Corrupción, justicia y derechos humanos

Fuente: El Viejo Topo.Topo Express

Victor Ríos 

Colectivo Prometeo /FCSM

   En los últimos años la cuestión de la corrupción se ha situado en un primer plano en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Se trata de un fenómeno muy extendido que vincula administraciones públicas con empresas privadas a través de actores que gozan con frecuencia de un trato especial, rayano en la impunidad, por parte de los tribunales de justicia. Los delincuentes de las clases acaudaladas cometen lo que el sociólogo norteamericano Edwin H. Sutherland llamó por vez primera en 1939 delitos de cuello blanco.

    Al considerar los hechos de corrupción muchos ciudadanos reaccionan con indignación y asisten estupefactos a la lentitud en la acción de los tribunales y a las múltiples deferencias que estos otorgan a encausados que a la postre, y si sus delitos no han prescrito, reciben penas desproporcionadamente suaves con respecto a las impuestas a otros ciudadanos por delitos menores o por un simple uso de la libertad de expresión criminalizado por leyes que amordazan dicha libertad. En España los ejemplos recientes de estas odiosas comparaciones se multiplican semana tras semana.

   Algo pocas veces mencionado en relación con este asunto es el compromiso adquirido por los Estados firmantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de la ONU en octubre de 2003. Convención que España firmó en septiembre de 2005 y ratificó en junio de 2006. El breve prefacio del documento, firmado por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, comenzaba así: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos…” (El subrayado es mío).

    Dos meses antes, en agosto de 2003, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos había aprobado una resolución titulada La corrupción y sus repercusiones en el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. El segundo considerando de la resolución dice así: “Profundamente preocupada por el hecho de que el fenómeno de la corrupción perjudica gravemente el disfrute de los derechos humanos, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos”. Y en el cuarto punto de su parte dispositiva “Hace un llamamiento a la sociedad civil, en particular a los medios de comunicación y a las organizaciones no gubernamentales, para que participen más activamente en la prevención y el castigo de la corrupción”.

 Traigo aquí a colación estas referencias por considerar pertinente poner de relieve el vínculo existente entre numerosos actos de corrupción y la vulneración de los derechos humanos, en particular los económicos, sociales y culturales. Quizás la explicación y difusión de la existencia de este vínculo impulsaría a muchos ciudadanos a tomar parte más activa en la denuncia y el castigo de los actos de corrupción. En este sentido resulta de interés consultar las publicaciones del Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH) La corrupción y los derechos humanos. Estableciendo el vínculo (2009) y La integración de los derechos humanos en la agenda de combate a la corrupción: Retos, Posibilidades y Oportunidades (2011).

  Para este combate contra la corrupción y por una “Justicia justa” sería preciso, por supuesto, contar con un poder judicial independiente de factores políticos y económicos como los que hoy lo contaminan. Un poder dotado además de los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para la lucha contra los delincuentes de cuello blanco públicos y privados.

Avanzar en esta dirección precisa de una ciudadanía activa. Moralmente movilizada y dispuesta a traducir su indignación moral en fuerza organizada y dispuesta a lograr que la dignidad, la ética y la justicia se impongan en la vida pública y las relaciones sociales.

Desde presupuestos así ha surgido la Convocatoria que sigue a estas líneas y que presenta rasgos singulares. Pues no se trata solo de recabar firmas para un llamamiento, ni de empezar por convocar una manifestación para un día determinado, sino de algo más audaz que requiere otro grado de compromiso y de organización, como es la apelación a la constitución de Juntas Ciudadanas, empezando por el ámbito local, para la lucha por la Justicia y contra la corrupción. Tal es, ni más ni menos, la iniciativa lanzada por el Frente Cívico “Somos Mayoría” cuyo texto de Convocatoria es el siguiente:

Convocatoria por la Justicia y contra la corrupción

La ciudadanía vive desde hace bastante tiempo en una permanente situación de alarma social motivada fundadamente a nuestro juicio, por cuatro evidencias constatadas día tras día.

