocasiones que la policía ha fabricado pruebas falsas contra personas y organizaciones? ¿No está pasando con Podemos?
            -Raúl y Alfonso, miembros de la Compañía Títeres desde Abajo, estuvieron en prisión preventiva, impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Esto supone un ataque a lalibertad de expresión, una agresión a la cultura y una ofensiva contra toda posibilidad de crítica social y política en una obra de ficción. A los dos se les imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo. Mientras, quedan impunes tantos actos de la extrema derecha que exaltan al terrorismo franquista y al nazismo.
            -Ángel(entonces estudiante) y un minero asturiano,el 31 de Mayo de 2012, en una manifestación pacífica en Madrid que pretendía defender los puestos de trabajo de la minería, después de una fuerte carga policial, fueron detenidos. Le imputaron: atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos. Cuatro años después han sido llamados a juicio (primero de Junio). El fiscal pide para ellos: 8 años y medio de prisión y 6.400 euros de responsabilidad civil.
            - Hay 18 personas procesadas (con miles de euros de multa), de los Campamentos Dignidad de Extremadura por reclamar pacíficamente en Televisión una Renta Básica.
            - Son varios los periodistas multados por ejercer su derecho a la información.
            - Son casi 300 sindicalistas encauzados por incidentes en huelgas en los últimos años (entre ellos los 8 de Airbus, ya absueltos).
            -En Oviedo, un hombre, que se le iba a desahuciar, ha fallecido al ser detenido por la policía. Su muerte tendrá que ser aclarada por la justicia.
            Algunos de los detenidos, como 12 personas en Málaga en 2014 por protestar contra la ley Mordaza, han sido absueltos, otros multados (Jesús Denia de Pamplona). Otros muchos continúan con juicios pendientes.
            Esta antidemocrática ley supone una criminalización de las protestas sociales y laborales.Ha tenido un amplio rechazo no sólo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Son ya más de 100 municipios españoles que se han sumado a la Red de Ciudades Libres de Mordaza, pidiendo su inmediatasupresión.Cientos de intelectuales, políticosy activistas sociales han firmado un manifiesto (Por las libertades civiles en España y en Europa),pidiendo la derogación de la ley. También lo ha hechoGreenpeace y Amnistia Internacional, así como la asociación Madres contra la Represión,movimiento que lucha contra la persecución política de personas y que defiende los derechos políticos y sociales que nos están cercenando. La prensa internacional clama contra esta ley: TheGuardian, Libération, Le Parisien, Der Spiegel y New York Times. La propia ONU ha manifestado su repulsa porque la Ley de Seguridad Ciudadana viola derechos y libertades fundamentales de los individuos y socava los derechos de manifestación y expresión en el país.Sin embargo, los medios de desinformación españoles, no sólo la han defendido, sino que han atacado sin piedad a las víctimas.
            En nuestro país la izquierda real (Podemos, IU, Equo, Compromis,…) y los partidos autonómicos catalanes y vascos se han posicionado en contra de la Ley Mordaza, al lado de colectivos sociales, plataformas y mareas. El reciente pacto del PSOE con Ciudadanos no contemplaba su derogación, sino sólo un lavado de cara para cubrir las apariencias de legalidad democrática. El PP, socialistas y C´sestán en el mismo bando.
            Mientras se encarcela a inocentes por defender derechos fundamentales, en España de los actuales tres mil encausados por corrupción, sólo unos cuántos están encarcelados. La inmensa mayoría gozan de libertad,saben que sus fechorías quedarán impunes y que no devolverán el dinero robado al erario público. Como dice el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está "pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador".
            Hay que seguir desde la calle defendiendo los derechos y libertades que nos están coartando, reclamar la libertad de los presos políticosy exigir la derogación de la ley Mordaza. Es un compromiso que debe asumir el próximo gobierno que salga de las urnas el 26J.Es necesario votar para acabar conesta ley represivae injustaque tanto sufrimiento está ocasionando a muchas personas.