Los lobbies y sus negocios

Remedios Copa
Colectivo Prometeo

UN "LOBBY" es un grupo de presión, (también conocidos como cabilderos), creado y mantenido por la agrupación de determinadas personas, empresas o instituciones con intereses comunes con fin es influir a su favor en las decisiones que tome el poder político. Hacer "lobbing" significa hacer presión política para conseguir intereses particulares por esa razón, según Transparencia internacional, las estrechas relaciones entre empresas y gobiernos plantean riesgos en toda Europa.

En España también existen grupos de presión y son especialmente activos en algunos sectores como el energético. Uno de los grandes es el lobby eléctrico, que actualmente se abre a la incorporación de las energías renovables.

Las eléctricas son las empresas estrella, en cuanto a beneficios, en estos momentos. Sus beneficios aumentaron desde 2020 un 545%. En agosto de 2022 alcanzaron el mayor beneficio de la historia.

Pese a que la producción hidráulica se redujo frente a la registrada en 2020 y 2021 debido al descenso de la reservas de agua en los embalses, el aumento de los ingresos generados por las hidroeléctricas están registrando las cifras más altas de su historia, según el Colectivo Bidán, llegando a establecer precios incluso más altos que el gas.

Los beneficios obtenidos por la electricidad de origen hidráulico han sido para las compañías muy superiores a los obtenidos por cualquier otra tecnología. La estimación de los beneficios obtenidos de los embalses gallegos desde 2011 a 2020 alcanzó los 4.049 millones de euros. Si nos referimos a 2022, las hidroeléctricas gallegas produjeron 335.157 millones de euros en el primer cuatrimestre. La compañía vasca Iberdrola aumentó un 8% , (casi 4.000 millones), sus beneficios exprimiendo de forma salvaje el vaciado de los embalses de Orense, y sin que a día de hoy haya satisfecho la miserable e irrisoria multa de 50.000 euros que la impuso la Xunta.

Estos beneficios se deben a que el coste de los embalses está amortizado y, según el mencionado Colectivo, el coste de producción hidroeléctrica está en torno a 22,04 euros el megavatio/hora, y en algunos casos incluso mucho menor, porque la mayoría de las concesiones están vencidas, como lo demuestran distintas fuentes que señalan una media de 130 años de duración de las concesiones, cuando el límite legal está en 75 años.

También en este caso Galicia, como en otras cuestiones y no siempre para bien, es una excepción. La Xunta no sigue la política de otras zonas de España que sí han recuperado la titularidad de las concesiones. Lo lógico sería que las concesiones ya vencidas se tramitaran como empresa pública, permitiendo así un abaratamiento importante en la factura de la luz en dichas zonas.

Aunque en España hay mucha reticencia a “lo público”, sobre todo si da beneficios, en Francia y en otros países de la UE se han nacionalizado algunas empresas, precisamente para controlar los precios de la electricidad. También se han establecido impuestos a esos beneficios espectaculares de las eléctricas; pero en España eso pone al lobby de la energía en pie de guerra ante cualquier iniciativa del Gobierno que les pueda tocar sus beneficios “caídos del cielo”.

En el mes de agosto, el precio medio de la electricidad en España se situó en 307,80 euros el megavatio/hora, superando en un 46,2% el precio de agosto de 2021. Los precios de la electricidad en el mes de agosto representaron el más alto de toda la historia de la tarifa regulada, superando incluso a los anteriores a la entrada en vigor de la llamada “excepción ibérica”. De una u otra manera, las eléctricas siempre se las componen para soslayar cualquier posible limitación a sus escandalosos beneficios. Prueba de ello es la continua traba del lobby a la modificación del sistema marginalista que permite la facturación del total del mix al precio de la energía más cara.

En resumen, la razón por la que los precios de la electricidad van así está basada en la libertad que tienen las empresas para poner el precio de mercado y no el real y facturar todo al precio de la energía más cara del mercado.

Aún así, a Iberdrola no le pareció suficiente y fijó precios por encima del precio de mercado; la actuación de Anticorrupción dio pie a que cuatro de sus directivos estén acusados de un delito; el juez Ismael Moreno considera que el sistema ideado en 2013 para aumentar el precio de la energía que vendía perjudica a los consumidores. La fiscalía pide para la empresa una multa de 84 millones de euros por un delito contra el mercado y los consumidores, y para los acusados solicita 2 años de prisión, 146.000 euros de multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con el sector o cargo público. Esperemos a ver esa sentencia y, en su caso, como se cumple.

Por mucho que digan Transparencia Internacional y Anticorrupción, el poder de los lobbies y la falta de ética del sistema difícilmente se corregirá mientras sigamos instalados en el paradigma del capitalismo y la globalización.