FCSM y Colectivo Prometeo
La pasada semana,
el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a denunciar al Centro Social
Rey Heredia. En esta ocasión, la denuncia ante la Consejería de
Sanidad de la Junta de Andalucía viene motivada por una cuestión de higiene y salud
pública en el comedor social que lleva funcionando desde hace ya más
de nueve meses.
No es de extrañar, a la luz de la
trayectoria seguida por el Consistorio, esta nueva acción del sr.
José Antonio Nieto. Lo que si extraña más y hasta empieza a ser
tedioso es el empecinamiento ideológico y argumental usado por los
inquilinos del Ayuntamiento, pues de nuevo ponen encima de la mesa la
cuestión legal para censurar e intentar impedir cualquier iniciativa
que en la Acampada Dignidad se lleva a cabo, y que no tiene otro
objeto que conducir a la expulsión de ésta del colegio.
Ahora bien, ¿cómo es posible que
estos señores y señoras del Partido Popular, instalados en las
antípodas de las necesidades sociales y económicas de decenas de
miles de cordobeses y cordobesas, puedan seguir amparándose en la
cuestión legal para cercenar y criminalizar a las gentes del Rey
Heredia? El currículo de su partido, plagado de casos de corrupción,
malversación e ilegalidades entre otras lindezas, no es el mejor
compañero para arrogarse la ley como bastión de mando y legitimidad
e ir, cual acusica y chivato, a la administración competente
denunciando la falta de higiene y salud pública en un comedor social
que viene dando de comer, día tras día desde hace nueve meses, a
más de cien personas. Familias enteras que comen gracias a la
solidaridad, que no a la caridad, de comerciantes, vecinos y
voluntarios que se afanan en paliar las miserias producidas por
políticas como las desarrolladas por los inquilinos del Ayuntamiento
y sus camaradas de partido y que comen una comida más apta para el
consumo que las políticas y la ética de éstos.
Si viviéramos en un mundo perfecto,
el cumplimiento de la legalidad sería la consecución de un proyecto
común, un acontecer necesario y exigible por todos y para todos por
igual. Pero el mundo en el que vivimos arroja a las cloacas de la
miseria y del abandono a más de 38.000 cordobeses y cordobesas. Para
el sr. José Antonio Nieto, cumplir la legalidad significa que estas
personas que hasta hoy comían en el Rey Heredia, dejen de hacerlo o
lo hagan a la luz de la caridad tan bien administrada por la Iglesia
Católica a través de Cáritas, Cruz Roja o iglesias varias, siempre
y cuando esta llegue y estos den su bendición.
La cuestión que
aquí se establece es ¿a qué precio debemos los ciudadanos y
ciudadanas cumplir con la legalidad vigente reclamada por el sr.
Nieto? Cuando la forma de gobierno que nos contempla expulsa de la
vida laboral y social a millones de seres humanos, cuando decenas de
miles de familias son arrojadas de sus casas, cuando políticos y
empresarios corruptos pueden delinquir teniendo la confianza de su
total impunidad ante la justicia y la legalidad vigentes o cuando si
las leyes no valen para unos pocos o una familia real, se reinventan
y basta, ¿hasta qué punto debemos obedecer las normas? El
planteamiento que desde la alcaldía de Córdoba se hace obedece a
una interpretación maniquea y oportunista de la realidad. Ese
cumplimiento de la ley que las instituciones municipales exigen no
tiene su ejemplo para con los derechos de nosotros, la ciudadanía, y
las obligaciones que ellos, el Consistorio, tiene para con ésta. Al
Alcalde y a la señora Botella se les olvidó adjuntar en la denuncia
que una de las causas del incumplimiento en la normativa
higienico-sanitaria es la ausencia de agua potable; ausencia debida
al corte de agua que el CS Rey Heredia lleva sufriendo desde hace más
de 6 meses, y que obedece a los designios del presidente de Emacsa,
el a la postre alcalde de Córdoba, D. José A. Nieto. De la misma
forma, tampoco anexan que todas las bocas de riego próximas al
colegio Rey Heredia han sido cegadas con cemento o que para que haya
agua potable, las gentes que pueblan el Rey Heredia tienen que hacer
cadenas humanas para transportarla en cubos desde las fuentes más
cercanas hasta la cocina o los baños del colegio.
