Fuente:Diario Córdoba
Julio Anguita
El chantaje consiste en la amenaza que se
realiza contra personas y/o colectivos varios, consistente en anunciar
la difusión de informaciones y secretos que, de conocerse, podrían
constituir escándalo público y producir el descrédito de los amenazados.
El chantajista pide a cambio de su silencio una compensación económica o
de otra índole. En función de lo anteriormente expuesto podemos
enunciar dos hipótesis en el caso que nos ocupa:
1ª Que las declaraciones de Corinna sean el cumplimiento por parte del chantajista de las amenazas hacia el chantajeado, al no ceder éste a sus pretensiones.
2ª Que no haya habido tal chantaje, es decir amenaza previa, sino unas declaraciones motivadas por razones de cualquier índole.
En el primer caso estaríamos ante un delito: el de chantaje, pero también ante unas informaciones sobre presuntos hechos constitutivos de delitos muy graves. En ambos casos la Fiscalía, el Gobierno y el Parlamento deberían intervenir para investigar, aclarar y depurar responsabilidades sobre un asunto en el que inciden dos circunstancias: los innumerables casos de corrupción que son el pan de cada día en España y la especial, aireada y asumida con promocionada resignación ciudadana, ejecutoria del ex Rey.
En la segunda hipótesis no ha lugar la calificación de chantaje sino de una información asumida públicamente por sus autores y que obliga a las tres instituciones citadas anteriormente a intervenir, so pena de hacerse cómplices de los supuestos hechos denunciados con tanto lujo de detalles y tan grandes dosis de verosimilitud.
Por eso que la señora Robles --y con ella el Gobierno-- se haya puesto de perfil con tan ampulosas, gratuitas e inanes declaraciones nos señala que estamos ante una prueba de fuego que el flamante Gobierno no se atreve o no quiere afrontar. Porque ¿quién ha chantajeado al Estado? ¿No se trata más bien de que un exjefe de Estado puede estar inmerso en graves delitos contra la Hacienda Pública? La luz y taquígrafos es la mejor garantía de lo que tan reiterada y cansinamente denominan Estado de Derecho. Y no sólo en este ‘affaire’ sino también en el de los beneficiados por la amnistía fiscal.
Sinceramente no creo que la señora Robles, magistrada de profesión, pueda ser motejada de ‘pegosa’, más allá del juego semántico. Pero con sus declaraciones, respaldadas por el Gobierno, se está erigiendo en sacerdotisa del templo de la deidad llamada Razón de Estado. Una deidad monstruosa que exige a sus secuaces mirar para otro lado, ladear la balanza de la Ley y ocultar hechos al ‘demos’ soberano, cuando presuntos conculcadores de la Ley son personajes o colectivos de la llamada élite. Y es que la Historia nos enseña que la Razón de Estado (o Sinrazón institucionalizada) no ha sido otra cosa que la tapadera con la que se han cubierto egregios delincuentes.
Mientras esto continúe así, los cánticos y salmodias al Imperio de la Ley, la intangibilidad y ejemplaridad de la Constitución o el anteriormente citado Estado de Derecho no serán más que monocordes, aburridas e inútiles palabras, palabras, palabras.
Julio Anguita
En el lenguaje peculiarmente coloquial de
nuestra ciudad, la palabra ‘pego’ es usada desde tiempo inmemorial para
calificar aquellos hechos y manifestaciones que sorprenden por una
manifiesta vacuidad pero sazonada además con ridícula estupidez. No me
viene a la cabeza otra palabra que mejor pueda calificar las
declaraciones de la ministra de Defensa acerca de las imputaciones
grabadas que sobre las andanzas financieras de Juan Carlos de Borbón y
Borbón ha hecho su examante Corinna Zu Wittgenstein. Dice Margarita
Robles que «el Estado no puede someterse al chantaje de nadie y
cualquier vulneración de la legalidad lleva consigo la asunción de
responsabilidades que se diluciden en un procedimiento judicial».
La
intemporal obviedad de tal afirmación hace de la declaración
ministerial un ejercicio consumado de trile político. ¿Qué tiene que ver
la perorata ministerial con los supuestos hechos difundidos
públicamente? ¿Quién o quienes someten al Estado a chantaje? ¿Qué
chantaje? Veamos.
1ª Que las declaraciones de Corinna sean el cumplimiento por parte del chantajista de las amenazas hacia el chantajeado, al no ceder éste a sus pretensiones.
2ª Que no haya habido tal chantaje, es decir amenaza previa, sino unas declaraciones motivadas por razones de cualquier índole.
En el primer caso estaríamos ante un delito: el de chantaje, pero también ante unas informaciones sobre presuntos hechos constitutivos de delitos muy graves. En ambos casos la Fiscalía, el Gobierno y el Parlamento deberían intervenir para investigar, aclarar y depurar responsabilidades sobre un asunto en el que inciden dos circunstancias: los innumerables casos de corrupción que son el pan de cada día en España y la especial, aireada y asumida con promocionada resignación ciudadana, ejecutoria del ex Rey.
En la segunda hipótesis no ha lugar la calificación de chantaje sino de una información asumida públicamente por sus autores y que obliga a las tres instituciones citadas anteriormente a intervenir, so pena de hacerse cómplices de los supuestos hechos denunciados con tanto lujo de detalles y tan grandes dosis de verosimilitud.
Por eso que la señora Robles --y con ella el Gobierno-- se haya puesto de perfil con tan ampulosas, gratuitas e inanes declaraciones nos señala que estamos ante una prueba de fuego que el flamante Gobierno no se atreve o no quiere afrontar. Porque ¿quién ha chantajeado al Estado? ¿No se trata más bien de que un exjefe de Estado puede estar inmerso en graves delitos contra la Hacienda Pública? La luz y taquígrafos es la mejor garantía de lo que tan reiterada y cansinamente denominan Estado de Derecho. Y no sólo en este ‘affaire’ sino también en el de los beneficiados por la amnistía fiscal.
Sinceramente no creo que la señora Robles, magistrada de profesión, pueda ser motejada de ‘pegosa’, más allá del juego semántico. Pero con sus declaraciones, respaldadas por el Gobierno, se está erigiendo en sacerdotisa del templo de la deidad llamada Razón de Estado. Una deidad monstruosa que exige a sus secuaces mirar para otro lado, ladear la balanza de la Ley y ocultar hechos al ‘demos’ soberano, cuando presuntos conculcadores de la Ley son personajes o colectivos de la llamada élite. Y es que la Historia nos enseña que la Razón de Estado (o Sinrazón institucionalizada) no ha sido otra cosa que la tapadera con la que se han cubierto egregios delincuentes.
Mientras esto continúe así, los cánticos y salmodias al Imperio de la Ley, la intangibilidad y ejemplaridad de la Constitución o el anteriormente citado Estado de Derecho no serán más que monocordes, aburridas e inútiles palabras, palabras, palabras.
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