El coronavirus: una puerta abierta para transformar nuestra sociedad

Juan García Ballesteros

Presidente del Colectivo Prometeo

Ante el escenario tan grave que estamos padeciendo con una pandemia que puede afectar a millones de ciudadanos europeos, posiblemente bastantes miles de muertos, cabe preguntarse ¿Toda la política social y económica de la UE desarrollada durante las ultimas décadas con un neoliberalismo salvaje que ha potenciado las privatizaciones, que ha promovido la austeridad y desmantelamiento de “lo público” está en condiciones técnicas, humanas y del necesario material sanitario para afrontar esta dura situación? Indudablemente no.

La crisis del capitalismo-neoliberal, que se lleva gestando en las últimas décadas, ha conducido a la conformación de unas sociedades en las que ha aumentado escandalosamente la desigualdad, la pérdida casi insalvable de derechos sociales y laborales y la condena a millones de personas a situaciones de exclusión social y pobreza extrema.

Si recordamos los eslóganes, mantras repetidos continuamente. para convencer a la ciudadanía de las bondades del injusto sistema, como: los mercados son los que deben regular y desarrollar las economías de los países. Los Gobiernos deben dejar que la iniciativa privada sea el motor del crecimiento, nos daremos cuenta como estas políticas nos han conducido a una total indefensión de la inmensa mayoría de la población ante situaciones de emergencia graves (COVID-19) por el desmantelamiento de servicios públicos esenciales.

Mientras determinados países asiáticos (sobre todo China, Corea del Sur y Japón) han sido capaces de controlar la expansión de la pandemia y, por tanto, demostrar que actuando a tiempo y poniendo al servicio no sólo de los profesionales sanitarios los medios técnicos, con abundantes equipos de protección y de medicación, con suficientes espacios para el tratamiento personal de los más afectados (camas, UCI,…), sino también controlando a la población con test masivos para detectar el coronavirus y aislando a inmensas zonas (millones de personas) para evitar el contagio y la extensión de la enfermedad, se puede parar en poco tiempo (dos o tres meses) la pandemia y comenzar la recuperación de la población infectada.

Estas políticas austericidas han demostrado que la UE no está preparada para una catástrofe humanitaria. Han sido muchos años de despojo, de desmantelamiento de los servicios públicos y con una clara apuesta por el debilitamiento de los servicios sociales y de transferencias del dinero público a entidades privadas para las que su implantación y desarrollo ha sido un “negocio”.

Ya estamos viendo estas consecuencias. Italia ha sido la primera en sufrir este peligroso deterioro. Es indudable que la grave extensión de la pandemia en este país ha sido como consecuencia de una falta total de responsabilidad para una respuesta rápida del propio Gobierno, pero lo peor es que Italia no está preparada (ni con personal sanitarios, ni con los medios necesarios) para afrontar la expansión del COVID-19 a muchos miles (quizás millones) de italianos. Un país que es una potencia económica (Tercera de la UE) ha tenido que pedir ayuda médica (China y Cuba) y de medios materiales (medicinas y equipos de protección) a un país que ya ha controlado la pandemia (China). Las mismas dificultades están sufriendo Francia, Bélgica y otros países de la UE, entre ellos, el nuestro.

El caso de España, por ser el nuestro, merece un apartado especial. Los poderes económicos europeos (neoliberalismo) han impuesto unas duras políticas de privatizaciones y han conseguido de los sucesivos Gobiernos (PSOE y PP) la devastación del potente sector público español que, desde los años ochenta y de forma paulatina e imparable, ha ido casi desapareciendo, sobre todo los sectores relacionados con industrias imprescindibles (siderurgia, construcción naval, minería) y sectores estratégicos (energía, banca, comunicaciones, transporte, …).

A esto se ha unido el desmantelamiento de una parte importante del poco estado de bienestar que conservaba nuestro país. Las distintas Autonomías (mucho más las gobernadas por el PP) han ido esquilmando, privatizando sectores sociales, cuyas competencias tenían asumidas, tan necesarios y vitales como la Sanidad, la dependencia o la Educación. Esta política depredadora de lo público no sólo ha servido para privar de estos derechos fundamentales a muchos ciudadanos, sino que ha engordado los bolsillos de “empresarios amigos” que han compensado con prebendas económicas a los partidos sobornados (mucho más al PP que al PSOE).

En España los casos de contagio por el Covid-19 son ya cerca de 25000 y algo más 1300 las personas fallecidas. A pesar de las medidas de aislamiento impuestas acertadamente por el Gobierno (ya funcionó en China, Corea del Sur y Japón) hace casi una semana, la pandemia se extiende a lo largo y ancho del país y aún no se sabe hasta cuándo llegará el pico de subida y en qué momento descenderán los contagios. Para esta situación de emergencia sanitaria nuestro país no estaba preparado. El gravísimo deterioro de este fundamental servicio público (la sanidad) ha complicado, tanto en personal asistencial como en material, la capacidad de reacción y ha tenido un impacto muy negativo en los momentos álgidos de la demanda y en las necesidades urgentes para afrontar la crisis.

Saldremos adelante porque la población está obedeciendo el confinamiento en casa, porque se ha generado una ola de solidaridad en determinadas empresas (aumentado su producción o cambiándola para producir materiales sanitarios necesarios), por la necesaria labor que prestan las fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, por los miles de personas (médicos, enfermeros, personal auxiliar) que están dando todos sus conocimientos y su tiempo, incluso su vida, para atajar la pandemia. También porque otros países solidarios, como China, nos están enviando no sólo medios técnicos y materiales imprescindibles, sino personal sanitario experimentado que ha sido capaz de controlar, en muy poco tiempo y escasez de fallecidos, el Covid-19 en su país. A todos ellos, gracias.

