En Córdoba, acudir a la justicia laboral es, para trabajadores y trabajadoras, un proceso largo y desesperante.
Los juzgados de lo social acumulan retrasos, los procedimientos se alargan meses o años, y mientras tanto esos trabajadores y trabajadoras despedidas o explotadas queda en el aire.
La empresa, en cambio, juega con ventaja: despide sabiendo que el proceso será lento, incumple sabiendo que la sanción llegará tarde y presiona sabiendo que el sistema no responde con rapidez.
Esto genera impunidad estructural y desmonta la única herramienta que el Sistema nos ha dejado para defendernos dentro del sistema a la clase trabajadora.
La justicia laboral, tal y como está diseñada, no equilibra la relación laboral: la inclina aún más hacia el capital.
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