Juan
García
Ballesteros
Presidente
del Colectivo Prometeo
Miembro del FCSM
Ante
la
debacle electoral del PP en las pasadas elecciones del 24M, el
Gobierno plantea cambios en el Ejecutivo. Ni por un momento ha hecho
una crítica necesaria sobre su política social, económica y
laboral en
esta
crisis profunda que ha sumido al país en el pesimismo, en
la desesperación y en una situación de emergencia social.
Pero
no hay que precipitarse, a partir de ahora continuarán los cantos de
sirena de la salida de la crisis, con la falacia de recuperación
económica
y de
la creación de empleo, aunque
obviando
su precariedad
Para ello, van a utilizar a
sus medios de comunicación para trasmitir algo
que
siempre
ha
dado un
buen resultado
a esta derecha reaccionaria: el
miedo.
Ahora plantean: o ellos o el caos. El caos, según el PP, es Podemos,
que sin haber gobernado aún es
tachado poco
más
o menos de totalitario.
Pero el totalitario
es el que aprueba una Ley (Mordaza)
que condena a ciudadanos pacíficos por ejercer los derechos
constitucionales de manifestación y concentración, es el que impone
sus criterios, sus políticas, sus decisiones, contrarias a su
programa electoral, sin contar con los demás partidos ni con la
ciudadanía y sin importarle el daño que hace a las personas: 5,5
millones de parados (un millón más que cuando llegaron al
Gobierno), casi 12 millones de excluidos sociales, 1,5 millones de
familias que no tienen ningún ingreso, 2,5 millones de niños en
situación de pobreza extrema, desahucios y recortes en todos los
servicios públicos.
Un
Gobierno se legitima cuando cumple el programa electoral que presenta
a los ciudadanos. Son estos los que validan con su voto lo que los
partidos deben hacer y qué deben cumplir. Desde este punto de vista
el PP está totalmente deslegitimado. Es un gobierno antidemocrático,
no ha tenido en cuenta las decisiones de los votantes y ha
incumplido sistemáticamente su programa electoral. Es un Gobierno
anticonstitucional, no ha respetado los derechos sociales y laborales
que recoge nuestra Carta Magna. Ha despreciado los Derechos Humanos,
permitiendo desahuciar a miles de familias necesitadas, contribuyendo
a la muerte de cientos de dependientes y enfermos (hepatitis C),
posibilitando (reforma laboral) puestos de trabajo en semiesclavitud,
rescatando a la banca antes que a los millones de personas sumidas en
la pobreza extrema y pisoteando derechos sociales que habían costado
mucha lucha y sangre conseguir.
Como
la memoria es frágil y los votantes olvidan rápido
el tremendo deterioro social y todas las barbaridades cometidas, voy
a enumerar algunos de los incumplimientos (lo que dijo que nunca
haría) de la propuesta electoral del PP: ha aumentado el IVA, ha
subido los impuestos sobre todo a los tramos medios del IRPF, bajando
en los altos, ha impuesto el copago sanitario, ha abaratado el
despido, ha bajado las pensiones (3,65 %), ha bajado el sueldo de los
funcionarios, ha recortado las prestaciones por desempleo, ha bajado
la inversión en educación, sanidad y dependencia, ha aumentado el
paro y la exclusión social, ha impuesto una reforma laboral a medida
de los empresarios y ha rescatado a los bancos y Cajas de Ahorros
(246 mil millones de €, según el FMI).
No
se nos puede olvidar que el PP ha permitido cientos de miles de
desahucios contra las familias más
empobrecidas por esta crisis, que un
40,6% se va hundiendo en la precariedad, el 24,2% sufre ya exclusión
moderada y el 10,9% está en
severa marginalidad
(según Caritas) y que en su mandato la deuda pública española haya
pasado del 70,5 % (2011) al 97,7 % (2014). Esto supone un 27,2 % más
(unos 300.000 millones de euros). El Gobierno prevé que en este año
se alcance el 100,3%, (unos 1,05 billones de euros), lo que implica
que nuestro país, si no se hace una auditoría para descubrir cuál
es la deuda legítima, no pueda pagarla. Las consecuencias recaerán
sobre las futuras generaciones. Hay que recoger que el alto índice
de paro ha afectado a los ingresos de la Seguridad Social, por lo que
este nefasto Gobierno, ha reducido el Fondo de Reserva (2011-2014) en
un 38 % (unos 25 mil millones de euros).
Ante
esta difícil situación político-social, el partido del Gobierno
cuenta con aliados muy poderosos que alaban sus recortes y aplauden
su obediencia y sometimiento a los organismos económicos
internacionales. Son los que dirigen y guían su política económica
para favorecer a los poderes financieros, bancarios y empresariales.
Me refiero a la Troyka. No nos puede sorprender el informe de esta
semana del FMI, que haciéndole
campaña
al PP, refrenda su política económica, sus ajustes y recortes
sociales y lanza el órdago de lo bien que va muestro país,
augurando para este año
un crecimiento del 3,1
%,
más del
2,5% de
lo
previsto anteriormente. Pero después del apoyo al PP, el FMI, como
dice que España ha hecho correctamente sus deberes (lógicamente
para los intereses de los mercados) y camina por la “senda de la
recuperación”, quiere hipotecar al futuro gobierno que salga de
las urnas. Pide que nuestra economía tiene todavía margen
suficiente para profundizar en los ajustes. Y exige: bajar aún más
las indemnizaciones por despido, ampliar el copago a educación
(ahora está en sanidad), subir de nuevo el IVA, congelar los
salarios, establecer un contrato único, no anular las reformas del
pasado (sobre todo la laboral), flexibilizar aún más el mercado del
trabajo y que haya más diferencias en los salarios. Sugiere al
futuro Gobierno Central y a las Autonomías que hay que cumplir con
los objetivos del déficit para que los mercados sigan confiando en
nuestro país. Por último advierte el FMI que
“revertir las reformas ya aprobadas en el pasado crearía
incertidumbre y frenaría la recuperación”. Ahora el
miedo
se nos insufla desde este todopoderoso poder económico.
Sobre
las recomendaciones del FMI, el PP, a través de sus líderes, ya ha
manifestado lo que oímos en muchas ocasiones antes de las elecciones
de 2011: no subirá el IVA, no habrá contrato
único
y que ellos “no va a ir por esa línea”, “tienen su propia hoja
de ruta”.
No
nos dejemos engañar de nuevo. Este Gobierno, si una parte
significativa de la nuestra sociedad lo vuelve a apoyar (muchos serán
por desgracia sufridores de la crisis), olvidará de nuevo sus
promesas, engañará a sus votantes y obedecerá ciegamente las
propuestas de sus amos, los poderes financieros y bancarios. La
situación ya de por sí muy grave, empeorará.
Estamos
a tiempo de evitarlo. Hay que cambiar radicalmente la situación. La
Unidad Popular, como aglutinante de los colectivos sociales, los
partidos de izquierdas, sindicatos alternativos y ciudadanía en
general, es la única posibilidad real para revertir la situación,
para crear un futuro mejor en el que las decisiones políticas
reviertan en el bienestar y mejora de las calidad de vida de la
inmensa mayoría de los personas.
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