APORTACIÓN EJE
TRABAJO-DESEMPLEO/PRECARIEDAD A LA JORNADA 10 AÑOS DE CRISIS, TOMEMOS EL
CONTROL DE LAS FINANZAS
El importante
incremento del desempleo tras finalizar el pasado mes de agosto (1),
notablemente superior a los últimos años, el dato que losultra-ricos en España
se ha casi triplicado (2) desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y
financiera en 2007/2008, junto a la preocupante evolución de la economía
capitalista a escala mundial hacia un nuevo ciclo recesivo, de profundidad y
consecuencias imprevisibles, nos obliga a reflexionar, proponer medidas
alternativas, e impulsar iniciativas y movilizaciones en defensa de objetivos
concretos, en la perspectiva de una transformación social que supere un sistema
injusto, violento, obsoleto, que amenaza la propia existencia de la
humanidad, de los seres vivos y el
planeta.
En efecto, desde el
anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos en 2015 de la retirada de los
estímulos económicos para superar la grave crisis sistémica simbolizada por el
derrumbe del banco Lehman-Brothers,se han producido siete subidas de los tipos
de interés. Las consecuencias de estas subidas han provocado graves crisis
económicas en los países endeudados con dólares, especialmente en América
Latina, así como movimientos del capital que se retiran de dichos países para
hacer negocio en Estados Unidos. Impasible ante las graves consecuencias de sus
decisiones fuera de Estados Unidos, la Reserva Federal anuncia nuevas subidas
para este mes de septiembre.
Por otra parte, las políticas
expansivas del Banco Central Europeo prestando cientos de miles de millones de
euros a interés cero a los bancos europeos (3), no a los estados ni ala
ciudadanía, y que ha permitido a los tiburones de las finanzas enriquecerse a
costa de inflar nuevas burbujas especulativas, tienen fecha de caducidad. El
anuncio por el BCE que el programa de compra de deuda pública y privada (QU)
termina este año y que a partir del segundo semestre de 2019 subiráel precio
del dinero, va a tener consecuencias negativas en una economía que se ralentiza
y se acerca a una probable recesión económica.
Las políticas de
ajuste y austeridad impuestas por las instituciones europeas, Eurogrupo,
Comisión Europea y BCE, particularmente a los países del Sur de Europa, Grecia,
Italia y España con el objetivo de asegurar el pago de la deuda a la banca y
fondos prestatarios, ha tenido graves y dolorosas consecuencias sobre las
clases trabajadoras y la mayoría social, incrementando el desempleo, la
precariedad, la pobreza y el deterioro de los derechos básicos a la salud, la
educación, las pensiones públicas, e hipotecando el futuro de esos países.
En ausencia de un
presupuesto común suficiente de la UE, sin mecanismo de mutualización de la
deuda, etc., no se ha podido reequilibrar los efectos del libre comercio sin
tasas aduaneras entre países con diferentes niveles de desarrollo y
productividad, provocando importantes desequilibrios en las balanzas comerciales,
y las consiguientes acumulaciones de deuda y déficit público entre los países
con menor capacidad industrial y financiera. Sin instrumentos económicos para
desarrollar otras políticas económicas más efectivas y equilibradas
socialmente, más ecológicas, los países del Sur de Europa han sido forzados por
el Eurogrupo a modificar constituciones (4), implementar contrarreformas
laborales para devaluar los salarios, reducir los costes laborales mediante el
desempleo masivo y la precarización del trabajo, privatizar servicios públicos,
y recortar el gasto en las pensiones públicas.
La situación laboral y social en España a las
puertas del ciclo económico recesivo
Las medidas y
contrarreformas para reducir el gasto social y público en España se sucedieron
desde 2011 bajo los gobiernos de Zapatero y Rajoy.
Con el gobierno del
PSOE se aprobó la reforma de las pensiones en julio de 2011 que alarga la edad
de jubilación de los 65 a los 67 años, además de otros recortes; en septiembre
del mismo año promueve con el apoyo del PP, en un contubernio elocuente del régimen
bipartidista, la modificación de la Constitución española con el artº 135 que
prioriza el pago de la deuda y la disminución del déficit público, a costa de
los derechos sociales fundamentales.
