Fuente: Diario Córdoba
Joseé Antonio Naz Valverde
Colectivo Prometeo
FCSM
La educación en los Estados democráticos modernos es una
preocupación fundamental, no solo del gobierno sino de la sociedad en su
conjunto, y se entiende como un derecho y obligación de toda la
ciudadanía y de sus instituciones para garantizar unos valores generales
y una formación común que permita el desarrollo de todas las personas y
el avance del país.
En Europa desde la Ilustración la
«instrucción pública» se considera la base de la Republica, y por tanto
una competencia directa del Estado. Y así es considerada hasta hoy en la
mayoría de los países de nuestro entorno. Esto supone un único sistema
de educación, gestionado por los fondos públicos y en centros públicos.
Así tenemos ejemplos como el Finlandés, reconocido como uno de los
mejores sistemas educativos, donde solo hay un escaso 10% de centros
privados. Otro modelo puede ser el francés, con tres tipos de centros:
estatales, concertados y privados, aunque con un único programa
obligatorio, supervisado por la Inspección pública y con controles y
exámenes únicos realizados desde el Estado; y todos los que reciben
subvención estatal, independientemente de su titularidad, están
obligados a un concurso público de contratación del profesorado y los
idearios particulares solo pueden desarrollarse en horarios
complementarios.
El caso español es un poco particular.
Nuestra historia siempre ha estado marcada por las contrarreformas, no
dejamos florecer como en otros países el renacimiento que acababa con
los siglos obscuros del medievo, fuimos la lanza contra los intentos de
reformas en la «cristiandad», reforzando la contrarreforma y manteniendo
la Inquisición hasta el siglo XIX; y no parece que nos revelaramos
contra Napoleón por nuestra soberanía sino más bien contra las
modernidades que pretendía implantar, por eso recibimos al poco tiempo
al grito de «vivan las cadenas» al ejército francés, esta vez del rey,
que nos devolvía a nuestro absolutisimo Fernando VII. Naturalmente la
educación estuvo todo el tiempo en manos de la Iglesia Católica, desde
los conventos y abadías hasta seminarios y centros de órdenes
religiosas.
Solamente en los principios del siglo XX
empieza a desarrollarse la enseñanza pública, siendo el breve periodo de
la Segunda Republica el momento de máximo esplendor, con un cuerpo de
maestros muy implicados y con un alto nivel profesional. El golpe
militar bajo el lema de cruzada nacionalcatolica cortó de raíz ese
sistema de enseñanza. Los vencedores se cebaron con el profesorado de la
República, acabando físicamente con ellos o destituyéndolos. En el
nuevo régimen los servicios sociales, como la salud o la educación, son
entregados a la Iglesia Católica, y se improvisa un nuevo profesorado
entre el propio clero y los combatientes del bando franquista, primando
la certificación ideológica sobre otro tipo de formación o competencias.
Las propias escuelas de Magisterio son concebidas y funcionan como
centros de formación de catequistas para formar en los principios del
régimen. La poca definición de Constitución del 78 y los acuerdos con la
Santa Sede permiten la continuidad del protagonismo de la Iglesia en la
educación. El desarrollo normativo de estos casi 40 años (Lode, Logse,
Lomce, Lea) no ha corregido y a veces ha favorecido ese protagonismo.
Hay
pues dos sistemas de hecho, uno estatal y otro de la Iglesia Católica
(subvencionado casi todo por el Estado), quien mantiene también una gran
influencia sobre el primero, y está en plena ofensiva expansionista.
Ante esta realidad, y la devaluación del servicio público por las
políticas de recortes, la sociedad está empezando a reaccionar, con
movimientos y mareas en defensa de la enseñanza pública o con huelgas.
Pero no tienen el respaldo masivo del profesorado, familias y alumnado
que sería lógico. Sin duda porque no sienten que lo público es suyo, que
el profesorado está pagado por la ciudadanía, que las plazas educativas
cuestan un dinero que es de todos y todas, que las familias tienen
derechos y deberes con el sistema educativo de sus hijos, que la
ciudadanía en general es propietaria del sistema y tiene que defenderlo y
mejorarlo.
España tendrá un sistema educativo similar
al de Francia o Finlandia cuando su pueblo cambie la mentalidad de
súbdito a la de ciudadano y realice la Transición hacia el Estado
Democrático del siglo XXI, sin tutelas de ningún poder que no sea el de
la ciudadanía.
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