Aunque se podría decir lo mismo de todas, voy a hablar de la Comunidad Autónoma que hoy se lleva la palma de contagiados, Madrid. El presupuesto anual de la sanidad pública madrileña ha sufrido una continúa bajada, desde 12,67 % en 2010 a 10,97 % en 2019, siendo la segunda que menos invierte por habitante/año de todas las CCAA. A esto hay que añadir que en las últimas décadas el dinero presupuestado para sanidad se ha destinado mayoritariamente a financiar y desarrollar hospitales privados (50), en perjuicio de los hospitales públicos (33).

Tanto la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Público, como los sindicatos CCOO y UGT (sin olvidar las declaraciones de algunos sanitarios demostrando la grave situación) han denunciado el escandaloso el deterioro sufrido por la Atención Primaria (bajadas continuas y acentuadas en la última década), las largas demoras para las citas de espacialidades, la pérdida de 8000 empleos (médicos, enfermeros, personal de servicios), la escasez de medios materiales (mascarillas, guantes, respiradores, protectores corporales, gafas,…), la elevada cifra del gasto farmacéutico y el cierre de cerca de 3000 camas. Por ello, no es de extrañar que la sanidad pública madrileña esté colapsada, que no cuente ni con los suficientes profesionales sanitarios y de servicios, ni con los medios materiales que necesitan para atender adecua y suficientemente a la población contagiada por el coronavirus. Ahora no se les cae la cara de vergüenza y las que han hundido y desmantelado la sanidad pública madrileña (Cifuentes, Ayuso), exigen al Gobierno los medios necesarios, que ellas han escatimado, para combatir la pandemia. Es indudable que el Gobierno tiene el deber de hacer un enorme esfuerzo y dotar lo antes posible a los hospitales de todo lo que necesiten, sin escatimar medios económicos para llegar remedios (equipos, medicinas, materiales) a todos los afectados de nuestro país.

Como consecuencia de la paralización de la actividad económica, los despidos temporales (ERTE´s) o definitivos (ERE´s) y el cierre de miles de negocios han provocado que millones de personas se encuentren en una situación angustiosa, sin medios económicos para una vida mínimamente digna. Si los despidos son sólo temporales y se ponen medios suficientes para amortiguar el impacto se podrá salir adelante. Pero me temo que muchas empresas van a aprovechar la difícil situación para, como ocurrió con la crisis de 2008, despedir a trabajadores y aligerar sus plantillas a bajo coste. Esto lo tiene que evitar a toda costa el Gobierno, mediante leyes que prohíban abusos empresariales en contra de los derechos de sus empleados.

El estado de alarma y las acertadas medidas que el Gobierno (explicadas con total claridad por el Vicepresidente, Pablo Iglesias) ha tomado para ayudar a las familias y mitigar las graves consecuencias de la pérdida del empleo para millones de ciudadanos (necesaria una renta básica de cuarentena), para paliar la situación de miles de autónomos y posibilitar préstamos ventajosos para que las PYMES continúen su actividad sin despidos cuando pase la crisis, no es suficiente. Se deben ampliar para que las familias o personas vulnerables no se vean en la perversidad de sufrir un desahucio o de no tener las necesidades básicas cubiertas.

El Gobierno debería tener claro que los fondos públicos sólo deben servir para mejorar la vida de la inmensa mayoría de la población golpeada tanto por la crisis de 2008 como por la pandemia y evitar que, con los medios legales de que dispone, las grandes empresas y los poderes económicos sin escrúpulos se aprovechen de la situación, pidiendo subvenciones públicas con la amenaza de despidos, cuando lo que en realidad intentan es engordar la cuenta de sus accionistas.

Es indudable que esta peligrosa crisis está afectando gravemente (ya he recogido las causas) a determinados países de la UE (Italia, España, Grecia, Portugal, Francia, …) que deberían tomar conciencia de las consecuencias que para su población tiene la política económica aplicada ¿No debería ser el momento, cuando pase la pandemia, para plantear, entre todos estos países, un cambio de rumbo posible y necesario, para lograr una Europa social, “la Europa de los pueblos”?

Cuando salgamos de esta situación, la ciudadanía de nuestro país debe aprender de esta pandemia que su comportamiento responsable y solidario no debe ser flor de un día, pues estas situaciones de emergencia social son cíclicas. Debe comprender quienes han sido los causantes de que la tragedia haya tenido unas consecuencias tan devastadoras y reclamar la necesidad de cambios imprescindibles, pues no podemos afrontar otras crisis en las condiciones sociales, económicas y laborales que padecemos, con tanta precariedad, tanto miedo y tanta resignación. Nuestra sociedad, una gran mayoría, debe asumir el protagonismo, siendo conscientes de la realidad que estamos padeciendo para plantear qué futuro queremos. Necesitamos que esa toma de conciencia colectiva sirva para exigir a nuestro Gobierno unos servicios públicos fuertes (sanidad, educación, dependencia, vivienda, I+D,…), unos dignos derechos laborales y sociales y una red de empresas públicas que abarquen los sectores estratégicos (banca, energía, transportes, comunicaciones, …) para que se puedan acometer los cambios profundos que nuestra sociedad necesita. Debemos mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía (salarios, viviendas, pensiones, dependencia,…) y acometer los cambios hacia una sociedad más justa e igualitaria. Una sociedad que pueda afrontar los retos de un desarrollo económico que respete nuestro medio ambiente para que dejemos un Planeta habitable a las futuras generaciones.