Tras ganar las
elecciones generales el 20 de noviembre de 2011, la primera medida del gobierno
de Mariano Rajoy es el Real-Decreto ley de 10 de febrero de 2012 “de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral”, que elimina la ultraactividad de los convenios, reduce la
capacidad negociadora de los sindicatos, favorece los despidos e incrementa la
precariedad, elimina o reduce las cuotas a la seguridad social en determinados
colectivos, etc.
A continuación,
promueve la ley Orgánica de “estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera” que se aprobará el 27 de abril del mismo año, implementando el
Pacto de los jefes de gobierno de la zona euro el 9 de diciembre de 2011 y el
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y
Monetaria firmado el 2 de marzo de 2012, aunque entró en vigor el 1 de enero de
2013 tras ser ratificado por los estados miembros de la eurozona.
Para blindar el
sistema político y su gobierno, frente al malestar social creciente que tuvo
una importante expresión en las Marchas de la Dignidad de 22 de marzo 2014, el
gobierno de Rajoy aprobó la ley orgánica de 30 de marzo 2015, la llamada “Ley
Mordaza”, que supuso una seria regresión de los derechos cívicos.
Las consecuencias de
esta legislación social, laboral y fiscal regresiva, fue en lo inmediato una gran
destrucción de empleo, más de un millón de puestos de trabajo desaparecieron
con la aplicación de la reforma laboral de Rajoy, el desempleo se elevó a
finales de 2012 al 26%, y alcanzó la cifra de más de la historia con 6,2
millones de personas sin empleo, 27,6% en el primer trimestre de 2013. Estas
políticas de austeridad comportaron una drástica reducción del gasto social en
salud, educación y protección social.
Mientras, la
fiscalidad en el estado español se mantenía 8 puntos por debajo de la media de
la UE, y la corrupción y el fraude fiscal alcanza cifras escandalosas según los
informes del sindicato de técnicos del Ministerio de hacienda “GESTHA”, que ya
denunciaba en 2011, que el estado perdía 90.000 millones de euros anuales
debido al fraude fiscal, el 72 % realizado por grandes empresas y fortunas del
país (5).
Sin embargo, las
desastrosas políticas “neoliberales” de austeridad aplicadas por el gobierno de
Rajoy, se beneficiaron de una coyuntura económica internacional favorable, con
un importante descenso del precio del petróleo del que la economía española es
una gran importadora, de las políticas expansivas del BCE con créditos a cero
de interés, y de la recuperación y crecimiento de la economía global.
Son estos factores
los que explican la recuperación del crecimiento económico en España estos
últimos cuatro años.
Sin embargo, la
expansión de la economía española tocó techo este año, y las diferentes
instituciones económicas y financieras advierten los signos de frenada de la
economía motivadas por factores externos, como la elevación del precio del
petróleo y las políticas de la Reserva federal de EEUU, e internos,
especialmente el crecimiento de la nueva burbuja inmobiliaria vinculada a la especulación de
los fondos buitre, y del crecimiento de la deuda exterior neta de España,
consecuencia de la acumulación de la diferencia entre el valor de las
importaciones, siempre superior al de las exportaciones desde la implantación
de la moneda única.
Ante el próximo
cambio de ciclo económico, la situación del mercado de trabajo es de una gran
fragilidad causada por la gran precariedad laboral existente.
En efecto, el
desempleo en España a finales de agosto alcanzó la cifra de 3,18 millones, con
un repunte significativo del desempleo estacional respecto años anteriores.
La precariedad
laboral sigue creciendo, los contratos temporales a tiempo completo y parcial
forzosos alcanzaban en 2017 el 29,8% del mercado de trabajo, y los contratos
indefinidos a tiempo completo solamente el 47,9% (6).