¿Es legal la
actuación del sr. Alcalde y de su equipo de gobierno? Por supuesto
que sí. Tan legal como la exigencia reiterada con presiones a las
más altas instancias de Endesa para que se corte la luz en el
colegio, el desatender el compromiso contraído con el Consejo de
Distrito Sur y el CS Rey Heredia para su cesión al primero o el
incumplimiento de promesas electorales como la de no presentarse a la
reelección si en Córdoba había un solo desempleado más que cuando
el ínclito, sr. José A. Nieto, llegó a la Alcaldía (actualmente
hay 6.000 parados más en la capital cordobesa). ¿Es legal que en
España cada vez los ricos sean más ricos y que el número de pobres
y su pobreza se disparen alarmantemente, como estudios recientes
señalan? Pues sí, es completamente legal. Pero de la misma forma,
la legalidad más alta a la que un jefe de gobierno, Presidente
Autonómico, Alcalde o simplemente político tiene que obedecer pasa
por hacer cumplir, entre otras, la Constitución Española o los
Derechos Humanos, ambos documentos máximos de nuestra normativa y
vinculantes para todo gobierno y que hoy son papel mojado en materia
de derechos sociales, laborales y humanos. Para nosotros, cuando la
legalidad deja de cumplirse en aras de beneficios individuales o de
clase, cuando la Justicia española y las instituciones no velan por
el cumplimiento de ésta y se someten a los arbitrios y motivaciones
de una minoría, la legalidad ya no es garante de nuestra integridad.
Desde el Rey Heredia, desde la forma
de entender el mundo de todos y todas los que allí participamos, la
legalidad que ellos reclaman no se acompaña de la legitimidad que
debe cortejarla. Ustedes, señores políticos del Partido Popular, no
están legitimados para reclamarnos ningún tipo de legalidad, para
exigirnos que cumplamos con unas normas que ustedes mismos nos
impelen a incumplir. No es un acto de rebeldía sin causa lo que
desde el Rey Heredia hacemos. Nuestras motivaciones hunden sus raíces
en tierras más profundas, y esto precisamente es lo que genera el
miedo que les embarga. Pues, ¿qué ocurrirá cuando el proceso legal
que han emprendido contra la ocupación y contra los diez compañeros
y compañeras hoy imputados se dilate en el tiempo? ¿Qué va a
ocurrir con su “intachable” expediente político de cara a las
próximas elecciones municipales? ¿Qué pasará cuando cada uno de
nosotros y nosotras se convierta en un ciudadano consciente que lucha
por sí y los de su clase?, y ¿qué con los que hoy vienen a comer o
a recibir clases particulares, o acuden al huerto, o a lo que sea, y
mañana empuñen la justicia y la razón de su clase contra todos
aquellos que quieren hundirlos en la miseria y que ustedes y sus
acólitos representan?
Estas son las
preguntas y las motivaciones últimas de su proceder. Estos los
miedos. No es el principio de legalidad, la normativa ni otras
historias. Son éstas mismas razones las que propician su actuar y el
de los suyos. Es por esto que en los plenos, junto con los demás
miembros, sean de su partido o de otro, cuando las gentes del Rey
Heredia les increpan a la cara, agachan las suyas para ocultar su
vergüenza y su miedo ordenando, acto seguido, el desalojo de una
sala presa todavía por las voces que reclaman y seguirán reclamando
agua y luz para el Rey Heredia, justicia y ética para el país en
que viven. Voces que cada vez serán más y más altas y que a coro
cantarán aquellos versos del poeta: “A galopar, a galopar, hasta
enterrarlos en el mar”, para mal de sus señorías y de sus
agradecidos estómagos.
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