José Antonio Naz
Colectivo Prometeo
FCSM
Hasta el proyecto de tratado de 2004, que sería rechazado
por algunos países como Francia y Holanda, no se había vinculado la
construcción europea a ninguna referencia religiosa, a pesar de que la
mayoría de sus primeros promotores, como Schuman, De Gasperi o Adenauer,
representaban a la Democracia Cristiana. En el preámbulo se parte de la
idea que «los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión más
estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores
comunes». El conflicto surge en la definición de esos valores comunes,
con dos concepciones opuestas: la anglosajona de la relación entre
religión y estado («una fe, un rey, un reino»), así como la del
multiculturalismo, y la universalista de la Ilustración francesa que
impone el concepto de ciudadano europeo sobre el de judío, negro,
africano, homosexual... Se impuso este segundo concepto y la redacción
del artículo 2 concreta: «Consciente de su patrimonio espiritual y
moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la
solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado
de Derecho», pero el artículo 10-1 afirma que «toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión»
(separando incomprensiblemente el pensamiento y la conciencia
religiosa).
No obstante, hubo que romper la resistencia
de quienes querían relacionar esos valores con «las raíces cristianas» ,
con el irrefutable argumento histórico de que la Europa de las Luces y
de los Derechos Humanos se consigue justamente luchando contra los
siglos de civilización judeocristiana (con sus cruzadas e inquisiciones y
los golpes y guerras fruto de la unión del poder político y las
Iglesias); se trataba de prevenir los conflictos contra la convivencia
que crean los fundamentalísimos religiosos.
Sin embargo
el Tratado de Lisboa, que no fue pasado a referéndum, en su art. 16
parece consolidar la cooperación con las iglesias y confesiones. «1. La
UE respetará y no prejuzgara el estatuto reconocido en los Estados
miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las
asociaciones o comunidades religiosas». Y cayendo en la cuenta de que
hay otras «conciencias» añade un artículo 2: «La UE respetará asimismo
el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a las
organizaciones filosóficas y no confesionales». Así se permiten los
Concordatos entre el Estado y la Iglesia, en la práctica una larga lista
de obligaciones del Estado sin contrapartida y numerosos privilegios
que contradicen principios fundamentales de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, como los art. 2.1 o 7, sobre la igualdad de derechos y
de protección sin ninguna discriminación o diferenciación por razones
de raza, religión..., y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
proclama lo mismo en sus artículos 9 y 14. Y crea conflicto en el
cumplimiento de las propias normas de la UE, como es el caso de la 5/65
sobre la no discriminación en el empleo que no afectaría a las iglesias y
a sus organismos.
Este tratado parece definir la UE como
«multiconfesional», limitando los derechos humanos individuales y
haciendo prevalecer los «comunitarismos», cediendo en parte a la presión
de las iglesias históricas y de las nuevas realidades de millones de
inmigrantes con diferentes religiones y hábitos culturales, pero
instalando una bomba de efecto no tan retardado en la convivencia
pacífica. Los conflictos están llegando ya al tribunal de Estrasburgo,
que hasta ahora está fallando a favor de los derechos generales frente a
los comunitarios, como es el caso del derecho del patrón a impedir a
los empleados que utilicen signos religiosos en su trabajo, o el del
colegio suizo a exigir la natación mixta a un niño y una niña que se
negaban por motivos religiosos. Pero la deriva comunitarista aumenta y
con ella los conflictos civilizacionales que se manifiestan en forma de
racismo de manera muy preocupante. Y la mayoría parlamentaria actual no
ayuda a combatirlo; de los españoles, solo Izquierda Plural y Podemos
planteaban en sus programas la laicidad y la total independencia de la
UE con respecto a las iglesias, y el PSOE hacía una declaración general
sin demasiada concreción, pero no mantienen siempre la coherencia en las
instituciones españolas donde se encuentran.
La
recomposición y el mantenimiento de un proyecto europeo, que una a los
pueblos y las sociedades, evitando las confrontaciones y los conflictos y
permitiendo la convivencia pacífica, solo será posible desde los
principios de los derechos humanos garantizados por la laicidad de la
institución. Ya lo decía Jean Jaurés en 1904: «Démocratie et laïcité
sont deux termes identiques» (democracia y Laicidad son términos
idénticos), por tanto ésta se convierte en un deber para salvaguardar la
democracia, los derechos y las libertades. Y el propio papa actual en
Brasil, en julio de 2013 reconoce que «la convivencia pacífica entre las
religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado».
Es tiempo de utilizar la razón y el derecho universal para evitar la barbarie.
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