España lidera la
pobreza laboral en la UE (7), un 15% de hogares cuenta con un miembro cuyo
salario está por debajo del umbral de pobreza. En 2017 el 47% de
trabajadores/as cobraba salarios inferiores a los 1.000 euros mensuales, y seis
millones el 34,4% del mercado de trabajo cobraban por debajo del salario
mínimo, una gran parte de estos por debajo del umbral de pobreza (8).
En estas
circunstancias de elevada precariedad y pobreza laboral, y con un suelo de más
de 3 millones de personas sin empleo, la entrada en un nuevo ciclo recesivo, la
tasa de desempleo puede elevarse rápidamente hasta la cifra alcanzada en 2012 y
2013.
Además, el margen de
maniobra que dispone el BCE para aplicar políticas de expansión monetaria que
neutralice los efectos de la nueva crisis es más limitado, al mantenerse los
tipos de interés de los créditos que concede en el cero%.
Ante la perspectiva
de la nueva crisis, con el riesgo de rápidos incrementos de la prima de
riesgo, y de relanzamiento de políticas
austericidasmás duras, y habiendo comprobado el desastre social provocadopordichas
políticas, hemos de anticiparnos proponiendo un giro de 180 grados en las
políticas económicas, para que estén al servicio de la mayoría social, de la
clase trabajadora, en definitiva de las personas, y no de una minoría ultra-rica,
especulativa y ladrona.
Los objetivos inmediatos: defensa del pleno
empleo con trabajo digno y redistribución de la riqueza
La asamblea de
trabajadores/as en paro de Barcelona, en su constitución el 1 de abril de 2009
en las cocheras de Sants, aprobó la Plataforma reivindicativa. En torno a
dichas reivindicaciones, y con un funcionamiento basado en la democracia
asamblearia y la autonomía respecto de las instituciones, partidos y
sindicatos, ha impulsado numerosas acciones, e iniciativas, con voluntad
unitaria y solidaria.
Con la experiencia
acumulada se fue actualizando la Plataforma reivindicativa, asumiendo nuevos
retos. El objetivo “por un puesto de trabajo digno y estable para todas las
personas sin empleo” además de encabezar la Plataforma, fue defendido a lo
largo de su trayectoria (9). Para implementar dicho objetivo, en la Plataforma
se acompañaban de otras medidas, como la reducción de la jornada de trabajo sin
disminución del salario, y la derogación de las contrarreformas laborales y la
legislación que blindaba y fomentaba la precariedad laboral.
La propuesta de
redistribuir la riqueza y combatir la desigualdad social inspiró las
principales reivindicaciones de la plataforma. El objetivo de reducir la
jornada laboral sin reducir el salario se basa en los aumentos de productividad
y plusvalías que durante un largo periodo de tiempo se han acumulado y no se
han concretado en aumentos salariales significativos o en la reducción del
tiempo de trabajo. De hecho, la distribución de las rentas en España en los
últimos años muestra que la porción de las rentas del capital ha crecido,
mientras las del trabajo ha disminuido. La justificación de la patronal y
élites políticas que, la acumulación de las plusvalías, permitiría nuevas
inversiones en la creación de más y mejores puestos de trabajo se demostró
falsa, y por el contrario fomentó burbujas especulativas con el final por todos
conocidos.
La asamblea de
trabajadores/as en paro de Barcelona y, posteriormente, la Coordinadora de
asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña constituida el 12 de marzo de
2012, impulsaron diversas iniciativas para reducir el tiempo de trabajo,
denunciando especialmente las horas extras forzosas y no pagadas (más de 200
millones de horas extras anuales), y el lanzamiento de una encuesta con seis
temas, entre ellos el objetivo de la semana de 30 horas, que fue cumplimentada
por las principales organizaciones políticas, sociales, sindicales y cívicas de
Cataluña. Con resultados muy interesantes y que mostraban una empatía general
hacia la propuesta de reducir la jornada de trabajo, concretada en reducir de
inmediato la semana laboral a 35 horas y avanzar hacia las 30 horas semanales.
