Manuel Delgado Milan
Colectivo Prometeo / FCSM
El
Frente Cívico Somos Mayoría aborda con su petición de personarse en el Caso
Noos el fenómeno de la corrupción, como la manifestación más evidente de que el
poder institucional no es el verdadero poder porque está dominado y al servicio
del poder económico. Como este verdadero poder no puede cumplir las leyes más
que en su apariencia externa, se dota de otros mecanismos, al margen del
sistema legal, que no aparecen públicamente más que en caso de emergencia.
La
emergencia actual para ese “Estado” subterráneo tiene en la imputación de la
Infanta su manifestación más clara, pero no es ni mucho menos la única. Ha sido
y es de tal entidad la podredumbre que nos asola por todas partes que las
alcantarillas se han colapsado y reboza a la superficie hasta las más altas
cotas. La existencia de jueces concretos que intentan ser coherentes con su
obligación de independencia e imparcialidad, sometiéndose solo a la ley, es
decir los que se salen del guión preestablecido, han forzado a que, para
compensar, otros agentes del sistema utilicen cualquier resquicio para imponer, sobre la ley, la fuerza del
verdadero poder.
Ser conscientes de la realidad nos puede llevar a dos posiciones antagónicas, a elegir entre dos alternativas vitales que producirán consecuencias en cada uno individualmente y en la sociedad en su conjunto. La primera es resignarse a que la ciudadanía no tiene el poder, nunca lo tuvo y nunca lo tendrá. Como estamos viendo en ese pecado llevamos estas penitencias. La segunda es creer que podemos ejercer colectivamente nuestro poder, ese que la Constitución llama soberanía nacional, esa que reside en el pueblo español y de la que tendrían que emanar todos los poderes del Estado.
Ante
la constatación de que la ciudadanía y sus derechos hoy no valen nada, de que
las personas somos mercancía cada vez más barata, en Frente Cívico Somos
Mayoría optamos por actuar. En la sociedad crece la idea de que no podemos
resignarnos, de que resignarnos es morir lentamente en la indignidad. En el
escrito de personación en el caso Noos, lo expreso así:
“El pueblo español observa el
deterioro de las instituciones de las que se ha dotado y se siente moralmente
agredido por la falta de respeto que se desprende de […] las manifestaciones
públicas y de los escritos procesales de quienes, con mayor exigencia, debieran
asumir la defensa de lo colectivo. Defenderemos la igualdad real de todos los
ciudadanos ante la ley, el correcto funcionamiento de las instituciones que
deben ser garantes de su aplicación; colaboraremos al equilibrio real entre las
posiciones defensoras y acusadoras en este procedimiento, y reaccionaremos ante
cualquier cuestionamiento injustificado e intolerable a la independencia e
imparcialidad del juez, pues en la dignidad de su labor tenemos los ciudadanos
depositada la nuestra”.
Hay
momentos en los que la rebelión no es una opción, es una obligación. Hay
momentos en los que pasar a la ofensiva es la única manera de defenderse.
Estas
son las armas que tenemos: las leyes que nos amparan, el ejercicio pleno de los
derechos y libertades civiles para expresar nuestra voluntad mayoritaria, es
decir nuestra soberanía; y finalmente, cuando las leyes vulneren los Derechos
Humanos o se usen contra esta voluntad mayoritaria y contra los derechos
inherentes a las personas, sólo nos quedará la desobediencia y la rebelión.
Nuestra
fortaleza está en la razón mayoritaria que se manifiesta en la ley suprema del
respeto a los Derechos Humanos, a ese
mínimo de dignidad del que nadie puede prescindir y que nadie tiene concedido el
poder de violar. Pero esa ley no se impone por si misma, necesitamos
organizarnos, unirnos y construir el poder de la ciudadanía en un Estado donde
el Derecho esté por encima de la fuerza y la ley evite la arbitrariedad del
poderoso exigiendo que ésta se aplique a todos por igual. Es decir, no podemos
prescindir del Estado de Derecho ni dejar que sea letra muerta en un
papel.
Podemos,
y es hoy más imprescindible que nunca, construir el Estado verdaderamente
Democrático en defensa del Estado Social. Para ello necesitamos una la ley
electoral que garantice la responsabilidad directa ante sus electores de
nuestros representantes, que éstos estén respaldados por el mismo número de
ciudadanos; que uno de los delitos más graves sea el de estafa electoral; que
el pueblo decida directamente sobre las cuestiones fundamentales como son la
organización del Estado y el equilibrio de sus Poderes, los derechos y
libertades garantizados, sus responsabilidades y sus obligaciones; la
planificación y el control democrático de la economía en sus sectores estratégicos,
garantizando que la riqueza nacional esté supeditada al interés general que se
concreta en una vida digna para todos los ciudadanos y en el mantenimiento de
unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos.
Como todos estos objetivos no se apartan de la Constitución, están legitimados por la aspiración de los seres humanos a vernos libres de la necesidad, pero son incompatibles con la corrupción, la represión más legítima es la que ejerce el juez concreto en nombre de toda la ciudadanía para defender “el Estado de Derecho, del que forma parte esencial el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el correcto equilibrio de los poderes del Estado” Para ello, “al amparo de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución, artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” el FRENTE CÍVICO en nombre de LA MAYORÍA, ha solicitado personarse en las diligencias previas 2677/08, Pieza Separada, 25, del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca, a cargo del Juez Don José Castro.
Lo hacemos porque, en definitiva, estamos convencidos de que en este asunto tanto el juez como la ciudadanía somos inocentes, porque queremos que las leyes se apliquen a todos por igual y, “sin adelantar acontecimientos”, pelearemos para que a la mayoría social y al Estado Social y Democrático de Derecho, “nos vaya bien”.
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