Antonio Gómez Movellán
El Gobierno ha sometido a consulta pública una reforma de la ley del patrimonio histórico que, desde diversos ámbitos, solo cabe saludar ya que defender nuestro patrimonio histórico artístico es una de las cosas que, a partir de los años 80, en España podemos estar bastante orgullosos, por lo que reforzar y ampliar la protección solo puede ser bienvenido.
Sin embargo, existe una asignatura pendiente que requeriría una atención más sosegada del gobierno y de los legisladores ya que la reforma de la ley abre la oportunidad para plantear una reforma en profundidad de la gestión del patrimonio histórico de raíz religiosa, algo que, aunque se ha venido abordado relativamente bien por Comunidades Autónomas y Gobierno todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, es curioso que, en la ley del año 85, los bienes muebles en poder de la iglesia católica, declarados de interés cultural, tenían una cláusula de salvaguardia para no poder enajenarse y sin embargo los bienes inmuebles no. Eso ha dado pie a muchas compraventas y a operaciones inmobiliarias bastante oscuras sobre parte de este patrimonio que ha afectado a todo tipo de inmuebles históricos y donde el resultado de estas compraventas-algunas por las propias administraciones públicas- se va a ese saco sin fondo de oscuridad y opacidad que son las finanzas de las órdenes religiosas.
La asociación Europa Laica ha planteado al gobierno, en este trámite de consulta publica, una verdadera alternativa y es hacer que este patrimonio histórico quede en posesión del ámbito público y que sean las administraciones competentes en los asuntos culturales las que gestiones el mismo. Pensar que la Catedral de Burgos o la Mezquita de Córdoba sean propiedad de la iglesia no resiste la prueba ni de la historia ni de la realidad. La Iglesia católica, a través del absurdo proceso de inmatriculaciones, se ha querido apropiar de los principales monumentos de nuestro país bajo la impasible abstención del gobierno y de otras administraciones; también esta reforma puede abrir la oportunidad para cerrar este sinsentido jurídico de las inmatriculaciones de la mayor parte de nuestro monumento de raíz religiosa.
La reforma que Europa Laica está planteando al gobierno y a los grupos parlamentarios es la siguiente:
En primer lugar, intentar que la mayoría de los bienes de interés cultural en posesión de la Iglesia católica se incorporen al dominio público y a una gestión directa de las administraciones competentes en gestión cultural.
En segundo lugar, incorporar toda la red de museos y archivos diocesanos a la red pública de archivos.
En tercer lugar, la creación de un consorcio público dedicado a la protección y gestión cultural de este importante patrimonio.
En definitiva, se trataría de proteger mejor los bienes de interés cultural y no someterlos a los vaivenes y caprichos de iglesia católica. En la actualidad tenemos ante nosotros la oportunidad de reivindicar la plena propiedad y posesión publica de los bienes históricos de raíz religiosa, en base a una modificación de la ley de patrimonio. De igual manera que la ley de 1905 de separación de Iglesia Estado, en Francia, realizó una afectación general de estos inmuebles al Estado o las comunas, en España mediante la reforma de la ley de Patrimonio se podría hacer algo parecido a lo que se hizo en Francia en 1905. También hay que decir que, desde los años 80, la mayor parte de la financiación para la protección de este patrimonio histórico de raíz religiosa ha provenido de fondos europeos y del presupuesto público y la inversión de la iglesia católica ha sido marginal. Sin embargo, la explotación económica de este patrimonio lo ha sido en exclusiva por la iglesia católica, lo que no ha revertido en la conservación del mismo, sino que ha acabado en oscuros callejones de las finanzas eclesiásticas como bien puso de manifiesto, en el año 2011, el extraño robo del Códice Calixtino y la aparición de millones de euros debajo de un colchón de un sacristán.
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