Las estimaciones
efectuadas, mostraban que dicha medida tendría un gran impacto en el reparto
del empleo, y por tanto en la reducción de la desocupación. Con las 35 horas se
daba un gran paso, y con las 30 horas se generaba una situación de pleno
empleo.
Sin embargo, las
principales organizaciones, especialmente los grandes sindicatos, no adoptaron
medidas efectivas y de lucha para avanzar hacia este objetivo. Los factores del
desempleo masivo, la precariedad laboral, y los efectos de la contrarreforma
laboral del gobierno del PP, que debilitaron la capacidad de negociación y el
poder de los sindicatos, explican una gran parte, pero no todo.
La alternativa de
redistribuir la riqueza también inspiró el impulso de la Iniciativa legislativa
popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía por la Asamblea de trabajadores/as
en paro de Barcelona el 15 de septiembre de 2011. Garantizar el mínimo vital a
las personas y familias que no lo tienen, apoyándose en el artículo 24.3 del
Estatut de autonomía de Cataluña, dio lugar al contenido de la ilp, que con el
apoyo de una gran pluralidad de entidades cívicas, sociales, políticas y de
personas a título individual, recogió más de 121.000 firmas. Tras superar
importantes obstáculos, a lo largo de su tramitación parlamentaria, gracias a
las movilizaciones realizadas, tres marchas de personas en paro, dos huelgas de
hambre, manifestaciones, actos, etc., culminó con la aprobación de la ley por
unanimidad el 12 de julio de 2017.
Si bien, en el
inicio, esta ley se implementó correctamente con el paso a la RGC de quienes
percibían la anterior Renta Mínima de Inserción y con la actualización de los
complementos de las pensiones con contributivas con el umbral de la RGC,
posteriormente, los responsables del Departamento de Trabajo, asuntos sociales
y familias de la generalitat dieron instrucciones al personal que ha tenido
como consecuencias la denegación masiva e injustificada de las solicitudes
presentadas a partir de 15 de septiembre de 2017, de las 113.693 solicitudes
acumuladas, solo 2.076 solicitudes de RGC y 1.752 de complementos de RGC han
sido aprobadas, es decir el 3,37% de dichas solicitudes.
Este incumplimiento
escandaloso de la ley muestra la resistencia del sistema político y administrativo
en Cataluña a distribuir la riqueza, reducir la desigualdad, cumpliendo con los
derechos de la ciudadanía y en particular, de las personas más vulnerables. La
lucha por defender los derechos gobierne quien gobierne nos concierne y convoca
a todas las personas dignas y solidarias.
Ante la nueva
coyuntura política, tras la expulsión del gobierno del gobierno del PP, y la
formación del nuevo gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sanchez, hemos de
tomar la iniciativa por el pleno empleo digno y la redistribución de la
riqueza.
Las promesas de Pedro
Sanchez, entre otras, la derogación de la contrarreforma laboral del PP,
políticas fiscales progresistas, pueden desvanecerse o diluirse bajo la presión
de los poderes económicos y las derechas de España y Cataluña.
Es necesario y
urgente recuperar la centralidad del conflicto entre capital y trabajo, impulsar
la movilización de la clase trabajadora, elevar su conciencia, facilitar su
reorganización y capacidad de lucha. El empoderamiento de la clase trabajadora,
con empleo estable o precario, personas desempleadas, mujeres y jóvenes, será
determinante para recuperar los derechos y superar el sistema capitalista.
Tambiéndebemos impulsar la movilización de la mayoría social y ciudadana,
golpeada y empobrecida por las políticas neoliberales.
Debemos movilizarnos,
de manera decidida y unitaria, en defensa de los siguientes objetivos:
Por el pleno empleo
digno y la abolición de la precariedad laboral:
-
Derogación
de las contrarreformas laborales de los gobiernos del PP y PSOE, empezando por
la última contrarreforma del gobierno Rajoy dada su enorme regresividad social
y conculcación de derechos laborales.
-
Abolición
de la legislación que blinda y favorece la precariedad laboral.
