Cola ante una oficina del INEM en Madrid REUTERS
El 10 de Febrero se cumplirá un año de la aprobación de la reforma
laboral a través del Real Decreto-ley 3/2012, que sin duda constituye el
mayor ataque al movimiento obrero y el mayor retroceso en la protección
de los trabajadores desde la llegada de la democracia. El desarrollo y
ejecución de esta reforma legislativa ha confirmado las peores
expectativas, debilitando a los sindicatos, socavando el principio de
estabilidad en el empleo y protagonizando una auténtica refundación de
las bases y estructuras que conforman el sistema laboral. Transcurrido
un año desde su entrada en vigor, puede concluirse que la reforma
laboral estaba cuidadosamente concebida para permitir la
sobreexplotación de los trabajadores, abriendo el camino a la
implantación de condiciones extremadamente duras.
1) Por lo pronto, es innegable que la reforma ha
contribuido notablemente al dramático incremento del desempleo. En lugar
de crear empleo, y como cabía temer, el abaratamiento del despido
aprobado por el Gobierno ha intensificado el proceso de destrucción de
puestos de trabajo originado por la crisis.
Los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2012 son concluyentes: el
número de parados alcanzó un nuevo máximo histórico, 5.965.400
personas, elevando la tasa de desempleo al 26,2% de la población activa.
Buena parte de esta sangría de empleo deriva de la facilitación del
procedimiento para realizar despidos colectivos, que ha transformado los
expedientes de regulación de empleo en una opción más del abanico de
posibilidades de gestión cotidiana de la empresa. Así, los trabajadores
afectados por estos despidos aumentaron un 21,2 % durante los ocho
primeros meses de 2012, afectando a un total de 299.021 trabajadores,
como refleja el Boletín de Estadísticas Laborales.
Además, la situación de paro juvenil es estremecedora, alcanzando al
55,13 % de las personas menores de 25 años. Es un dato que revela,
aparte de su inutilidad, la verdadera magnitud de la catástrofe
humanitaria inducida por los ajustes y recortes y la política de
austeridad impuesta por la “troika”.
2) En segundo lugar, la reforma laboral está
provocando una violenta reducción de los salarios, decir, una acelerada
disminución de las retribuciones del trabajo en la renta nacional,
impuesta a través de los mecanismos de flexibilidad interna y la reforma
de la negociación colectiva. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral
sitúa el coste salarial por trabajador en el tercer trimestre de 2012
en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre
(1.939,73). Es previsible que esta tendencia se acentúe en el futuro
inmediato, pues la negociación colectiva se concentra en los primeros
meses del año y todo hace pensar que la patronal va a utilizar a fondo
la degradación de la negociación colectiva y del papel contractual de
los sindicatos, especialmente la limitación de la “ultraactividad”,
para seguir deteriorando las condiciones de trabajo. Por si hubiera
alguna duda, se ha bloqueado la retribución de los funcionarios y se ha
congelado prácticamente el salario mínimo, abriéndose el camino a una
negociación defensiva que acabará convirtiendo a los mileuristas en auténticos privilegiados.
3) En tercer lugar, hay peligros inminentes de una
nueva y grave agresión contra los ciudadanos: la activación de los
despidos colectivos en las Administraciones Públicas, que puede reducir
drásticamente el número de trabajadores en el sector público y, en
consecuencia también, su actividad prestacional, contribuyendo al
incremento del paro y al deterioro de los servicios públicos esenciales
en nuestro país. Innumerables ayuntamientos y organismos públicos están
siguiendo esta vía para reducir sus gastos de personal e imponer graves
recortes sociales.
4) Finalmente, la situación de desempleo masivo y el
retroceso salarial descrito suponen un grave riesgo para el
mantenimiento de la protección dispensada por el poder público a través
de la pensión de jubilación. De no invertirse el ritmo actual de
destrucción de puestos de trabajo (menos cotizantes) y el proceso de
involución salarial (más bajas cotizaciones), es decir, de no
modificarse radicalmente la política económica y social, estamos
abocados a una sensible disminución de la cuantía de la pensión para la
mayoría de la población. Los datos de afiliación correspondientes al mes
de enero de 2013 son tan preocupantes como elocuentes: los afiliados a
la Seguridad Social disminuyeron en 263.243 personas (un 1,60%), lo que
sitúa la cifra global de ocupados en 16.179.438, con un descenso 4,59%
respecto al año anterior, hundiéndose a niveles de 2001.
A la vista de esta situación, el FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA
manifiesta su rotundo rechazo a la reforma laboral aprobada por el
Gobierno del Partido Popular y reitera su propósito de construir un
bloque ciudadano que impida su consolidación en el ordenamiento
jurídico. El acoso a las organizaciones obreras y la desregulación del
trabajo asalariado erosiona gravemente las bases de la convivencia en
nuestra sociedad y aboca a una situación de conflicto prolongado y
desesperado. La reforma laboral debe ser derogada y sustituida por otra
que vaya en sentido contrario a las de los años 2010 (PSOE) y 2012 (PP).
El reforzamiento del papel de los sindicatos y el desarrollo de la
legislación laboral en un sentido progresista es una vía eficaz y
necesaria para combatir el desempleo y otorgar seguridad a la mayoría de
la población, contribuyendo a hacer posible el sueño de una sociedad
más justa e igualitaria.
Madrid, 9 de febrero de 2013
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