Julián Ayala Armas
Canarias, como todos los pueblos del
Estado español, está afectada por lo que se ha dado en llamar una crisis de
régimen, que se produce cuando las instituciones políticas de un país se
muestran incapaces de resolver una crisis económica; antes al contrario, sus
esfuerzos se encaminan exclusivamente –como está ocurriendo en España– a
favorecer a las élites detentadoras del poder económico, principales causantes
del problema. Esto ha originado el desprestigio social de las instituciones
políticas y forzado la pérdida de legitimidad de quienes han gobernado y
dirigido el país durante los últimos cuarenta años.
Antes de la
crisis, bajo la pauta de la especulación y el pelotazo inmobiliario, los intereses de los grandes
empresarios, unidos a los de una élite política corrupta y clientelar, gestaron
una variante de crecimiento económico que generaba empleo (siempre con un paro
estructural superior al de los países de nuestro entorno) y atraía rentas
externas. El Estado y sus instituciones a escala autonómica permitían y
promovían un modelo de crecimiento, cuyas principales características eran el endeudamiento
privado, las burbujas especulativas y la desigualdad social. Pero la
profundidad de la crisis ha desarticulado esa red de intereses en medio de un
tsunami de casos de corrupción que afecta a todo el territorio nacional (Canarias
es la cuarta comunidad autónoma en casos judicializados “de extrema
complejidad”). El modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la
configuración misma del Estado, dando lugar a la citada crisis de régimen.
MERCANTILIZACIÓN
DEL SUELO.- Ante
esto, los grandes empresarios cuyos beneficios están en juego, exigen a los
poderes públicos nuevas reformas estructurales de carácter neoliberal, con el
objetivo de recuperar la acumulación de capital anterior. Concretamente en
Canarias, junto a las exigencias generales de incremento de la explotación
laboral, recortes, pérdida de derechos sociales y privatización de servicios
públicos, la élite empresarial añade una demanda particular, que constituye un
atentado capital a los intereses comunitarios: la mercantilización del suelo.
Es decir, que el territorio del Archipiélago sea considerado no patrimonio de
sus habitantes y sustentáculo de necesidades colectivas de todo tipo, sino mero
objeto de negocio privado.
Este y no otro
es el objetivo de la nueva Ley del Suelo, cuyo anteproyecto ha sido redactado a
instancias del presidente del Gobierno Autónomo, Fernando Clavijo, y al dictado
de los intereses de CEOE-Tenerife y de la Confederación Canaria de Empresarios,
de Las Palmas.
"AGILIZAR
LA NORMATIVA".- El
presidente Clavijo y sus adláteres utilizan como excusa de su Ley la necesidad de simplificar la "maraña
legislativa" existente, pero no dicen por qué se ha producido esa
situación. Como si las causas de dicha inflación normativa y de su complejidad
fueran estrictamente técnico-jurídicas (y basadas en un desaforado afán de defender
los intereses públicos en detrimento de los privados), y no fueran debidas,
como ha ocurrido en realidad, a la actuación durante todos estos años de los
políticos que nos han gobernado (los mismos de ahora) y de los
empresarios que han comprado sus
voluntades para hacer negocio fácil (también los mismos). Los juzgados están
llenos de casos al respecto.
En realidad,
para que empresarios y políticos poco escrupulosos no tengan que arriesgar la cárcel por saltarse las leyes, lo
que se hace es cambiarlas ("agilizar la normativa", en palabras del
presidente de la CEOE tinerfeña, José Carlos Francisco), desregular, quitar
todo aquello que incomode o moleste a los inversores y, de paso, adelgazar la
Administración; concretamente, vaciar de competencias a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), único
organismo de control de la legalidad del planeamiento y verdadera “bestia
negra” empresarial. En resumen, dar “barra libre” a las grandes empresas del
ladrillo para que hagan y deshagan a su antojo en un territorio que es
patrimonio de todas y todos los canarios, presentes y futuros.
RENOVACIÓN
DEL PACTO.-
Con esto Coalición Canaria pretende renovar el pacto político-empresarial, que forma
parte de su ADN desde la época de sus partidos originarios: Agrupación
Tinerfeña de Independientes (ATI) y Agrupaciones Independientes de Canarias
(AIC); el centro-derecha canario, al que, a partir de 1993, se unió Iniciativa
Canaria (ICAN), el centro-izquierda que, después de la escisión de la mayoría
de su organización grancanaria en 2003 (origen de Nueva Canarias), ha acabado
confundiéndose con los poderes económicos en la misma amalgama clientelar que
iniciaron las primitivas ATI/AIC.