-
Reducción
del tiempo de trabajo sin disminución salarial, empezando de inmediato por la
aplicación de una ley que establezca la semana laboral de 35 horas, y avanzar a
continuación hacia la semana de 30 horas.
-
Puesta
en marcha de un salario mínimo de 1.200 euros al mes.
Por unas prestaciones
sociales dignas y el cumplimiento de los derechos básicos:
-
Derogación
de la contrarreforma de las pensiones del gobierno Zapatero, recuperando la
jubilación a los 65 años.
-
Por
una pensión mínima de 1.080 euros mensuales.
-
Por
la actualización del poder adquisitivo de las pensiones con el IPC y el abono
de los retrasos causados por la aplicación de índices de actualización
inferiores al IPC en años anteriores.
-
Por
la recuperación e incremento del subsidio de desempleo a los 52 años.
-
Por
el pleno cumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía,
revisando todas las resoluciones denegatorias o de desistimiento injustas.
-
En
defensa del derecho a la salud y educación públicas universales y de calidad.
Participemos en la
movilización estatal contra la precariedad laboral los días 24 y 27 de octubre,
defendiendo estas reivindicaciones, y las propuestas de esta jornada que
concretan los lemas de la convocatoria de octubre: Por la distribución de la
riqueza, em defensa de los derechos, salvemos el Planeta y por una Vida Digna.
Preparemos las
condiciones para la convocatoria de una Huelga General, con voluntad de
continuidad, hasta conseguir la derogación de la contrarreforma laboral, de la
legislación de la precariedad, por la semana laboral de 35 horas, en defensa de
las pensiones públicas, por un salario mínimo de 1200 euros y avanzar en el
conjunto de objetivos señalados
Medidas para abordar los desequilibrios
económicos de fondo: derogación ley orgánica de estabilidad presupuestaria, condonación
de la deuda, fiscalidad progresiva, el papel de la banca pública y la
recuperación de los instrumentos económicos para construir otro modelo
económico
Para impulsar las
medidas sociales justas y necesarias, y distribuir la riqueza, es necesario
romper con las normas y legislación que nos encadenan a las políticas de ajuste
y austeridad:
-
Derogación
del artº 135 de la constitución española, y en el caso de negarse las fuerzas
conservadoras y del bipartidismo, promover un proceso constituyente en el
conjunto del estado español.
-
Derogación
de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria, que impone las políticas de
ajuste a las comunidades autónomas y ayuntamientos, limitan el autogobierno y
recentralizan el estado.
-
Denuncia
y desvinculación del Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la
Unión Europea, y de otros tratados similares (euro plus).
Suspensión del pago
de la deuda y exigencia de su condonación:
La deuda privada
exterior de España y Cataluña es impagable e hipoteca a las generaciones futuras.
El monto principal de dicha deuda es consecuencia de las operaciones
especulativas de las empresas, bancos y transnacionales; de una relación
comercial y financiera desigual entre países, o de la socialización por el
estado de las pérdidas y bancarrotas de bancos y empresas.
Medidas para obtener
ingresos inmediatamente y poder financiar la aplicación de las medidas
sociales, y garantizar la sostenibilidad de las pensiones:
- Combate del fraude
fiscal (decenas de miles de millones de euros anuales). Prohibición y aumento
de la penalización por evasión y fraude fiscal de las empresas y grandes
fortunas. Publicación lista de defraudadores.
- Anulación de
exenciones y bonificaciones fiscales, etc., a bancos, grandes empresas y
grandes fortunas
- Incremento de la
fiscalidad a partir de ingresos superiores a 60.000 euros anuales.
Los bancos privados,
fondos buitres, y empresas energéticas, están en el origen de la especulación,
el robo, la estafa, la concentración del poder y corrupción de la élite política,
y la crisis económica. Cualquier proyecto de cambio razonable, debe adoptar
medidas para someter a control público y popular a bancos y empresas, y
expropiar y penalizar a los fondos y empresas “buitre”.
