Remedios Copa
Colectivo Prometeo
Así definen muchas voces del ámbito jurídico lo que está ocurriendo en este país.
Llevamos tiempo padeciendo en España un “lawfare” en contra de la izquierda y eso ya no es novedad ni secreto, son públicas las actuaciones ilícitas de las que han sido víctimas. Baldoví, Errejón, Iglesias y muchos otros que conforman una larga lista en la que también figura la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
Pero en España se ha pasado de un “lawfare” a una guerra judicial abierta. El “lawfare” es una categoría que se desarrolla con el funcionamiento anormal paralelo a las instituciones judiciales. En la situación actual se trata de una operación extrema para derribar al Gobierno. Así lo declaraba E. Ekaizer días pasados en una entrevista.
Dice Ekaizer que estamos ante un acontecimiento histórico de naturaleza extrema de la derecha judicial para acabar con el Gobierno. El juez Peinado ha buscado ir a La Moncloa para conseguir grabar allí al Presidente Sánchez durante unos minutos y tener esa filmación para los medios, para desgastar y tumbar al Ejecutivo. Habla de una y derecha sedienta de poder. “Esa grabación la difundirá después Ana Rosa y otros medios…” y los partidos de derecha y ultraderecha.
Asegura que estamos en una guerra abierta contra el Gobierno y no un simple “lawfare”, “porque la derecha de este país ha entrado en una guerra judicial abierta, ya no sucia, contra el Gobierno”, eso es lo que estamos presenciando.
Cuando le preguntan por el juez Peinado y su objetivo, hace una alusión a la época de Napoleón, al principio de 1800, en que el juez instructor es el hombre más poderoso de toda Francia y, en este momento, el juez Peinado, un hombre sin una trayectoria jurídica destacada, “se siente, como decía Napoleón “el hombre más poderoso de toda Francia” y quiso unos minutos de filmación, aunque sea breve, entrando en Moncloa, con el Presidente del Gobierno, donde él me diga la versión de los hechos”. Por lo tanto, en ese momento el juez Peinado está “siendo el hombre más poderoso de toda España”.
Unos hechos que ni siquiera acaban de estar determinados, pese a que algunos, (véase como ejemplo el Alcalde de Madrid), ya definen como hechos probados antes incluso de concluir la investigación e ignorando que los hechos probados son únicamente los que consten en una Sentencia judicial.
La carencia de formación jurídica en la ciudadanía en general y la distorsión de conceptos y hechos que hace la derecha y la mayor parte de la prensa y otros medios de comunicación, e incluso como señalaba antes distorsionan quienes están titulados en derecho como el Sr. Almeida, abogado del Estado, sea por falta de dominio del Derecho Penal o por afán de confundir, están provocando confusión y descredito entre la ciudadanía, aún siendo totalmente erróneo lo que difundan además de injusto. Pero en esa guerra sucia para desacreditar al gobierno resulta eminentemente eficaz. Y si el descrédito parte del ámbito judicial, mucho más rentable para la derecha que si lo hace directamente de motu proprio el PP o Vox.
No hay que olvidar que Aznar ha instado a que “el que pueda hacer que haga”, todo vale porque según él, (y el resto de la derecha), hay que derribar a este Gobierno que es la ruina de España.
En cuanto a lo que pudiera haber declarado el Presidente Sánchez, los argumentos del juez Peinado para citarle como testigo eran contradictorios. Por un lado aseguraba citarle como esposo de Begoña Gómez, en cuyo caso puede acogerse a su derecho legal a no declarar contra ella, (art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y si lo citaba como Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tenía derecho a declarar por escrito y obligación de decir la verdad. Esta contradicción en el aspecto legal dejaba bien claro que lo que interesaba era el numerito para desacreditar al Ejecutivo de forma torticera.
Es francamente penoso que se esté desacreditando a nuestro país y a sus instituciones de forma tan vil y, para más inri, que esta guerra sucia parta de quienes dicen querer salvar España. ¿De quién habrá que salvarla?
Lo que está promoviendo la derecha, PP y Vox y sus jueces afines tanto con el “lawfare” como con esta guerra judicial abierta, (juez Peinado, T. S.), haciendo una investigación prospectiva que es ilegal y está prohibida en todo el mundo, como negándose a aplicar una Ley, (Ley de Amnistía), aprobada por el Poder Legislativo.
De todo esto y de las causas que promueven las aberraciones antijurídicas y anti constitucionales que estamos padeciendo es necesario hablar en términos sencillos y hacer pedagogía de lo que contiene nuestro Ordenamiento Jurídico al respecto, para que resulte comprensible a la ciudadanía y pueda así defenderse de la manipulación y mentiras con conocimiento objetivo y criterio propio para formarse una opinión lo más verídica y real posible de lo que acontece y de lo que hay detrás.
Estos días se habla también de las deficiencias que el Informe de la UE sobre el estado de la justicia señala a España. Al respecto les puedo recordar artículos de opinión escritos en 2017 y posteriores que señalaban similares deficiencias referidas a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y a las trabas a la instrucción de casos de corrupción en el PP, cuya gravedad quedó posteriormente patente en sentencias judiciales firmes.
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