miércoles, 16 de febrero de 2022

Córdoba se une a otra veintena de ciudades en su lucha por la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica

Fuente: Paradigma Media 




    Como en otras veinte localidades de todo el Estado, un grupo de personas se han concentrado hoy a las 11 de la mañana en la Subdelegación del Gobierno bajo el lema de "No son 1.000, son 100.000"en protesta por el reciente acuerdo entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal, por la que ésta se compromete a la devolución de unos 1.000 inmuebles que reconoce haber inmatriculado de forma irregular.

Córdoba Laica, una de las organizaciones patrimonialistas convocantes, ha declarado que el 16 de febrero del año pasado, la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015, lo cual consideran ya de por sí un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles. De hecho Recuperando había solicitado esa información en un escrito presentado en el Congreso el 7 de febrero de 2017.

No obstante, esa publicación fue también importante porque pone de manifiesto sus límites:

Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998.

• Los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados.

• Ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.

Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno.

Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. Córdoba Laica se pregunta: «¿Dónde están esas modificaciones legislativas?«

Por todo ello, exigen información detallada de las inmatriculaciones realizadas desde 1946 y reivindican la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida. También reivindican una ley que fije los criterios para calificar el patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro. «El Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados por la jerarquía católica«, denuncian.

Desde Europa Laica, organización a la que pertenece Córdoba Laica, se han dirigido a siete ministros de Pedro Sánchez (Carmen Calvo, José Manuel Rodríguez Uribes, Teresa Delgado, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Félix Bolaños y Pilar Llop) solicitando un contacto para hacerles llegar nuestras propuestas. Según denuncian, ninguna de estas ministras y ministros ha tenido interés en conocerlas, lo que contrasta con las negociaciones secretas que el Gobierno ha llevado a cabo con la Conferencia Episcopal y de las que ha salido el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. Por eso sienten que ha habido un evidente agravio en el tratamiento privilegiado a la Iglesia católica y desdeñoso con las organizaciones ciudadanas. La plataforma Recuperando ha solicitado una reunión con Pedro Sánchez para que, al menos, conozca personalmente sus consideraciones y propuestas.
Concentración Sevilla

«Si el Gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora estatal Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro«, afirman.

Por ello, hoy se han convocado concentraciones en distintas localidades para exigir información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público.




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