Un gobierno que
gobierne para el interés de la mayoría social, para el bien común, para las
personas, debe de dotarse de instrumentos que lo hagan posible. Ello exige
nacionalizar la banca y someterla al control democrático, y también, de las
principales empresas energéticas.
Es urgente recuperar
la soberanía alimentaria que permita desarrollar la agricultura de manera
equilibrada con la naturaleza, apostando por recuperar la variedad y la
calidad. También debemos recuperar la soberanía en otras actividades,
energéticas e industriales que permitan un desarrollo más equilibrado con la
naturaleza y la creación de empleo digno.
Sí las instituciones
de la Unión Europea persisten en aplicar políticas injustas de austeridad, si
continúan negándose a disponer de un presupuesto redistributivo suficiente, y siguen
oponiéndose a la mutualización o condonación de la deuda, debemosplantear con decisión,
la recuperación por el estado,de los instrumentos económicos que en su día se
cedieron en beneficio de un proyecto que en la actualidad está estancado, sirve
a los intereses del gran capital centroeuropeo,
y se encuentra en una crisis difícilmente reversible.
Ante el agotamiento
del sistema capitalista neoliberal
El agotamiento del
sistema capitalista ha dado señales de sus graves contradicciones e incapacidad
para garantizar los derechos y las necesidades sociales de la humanidaden
condiciones de armonía y paz.
La caída de
Lehman-Brothersy el estallido de la crisis económica internacional fueron una
señal evidente. De manera creciente, economistas de prestigio, anuncian las
dificultades del sistema capitalista para resolver con éxito nuevas crisis, al
disponer de menor margen de maniobra ante la descomunal deuda acumulada a nivel
mundial fruto de una especulación descontrolada.
La reflexión, el
debate, es mas necesario que nunca, para construir otra economía al servicio de
los seres humanos y que respete el equilibrio ecológico, que se fundamente en
los valores de justicia, igualdad, cooperación, solidaridad y fraternidad, en
lugar de los valores bárbarosdel ánimo de lucro, la codicia, la avaricia, el
egoísmo, en que se fundamenta el capitalismo, sistema que provoca gran
violencia social, la xenofobia, la guerra y amenaza la supervivencia en el planeta.
Espero que esta
jornada contribuya a avanzar en esta reflexión y la construcción de la
alternativa al desorden neoliberal imperante.
Barcelona, 10 de
septiembre de 2018
Diosdado Toledano
González (*)
(*) Esta aportación
recoge gran parte de los trabajos, debates y propuestas de la Coordinadora de
asambleas de trabajadores/as sin empleo de Cataluña(ver Plataforma
reivindicativa)
Notas:
(1)
El
31 de agosto de 2018 descendió el número de personas ocupadas en 304.602
empleos, como consecuencia de la eliminación del empleo o finalización del
contrato, superando ampliamente las cifras de años anteriores (266.362 el
31/8/2017, 257,014 en 2016, 236.687 en 2016). El Departamento de trabajo
publicaba los datos de la afiliación a la Seguridad social, con una caída en
agosto de 202.996 personas. El paro registrado en las oficinas del INEM subió
en agosto respecto al mes anterior en 47.047 personas en España, y 11.594 en
Cataluña.
(2)
https://www.telecinco.es/informativos/economia/ultra-ricos-triplican-espana-decada_0_2621850139.html
(3) La última subasta del BCE en 2017
ascendió a 233.500 millones de euros
(4)https://www.publico.es/politica/zapatero-no-publico-carta-trichet.html
(9) CARTA
REIVINDICATIVA POR EL TRABAJO DIGNO, EL PLENO
EMPLEO, Y LOS DERECHOS SOCIALES
1.- Por un puesto de trabajo digno y
estable para todas las personas sin empleo.
1.0.- Salario mínimo de 1.200 euros/mes.
1.1.-
Rechazo de las políticas de ajuste y austeridad que destruyen el empleo y
recortan derechos sociales. Suspensión inmediata del pago por el Estado de la
deuda ilegitima y odiosa. No a las leyes y tratados injustos que nos
empobrecen. Derogación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Derogación artº 135 de la Constitución española.