Así, se intenta
volver a la época dorada de sus primeros años de hegemonía política en las
instituciones de gobierno del Archipiélago –primero, desde hace casi cuarenta
años, en ayuntamientos y cabildos de la provincia tinerfeña, y luego, desde
hace 23, en el propio ejecutivo autonómico–. En maridaje con los sectores
empresariales más poderosos, CC planificó y llevó a cabo un proyecto político y
económico que, bajo la retórica del “todo por Canarias”, ha beneficiado
exclusivamente a las capas dominantes de la sociedad. Sin atender a la
desastrosa incidencia social de esta política, que ha arrinconado a las
mayorías sociales en los últimos lugares del ranking de crecimiento económico, incrementando el desempleo (según
datos de la EPA de marzo de este año, en Canarias hay 285.000 parados y paradas,
el 26% de la población activa, superior en un 5’6% a la media estatal) y el
subdesarrollo social, con el aumento de la marginación y la pobreza, la falta
de atención a las personas dependientes y el deterioro progresivo de la
educación, la sanidad pública y el medio ambiente. Pero, eso sí, con una red de
carreteras envidiable, unos puertos y aeropuertos infrautilizados (que sin
embargo, se quiere ampliar) y multitud de obras públicas ostentosas y
faraónicas, cuya principal finalidad han sido las “comisiones” que han cobrado
algunos gestores políticos de las mismas.
LA
COLUMNA PRICIPAL.- Esa
época es añorada por los grandes depredadores del territorio, cuyas ansias CC –con
la inestimable ayuda de PSOE y PP– se dispone
diligentemente a satisfacer. La Ley del Suelo es una de las principales
columnas –si no la más importante– sobre las que CC pretende reconstruir su
deteriorado aparato de dominación política (sus perspectivas electorales
inmediatas son misérrimas). Y ello, a través del fomento de una nueva burbuja
inmobiliaria y siguiendo la tradición de desarrollismo a ultranza, no
sostenible, que tan buenos réditos políticos y económicos le proporcionó en el
pasado y hasta el inicio de la crisis.
REFORMA
O RUPTURA.- CC
y la cúpula del PSC/PSOE, apoyados por el PP, son hoy por hoy los garantes
políticos de la reconstitución del régimen en Canarias. Pero el agotamiento de
las formas utilizadas por la oligarquía para garantizar su acumulación de
capital se hace perceptible cada vez más para un amplio sector de la población,
como se ha puesto de manifiesto en las
pasadas citas electorales.
Esto nos lleva
al dilema de las posibles salidas a la crisis orgánica o de régimen que nos afecta: La disyuntiva entre
una reforma que realice los cambios necesarios, para reajustar el Estado y sus
autonomías a las nuevas necesidades de la acumulación de capital, de acuerdo
con los intereses de las grandes empresas, y una ruptura acorde con las
necesidades objetivas de las clases populares, que plantee una alternativa al
sistema político y al régimen de acumulación capitalista en recomposición.
Este dilema es
general del Estado y no se va a resolver en y desde Canarias, pero aquí podemos contribuir a ello. En primer
lugar, aunando todas las fuerzas sociales y políticas contrarias al proyecto
oligárquico, con el objetivo inmediato de una gran movilización popular que paralice
la presente Ley del Suelo y proponga la elaboración de otra con verdaderas
garantías de participación democrática y sostenibilidad. En paralelo a ello y profundizando
la alternativa rupturista, abriendo el necesario debate social y político que
conduzca a una salida de la crisis favorable a los intereses de las mayorías.
A escala
estatal, la unidad de las fuerzas populares y la caída del bipartidismo que
desde hace cuarenta años sustenta al régimen caduco de dominación, abre una
brecha para la esperanza. En esa brecha, ahondándola, debemos encontrarnos
todas y todos los que luchamos por un mundo mejor y más justo, que hoy parece
más posible que nunca en el Estado español. Como decía un agitador social de
otros tiempos, Mihail Bakunin, “nuestros enemigos organizan sus fuerzas
mediante la potencia del dinero y la autoridad del Estado. Nosotros sólo
podemos organizar las nuestras mediante la convicción y la pasión”.
Vamos a ello.
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