Frente Cívico: Resolución contra la reforma laboral

El 10 de Febrero se cumplirá un año de la aprobación de la reforma laboral a través del Real Decreto-ley 3/2012, que sin duda constituye el mayor ataque al movimiento obrero y el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde la llegada de la democracia. El desarrollo y ejecución de esta reforma legislativa ha confirmado las peores expectativas, debilitando a los sindicatos, socavando el principio de estabilidad en el empleo y protagonizando una auténtica refundación de las bases y estructuras que conforman el sistema laboral. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, puede concluirse que la reforma laboral estaba cuidadosamente concebida para permitir la sobreexplotación de los trabajadores, abriendo el camino a la implantación de condiciones extremadamente duras.
1) Por lo pronto, es innegable que la reforma ha contribuido notablemente al dramático incremento del desempleo. En lugar de crear empleo, y como cabía temer, el abaratamiento del despido aprobado por el Gobierno ha intensificado el proceso de destrucción de puestos de trabajo originado por la crisis.
Los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2012 son concluyentes: el número de parados alcanzó un nuevo máximo histórico, 5.965.400 personas, elevando la tasa de desempleo al 26,2% de la población activa.
Buena parte de esta sangría de empleo deriva de la facilitación del procedimiento para realizar despidos colectivos, que ha transformado los expedientes de regulación de empleo en una opción más del abanico de posibilidades de gestión cotidiana de la empresa. Así, los trabajadores afectados por estos despidos aumentaron un 21,2 % durante los ocho primeros meses de 2012, afectando a un total de 299.021 trabajadores, como refleja el Boletín de Estadísticas Laborales.
Además, la situación de paro juvenil es estremecedora, alcanzando al 55,13 % de las personas menores de 25 años. Es un dato que revela, aparte de su inutilidad,  la verdadera magnitud de la catástrofe humanitaria inducida por los ajustes y recortes y la política de austeridad impuesta por la “troika”.
2) En segundo lugar, la reforma laboral está provocando una violenta reducción de  los salarios, decir, una acelerada disminución de las retribuciones del trabajo en la renta nacional, impuesta a través de los mecanismos de flexibilidad interna y la reforma de la negociación colectiva. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral sitúa el coste salarial por trabajador en el  tercer trimestre de 2012 en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73). Es previsible que esta tendencia se acentúe en el futuro inmediato, pues la negociación colectiva se concentra en los primeros meses del año y todo hace pensar que la patronal va a utilizar a fondo la degradación de la negociación colectiva y del papel contractual de los sindicatos,  especialmente la limitación de la “ultraactividad”, para seguir deteriorando las condiciones de trabajo. Por si hubiera alguna duda, se ha bloqueado la retribución de los funcionarios y se ha congelado prácticamente el salario mínimo, abriéndose el camino a una negociación defensiva que acabará convirtiendo a los mileuristas en auténticos privilegiados.
3) En tercer lugar, hay peligros inminentes de una nueva y grave agresión contra los ciudadanos: la activación de los despidos colectivos en las Administraciones Públicas, que puede reducir drásticamente el número de trabajadores en el sector público y, en consecuencia también, su actividad prestacional, contribuyendo al incremento del paro y al deterioro de los servicios públicos esenciales en nuestro país. Innumerables ayuntamientos y organismos públicos están siguiendo esta vía para reducir sus gastos de personal e imponer graves recortes sociales.
4) Finalmente, la situación de desempleo masivo y el retroceso salarial descrito suponen un grave riesgo para el mantenimiento de la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. De no invertirse el ritmo actual de destrucción de puestos de trabajo (menos cotizantes) y el proceso de involución salarial (más bajas cotizaciones), es decir, de no modificarse radicalmente la política económica y social, estamos abocados a una sensible disminución de la cuantía de la pensión para la mayoría de la población. Los datos de afiliación correspondientes al mes de enero de 2013 son tan  preocupantes como elocuentes: los afiliados a la Seguridad Social disminuyeron en 263.243 personas (un 1,60%), lo que sitúa la cifra global de ocupados en 16.179.438,  con un descenso 4,59% respecto al año anterior, hundiéndose a niveles de 2001.
A la vista de esta situación, el FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA manifiesta su rotundo rechazo a la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular y reitera su propósito de construir un bloque ciudadano que impida su consolidación en el ordenamiento jurídico. El acoso a las organizaciones obreras y la desregulación del trabajo asalariado erosiona gravemente las bases de la convivencia en nuestra sociedad y aboca a una situación de conflicto prolongado y desesperado. La reforma laboral debe ser derogada y sustituida por otra que vaya en sentido contrario a las de los años 2010 (PSOE) y 2012 (PP). El reforzamiento del papel de los sindicatos y el desarrollo de la legislación laboral en un sentido progresista es una vía  eficaz y necesaria para combatir el desempleo y otorgar seguridad a la mayoría de la población, contribuyendo a hacer posible el sueño de una sociedad más justa e igualitaria.

Madrid, 9 de febrero de 2013