1.2.- Derogación de la legislación que sostiene y favorece la precariedad
laboral. Derogación de las contrarreformas laborales, la de 10 de febrero 2012
con carácter de urgencia.
1.3.- Prohibición de los despidos laborales, deslocalizaciones y rechazo de
los ERE’s. Prioridad del trabajador/a para elegir su reincorporación al puesto
de trabajo en caso de despido improcedente.
1.4.- Reforzamiento de la gestión pública del empleo. No a la privatización de los servicios de empleo ni
al recorte en políticas activas de empleo.
Prohibición y penalización de las diversas formas de prestamismo laboral.
1.5.-Puesta
en marcha de una bolsa de trabajo municipal que gestione de manera transparente
y con la participación de las AA.VV, los sindicatos y las asambleas de
parados/as el empleo generado en los servicios y empresas municipales (nuevos
empleos, sustitución vacantes, etc.), el empleo creado por planes
gubernamentales en marcha o que pudieran crearse.No a las empresas
subcontratadas. Que la contratación se lleve a término directamente desde los
ayuntamientos. Por la remunicipalización de los servicios privatizados.
2.- Reducción drástica de la jornada de trabajo sin disminución del salario
para garantizar el pleno empleo. Semana laboral de 30 horas. Prohibición de las
horas extras y destajos. Penalización de las Empresas que abusen y coaccionen a
los trabajadores/as para realizar horas extras.
3.- Por el Pleno cumplimiento e implementación de la ley de la Renta
Garantizada Ciudadana aprobada el 12 de julio 2017.
4.- Prestación de desempleo indefinida con la correspondiente cotización a
la SS hasta la recolocación definitiva.
5.- Prohibición de desahucio de su vivienda habitual a las personas y
familias desempleadas. Por un parque público de vivienda de alquiler accesible.
6.- Servicios básicos de agua, electricidad y gas gratuitos para todas
aquellas unidades familiares donde todos los miembros estén sin empleo.
6.1.- Gobierno de la Generalitat y ayuntamientos deben gestionar el pago
del alquiler en el caso de vivienda habitual, la electricidad, el gas, el agua,
los medicamentos las tasas municipales, la matrícula y libros de las escuelas
públicas y la universidad. Implantación
de una tarjeta similar a la de los pensionistas para los trabajadores en paro
para asegurar la gratuidad de tales servicios básicos.
7.-Transporte gratuito para todas las personas sin empleo para poder buscar
trabajo con facilidad, realizar las gestiones necesarias y disfrutar del ocio
con sus familias.
8.- Garantizar la formación de las personas sin empleo a través de las
instituciones públicas. No a la externalización, privatización y fraude en la
formación. La asistencia a los cursos de formación garantizará una prestación
económica a las personas sin empleo que no perciban ninguna prestación o
subsidio.
8.1.- Control democrático de la formación ocupacional por sindicatos,
AA.VV, asambleas de parados, etc., con el objetivo de asegurar su
transparencia, calidad y efectividad.
8.2.- No a las sanciones por abandonar cursos que no cumplan unos
requisitos mínimos de calidad o se evidencien pruebas de fraude.
9.- Renovación automática de la tarjeta de residencia bien se esté
trabajando o en el paro.
10.- Cesión gratuita por los ayuntamientos de un local permanente para las
necesidades de los desempleados (información, asesoramiento) y la utilización
de un local grande para realizar asambleas.
11.- Acceso gratuito y universal a los derechos sociales básicos de salud y
educación. Defensa de su carácter público. Nacionalización de los recursos,
hospitales, colegios, etc., actualmente en manos privadas.
12.- Defensa del carácter público de las pensiones. Derogación de la
contrarreforma de las pensiones de julio 2011, recuperación de la edad de
jubilación a los 65 años, para avanzar progresivamente hacia los 60 años. Por
una pensión mínima de 1080 euros mensuales.
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