El expolio silencioso: la Iglesia y las inmatriculaciones en Canarias

Manuel Marrero Morales

Colectivo Prometeo

     Durante décadas, un proceso legal opaco y profundamente injusto ha permitido a la Iglesia Católica apropiarse de bienes que, por historia, uso y financiación, pertenecen a la ciudadanía. Se trata de las inmatriculaciones, un mecanismo que, amparado por leyes preconstitucionales y un decreto de Aznar en 1998, ha convertido a la Iglesia en la mayor inmobiliaria de España y posiblemente de toda la UE, y también ha dejado una profunda huella en Canarias.

Entre 1998 y 2015, la Iglesia inmatriculó en nuestro archipiélago 532 propiedades. La cifra, de por sí significativa, es aún más grave cuando se analiza su procedencia: el 76% de estos bienes —es decir, 407— carecían de certificación que acreditara su propiedad. La Iglesia simplemente declaraba, sin mostrar documentos, que esos bienes le pertenecían "desde tiempo inmemorial", y el Registro de la Propiedad lo aceptaba. 

Por apenas 25 euros por propiedad, se adueñó de inmuebles cuyo valor real asciende a muchos millones. Ese 76% de las propiedades que la Iglesia inmatriculó en las Islas de 1998 a 2015 y que no tiene documentación acreditativa de propiedad, se distribuye así por islas: la totalidad de las 21 en La Gomera; 53 de 56 en La Palma; 17 de 19 en El Hierro; 110 de 136 en Gran Canaria; 34 de 38 en Lanzarote; 117 de 161 en Tenerife y 53 de 102 en Fuerteventura.

Tomemos como ejemplo La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Allí, la Iglesia posee 114 inmuebles exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con un valor catastral de 40,3 millones de euros. De ellos, 28 fueron inmatriculados en ese periodo, y 25 lo fueron sin ningún documento que lo justificara. Aún estamos esperando a que el Ayuntamiento actúe recuperando para lo público lo que pertenece al conjunto de la ciudadanía. Casos similares se repiten en Los Realejos, Teguise, Güímar o Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué se esconde detrás de esta operación? No se trata solo de templos, sino también de plazas, solares, viviendas y locales que han sido patrimonio comunal durante siglos, construidos y mantenidos con el esfuerzo y el dinero de los vecinos. La inmatriculación no buscaba dar "seguridad jurídica", sino la capacidad de vender, alquilar o hipotecar unos bienes que, en realidad, son de todos.

Este proceso ha sido calificado como arbitrario por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como inconstitucional por vulnerar el principio de separación Iglesia-Estado. Sin embargo, a pesar de que en 2015 se modificó la ley, las inmatriculaciones realizadas hasta entonces no se anularon. La Iglesia conserva lo adquirido. Y el Gobierno del Estado ha dado por buenos los datos proporcionados por la Iglesia, intentando dar carpetazo a este expolio silencioso, cuya recuperación clamamos a gritos desde Europa Laica y Canarias Laica.

Frente a esto, los ayuntamientos canarios tienen una responsabilidad y una herramienta legal clave. La Ley de Patrimonio les obliga a defender los bienes públicos y a ejercer las acciones judiciales necesarias para recuperarlos. Algunos, con resultados dispares, ya lo están haciendo, litigando por plazas y parques inmatriculados. Pero solo 13 de los 88 municipios canarios respondieron a la solicitud de información sobre bienes exentos de IBI propiedad de la Iglesia hecha en su momento desde el Parlamento de Canarias.

Es hora de que las instituciones canarias, empezando por los ayuntamientos y con el apoyo del Gobierno autónomo, asuman un papel activo en la recuperación de este patrimonio expoliado. Necesitamos un inventario completo y transparente, y acciones legales firmes para revertir unas inscripciones que se realizaron al margen de la legalidad vigente y del sentido común.

Lo que el pueblo construyó entre todos y se mantiene con subvenciones públicas —es decir, con el dinero de todos— debe volver a ser de todos. Y así debiera ser, tanto con la Mezquita de Córdoba como con la Catedral de La Laguna. Este es un asunto de justicia histórica y democracia. Canarias no puede permitir que su patrimonio cultural y colectivo siga en manos privadas gracias a un procedimiento que señala un déficit de calidad democrática en nuestro estado de derecho.

La ciudadanía debe estar informada y exigir a sus representantes que actúen. El expolio fue silencioso, pero la recuperación no puede serlo. Debemos convertirlo en un clamor a las instituciones: separación Iglesia-Estado y recuperación de los bienes públicos de los que, a través de las inmatriculaciones, se ha adueñado la Iglesia Católica. Al César, lo que es del César.