Manuel
Marrero Morales
La
LOMCE del denostado Ministro Wert esta construida sobe tres pilares:
por una parte, es un acto revanchista de la otrora Alianza Popular
hoy transmutada en el Partido Popular, a ello se añade la plasmación
de las doctrinas neoliberales en materia
educativa y, como tercer pilar, la concreción de los designios de la
Iglesia Católica, a cuyos pies, arrodillado, se encuentra el
Gobierno de Rajoy.
Esta
ley significa un retroceso de, al menos, medio siglo en materia
educativa. Han pasado 35 años desde que se debatió y aprobó la
Constitución Española, con el artículo 27, regulador del derecho a
la educación, como uno de los más controvertidos. Los puntos más
discutidos eran el 5, la programación general de la enseñanza, y el
7, la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión
de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Hasta el debate
en el Pleno del Congreso llevó la derecha de Alianza Popular las
enmiendas a estos dos puntos, que fueron rechazadas. Alianza Popular
planteó la financiación inmediata e indiscriminada de todos los
centros privados en los niveles obligatorios y, además, reducir al
mínimo la participación (el control democrático) en los centros
privados con fondos públicos.
Posteriormente,
la UCD aprobó la ley 5/1980
LOECE,
no
admitiendo enmienda alguna (238 presentadas) y afirmando el Ministro
Otero
Novas: ”Creo
que en materia de educación no es posible el pacto. El pacto en este
tema no conviene". Alianza
Popular recurrió la Ley
8/1985
LODE,
planteada
por el PSOE y su Ministro Maravall. Las enmiendas rechazas de
entonces son las que ahora el PP introduce en la LOMCE. Seis motivos
reclamados ante el Tribunal Constitucional, todos ellos referidos a
la libertad
de enseñanza” entendida con libertad de creación y derecho de
financiación así como libertad de gestión de los centros. Con
la LOMCE, la revancha esta servida para abundar en la línea de
favorecer que el dinero público se siga destinando a espuertas, sin
control alguno, al negocio privado de la educación, superando
incluso en medidas retrógradas al gobierno de Aznar, con la Ley
10/2002. LOCE
de
Pilar del Castillo.
El
PP nos quiere hacer retroceder a lo que analizaba el Libro Blanco del
69 que sirvió para la preparación de la ley de 1970, última ley
educativa del Franquismo y que elimino las reválidas que ahora
resucita el PP: "de
cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza Primaria en 1951,
llegaron a ingresar 27 en Enseñanza Media; aprobaron la reválida
de Bachillerato Elemental 18 y 10 el Bachillerato Superior; aprobaron
el Preuniversitario cinco y culminaron estudios universitarios tres
alumnos en 1967". Por
este motivo de selección de las especies en función de la clase
social a la que pertenezcan, quiere el PP implantar nuevamente las
reválidas, además de reforzar su concepción centralista del Estado
y asumir la función evaluadora del profesorado al que ningunea.
El
segundo pilar sobre el que se asienta esta Ley del PP es el mandato
de la Unión Europea (Acuerdos de Lisboa) y sus doctrinas
neoliberales en las que se plasman los objetivos que desde los
centros del poder capitalista se han decidido para la educación de
las clases populares: la educación al servicio del mercado, las
denominadas "competencias básicas" o aquellas cosas
esenciales - según ellos- que el alumnado debe "saber hacer".
Todo ello unido a los recortes en materia educativa y al
empeoramiento de las condición de trabajo en la enseñanza. Entre
2010 y 2013 se han recortado de los Presupuestos Generales del Estado
en educación 6.401 millones de euros. Empeorar el servicio público
para favorecer su privatización es una máxima del Gobierno del PP,
como lo esta haciendo con la sanidad y los servicios sociales. La
educación como servicio público es objeto de mecantilización. Todo
lo público se ha convertido en una oportunidad para los negocios. Y
cuando hablamos de lo público, estamos hablando de nuestros
derechos, que han sido conquistados con luchas durante décadas.
Por
ultimo, el tercer pilar sobre el que se asienta esta ley-revancha es
la estrecha connivencia entre el Gobierno actual del PP (y también
los anteriores del PSOE), y la Conferencia Episcopal Española. Las
sugerencias de Rouco son órdenes para Rajoy y sus ministros.
No
deja de ser un anacronismo vergonzante que aún siga en vigor el
Concordato de 1953, cuyo encabezamiento era "En el nombre de la
santísima Trinidad" y que reconocía a la Iglesia el status de
"sociedad perfecta". Así como los acuerdos de 1976 y 1979,
el último de ellos, negociado en paralelo a la aprobación de la
Constitución del 78, pero fuera de ella. Su artífice, el entonces
Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, propagandista
católico confeso. El paso del PSOE de Felipe Glez., con mayorías
absolutas, no sirvió para que el Concordato y los Acuerdos fueran
denunciados, por lo que parece poco creíble la actual posición de
algunos dirigentes de dicho partido que hablan de un Estado Laico.
En
definitiva, el revanchismo en la educación, y la obediencia debida
tanto a los designios de la Iglesia Católica como al neoliberalismo
imperante en la Unión Europea, son los pilares fundamentales sobre
los que se asienta la LOMCE.
Frente
a este retroceso educativo de más de medio siglo, debemos
reivindicar leyes democráticas, de un Estado Laico y que respondan a
los intereses generales y no a los del mercado y el confesionalismo
católico.
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