La Justicia genuflexa

 Fuente: El Economista

 Julio Anguita

Colectivo Prometeo

FCSM

   La sentencia de que la mujer del César, (Pompeya, su segunda esposa), no solo debía ser honesta sino además parecerlo, ha quedado como una regla de conducta con la que se miden instituciones, personas y colectivos ciudadanos.

    El fallecido juez Joaquín Navarro, escritor y crítico lúcido de la época en la que España estaba presidida por Felipe González, solía ser muy severo con el funcionamiento de la Justicia española. En ese sentido, y en base a la experiencia vivida como juez y político (también fue senador con el PSOE), acuñó la expresión que da título al presente artículo: la Justicia genuflexa. ¿Hay argumentos para sostener dicha afirmación?

    En el año 2017 el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, emitió un informe en el que denunciaba la corrupción en España con estas palabras de la directora de la agencia encargada de hacer el estudio: España está plagada de una serie interminable de excesos de corrupción.

    Por otra parte, el informe pone de manifiesto que las autoridades españolas no han puesto en marcha sus once recomendaciones para acabar con la corrupción y el conflicto de intereses en los ámbitos político y judicial. Y de la misma manera dice el informe realizado por Greco que las autoridades políticas nunca deben estar involucradas en el proceso de selección en el ascenso y promoción de jueces y magistrados en general.

De igual manera, la Red Europea de Consejos de Justicia ha emitido un contundente informe en el que se desvela que existen 718 jueces españoles que consideran que la injerencia política en el funcionamiento de los tribunales es más que preocupante.

Sin ambages denuncian que esa injerencia de la clase política en la promoción de jueces es elevada y se obvian los criterios de capacidad y experiencia.

En este marco en el que nos movemos no queda más remedio que destacar el auto redactado por el Tribunal Constitucional ante el recurso presentando por el Gobierno sobre la posible investidura de Carles Puigdemont. Primero emite su fallo y después dice que expondrá la línea argumental. Increíble.

Pero tampoco es de recibo imputar toda la responsabilidad a la injerencia política del Gobierno u otras instancias políticas. Creo que en todo este asunto también debe tener su lugar la falta de deontología profesional, que antepone los intereses personales o ideológicos a la aplicación de la Ley y la escrupulosidad de los procedimientos. Y en este sentido sí parece que la Justicia española está genuflexa ante el Príncipe...