viernes, 6 de diciembre de 2013

El Ayuntamiento de Córdoba reclama al Juzgado el desalojo cautelar del Rey Heredia


    Ayer jueves 5, 8 compañeros y compañeras de la Acampada Dignidad fueron citados a comparecer ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Córdoba a fin de recoger un auto judicial a resultas de una denuncia municipal por un delito de usurpación (ART 245.2 CP) en relación al uso que la Acampada está haciendo del Colegio Rey Heredia.
    En dicho auto, se les cita para declarar como imputados el próximo 16 de enero. El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado además al Juzgado el desalojo inmediato del Colegio Rey Heredia como medida cautelar.
     La Acampada Dignidad presentará alegaciones contra estas medidas y en concreto contra la reclamación municipal de desalojo, entendiendo que no es necesaria ni proporcional.
     Es evidente que el inmueble no solo no ha sufrido daño alguno, sino que por el contrario ha sido restaurado y recuperado del estado de abandono en que lo mantenía el Ayuntamiento. De la propia documentación municipal adjuntada a la denuncia, se deduce que el Ayuntamiento carece de  proyecto concreto de uso para el edificio, a corto o medio plazo, por lo que el desalojo sólo conduciría a devolver el inmueble a su estado previo de abandono y desuso.
    La decisión de desalojar el Centro Social Rey Heredia, supondría la interrupción de la iniciativa de Cocina Abierta, comedor social que visitan cerca de 100 personas diarias. Imposibilitaría igualmente las clase de apoyo de distintas materias para niños y adultos sin recursos, además de otras muchas iniciativas en marcha, como el punto de información y asesoramiento socio-laboral, la radio y un huerto comunitario, dejando además sin espacio para reunirse y desarrollar sus actividades a decenas de colectivos que de forma cotidiana usan  el centro desde el 4 de octubre.
    Reclamar una medida como esta solo puede entender desde la voluntad del Alcalde José Antonio Nieto, de acabar con una iniciativa que, en solo dos meses, se ha consolidado , poniendo en cuestión su propia incapacidad para dar respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, evidenciando el abandono de lo bienes públicos y señalando los efectos de las políticas antisociales y criminales de los gobiernos del PP.

    Las alegaciones del Ayuntamiento ante el Juzgado, en base a documentación interna, en el sentido de que está trabajando en la cesión de dicho espacio a colectivos vecinales, no suenan sino a justificación para el desalojo, y contrastan con la falta de interlocución real con colectivo vecinal alguno en este sentido y con la falta de propuestas concretas de uso conocidas, más allá de las improvisaciones y modificaciones sobre un PGOU, que la propia política de recortes impulsada por su partido impide  llevar a cabo.
    Un Ayuntamiento, que es sumiso a los poderosos y represivo con quienes sufren sus políticas, no admite que desde la solidaridad y el apoyo mutuo, sin un euro de financiación institucional y con la colaboración desinteresada de decenas de personas se organice la respuesta a las políticas contra las personas y los derechos sociales del gobierno.
      Desde la Acampada Dignidad , se tomarán las medidas legales oportunas para tratar de impedir que el centro vuelva a quedar abandonado, y para defender a los 8 compañeros y compañeras  imputados, que son sólo una parte de un colectivo mucho más amplio contra el que el Ayuntamiento no se atreve a actuar porque tendría que procesar a cientos de personas.
     Pero la Acampada Dignidad no se va a quedar en los juzgados, y prepara ya movilizaciones y acciones para evidenciar el apoyo popular a la liberación del Rey Heredia, y a las iniciativas en marcha, tenemos una larga lucha por delante que no ha hecho nada más que empezar.
ACAMPADA DIGNIDAD CÓRDOBA

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