1. La corrupción inacabable y la incapacidad de las instituciones públicas para atajarla y sancionarla ejemplarmente.
2. Este aparente desfallecimiento del Estado ha conducido a un proceso en el que la sociedad ha ido perdiendo, paulatinamente, confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas.
3. Se evidencia, además, una ausencia de proyecto, de impulso ético, legal y orgánico capaz de erradicar la gangrena que pudre los fundamentos del llamado Estado de Derecho.
4. La confusión entre el concepto de Justicia (con la profundidad y extensión de sus contenidos) y el funcionamiento de tribunales constituidos en su nombre.

De continuar esta situación sin que las cosas cambien, nuestra sociedad llegará    a un punto de atonía y falta de pulso que animará a depredadores del dinero público a seguir con sus prácticas delictivas y sus exhibiciones de cinismo e impunidad. Se habrá llegado a una situación de la que será del todo imposible recuperar la ética pública y la Justicia. La corrupción se entronizará como hábitat permanente de nuestra vida.
En consecuencia el Frente Cívico “Somos Mayoría” convoca a la ciudadanía para actuar pacífica y ordenadamente en dos líneas de actuación. Por la primera hacemos un llamamiento para que la ciudadanía se organice a nivel local, provincial, autonómico y nacional para expresar con concentraciones, manifestaciones y otros actos el rechazo y la repulsa a este estado de cosas. Si esta acción cívica tiene eco, Madrid será el escenario donde culmine, por primera vez, la opinión de la ciudadanía.
Paralela y simultáneamente, y con el mismo esquema de organización, la ciudadanía, como depositaria de la soberanía popular, podrá constituirse en Ministerio Público que, como representante de los intereses globales de la sociedad, se persone o inicie las acciones legales en pro de restablecer, en la actuación de cada tribunal, los fundamentos y contenidos del Estado de Derecho.
En el ADN de nuestra Historia está la constitución de la población en Juntas Ciudadanas para defender, bien los intereses de la Patria, bien la Justicia y la ética pública. Tanto en 1808 como en 1868 se vio esa forma de reacción popular frente a la injerencia extranjera o frente a la arbitrariedad y corrupción de los gobiernos. Por eso, el Frente Cívico “Somos Mayoría” propone que, a todos los niveles (local, provincial, autonómico o nacional) se creen Juntas para la lucha contra la corrupción y en favor de la Justicia.
Este llamamiento contiene la siguiente serie de condiciones y características:

1. Va dirigido a toda la ciudadanía con independencia de afiliación política, perfil ideológico o estatus social. Queremos que se restablezcan los valores y prácticas jurídicas y funcionamiento de las instituciones que garanticen el Estado de Derecho para toda la ciudadanía.

2. Las fuerzas políticas, las plataformas, movimientos, colectivos, etc. que estimen conveniente incorporarse a la convocatoria lo harán a través del trabajo individual y personal de sus afiliados y afiliadas. Este llamamiento es para el conjunto de la ciudadanía.
3. Los actos y actividades de las Juntas en las que se constituye el Ministerio Público no exhibirán pancartas, símbolos u otros signos externos partidarios u organizativos, exceptuados los que los componentes de cada Junta acuerden para la misma.

4. El Frente Cívico “Somos Mayoría”, como convocante, usará al inicio de los trabajos inherentes a la constitución de cada Junta, sus siglas. Pero en la medida en que se establezcan o constituyan estos órganos de confluencia cívica dejará de usarlos y exhibirlos en pro de los que se acuerden.

5. Estimamos conveniente que, desde el primer momento, las manifestaciones, actos públicos u otras iniciativas tengan un sello especial y específico inherente a la pluralidad de sus componentes y a los objetivos finales perseguidos: la lucha por la Justicia y contra la corrupción. La convocatoria cívica a la que llamamos debe dar ejemplo de seriedad, dignidad y ejemplaridad junto con una firme voluntad de conseguir los objetivos marcados que preocupan a la mayoría ciudadana.

Marzo de 2017

Frente Cívico Somos Mayoría.