domingo, 5 de enero de 2020

Hablemos claro de la Ley, de España y Cataluña

 
Daumier:El Tribunal
Manuel Delgado Milán
Las leyes penales las aplican los Juzgados y Tribunales de lo Penal. El Estado de Derecho se sostiene en el cumplimiento de las normas. Las sentencias penales condenatorias no se cumplen hasta que no son firmes, porque hasta entonces los acusados se presumen inocentes. Mientras hay derecho a un recurso, nadie puede ejecutar una sentencia provisional que todavía puede ser de inocencia.
Cuando sea firme una sentencia, corresponde ejecutarla al órgano que la ha dictado. Esa es la ley.

Torra no está condenado en sentencia firme, por no quitar a tiempo una pancarta pidiendo la libertad de sus presos, en campaña electoral. Esa sentencia ha sido objeto de recurso, ejerciendo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, que tiene el ciudadano Torra, "a pesar de ser independentista". Eso dice el artículo 24 de la Constitución.


Ayer un organismo administrativo, con competencias en los procesos electorales ha decidido ejecutar una sentencia que no es definitiva, vulnerando las leyes y enmendado el principio democrático y de soberanía nacional, por el que lo que el pueblo ha elegido democráticamente, solo puede ser revocado por causas muy tasadas, de acuerdo a procesos muy rígidos, por decisión del órgano judicial competente, previo del acuerdo emitido por el resto de representantes elegidos por el pueblo, sobre un suplicatorio pedido al parlamento por un tribunal que lo juzgará si le es concedido. Es la inmunidad parlamentaria un derecho de los electores a elegir y a ser representados por quienes ellos decidan. No es un privilegio sino una protección de un poder democrático, de amparo ante un poder que se debe a la ley, en prevención de excesos para que los jueces no puedan cambiar sin motivos la composición del órgano que representa la voluntad popular, la soberanía nacional.
Por encima de lo que ha decidido el pueblo en procesos electorales, hay ya un cúmulo de decisiones de órganos con competencias subalternas, que han modificado e incluso derogado lo que decidió la ciudadanía por medio de votaciones democráticas. Incluso decisiones adoptadas en un referéndum legal, tras acuerdos del Congreso de los Diputados, y del Parlamento Catalán, han sido inválidas por decisión de un Tribunal Constitucional que, por diversos motivos, carecía de la legitimidad democrática y legal para ese fin.
Fue esa primera decisión de anular un Estatuto votado un golpe a la Constitución y a la democracia. Fue la causa de la desafección primera que, no siendo enmendada, de forma progresiva, ha echado a ciudadanos catalanes en manos del independismo.
Por graves errores propios, del Estado a través de sus gobiernos, de sus altos tribunales, de la Fiscalía y la Junta Electoral, no solo se ha alimentado al separatismo desde las instituciones, sino que se nos ha puesto en evidencia en Europa como una nación sin garantía de derechos, sin una Justicia imparcial e independiente, sometida a las leyes internas y europeas, que nunca se someta a utilizaciones partidarias, políticas, o de los poderes económicos.
Ayer se ha decidido la última barbaridad antidemocrática para fomentar la rebelión de cualquier persona amante del respeto a la ley y a la voluntad expresada de un pueblo que se siente hoy herido con razón, por siete personas que votaron lo que no es legal, que no son nadie para enmendar su mandato popular. Seis se opusieron, pero no pudieron evitar que, finalmente, se nos avergüence mañana de nuevo en Europa, si el Tribunal Supremo no enmienda de inmediato la ilegalidad, la invasión de sus competencias, la vulneración de las leyes precesales como garantía de los derechos constitucionales.
No sólo agrede a Torra quien lo convierte en víctima de un anormal funcionamiento de las instituciones. Quien pervierte las instituciones nos agrede a toda la sociedad, y alienta a quienes ya hemos denunciado que han elegido caminos prohibidos para sus fines de separación, división de la ciudadanía catalana, y aliento en el resto del Estado a la emergencia de las fuerzas del odio al diferente, a quienes identifican España con su sangriento pasado y la barbarie.
En la estrategia de rompernos como sociedad democrática, la decisión táctica de ayer busca que las fuerzas separatistas se crean víctimas de los separadores que hoy ostentan puestos claves del Estado, y reaccionen apoyándolos en contra del primer gobierno que une a quienes hoy pensamos que una España Nueva, de convivencia, de justicia social, de democracia real, tengamos una mínima oportunidad de afrontar los retos enormes de su presente y su futuro.
Hablando claro, España vale lo que valen nuestros esfuerzos, nuestra voluntad de futuro, nuestro sentido común por mejorar lo común. Vale lo que valen los lazos afectivos que construimos entre las personas y los pueblos que la forman. Es buen español, construye más comunidad, más Cataluña, más Andalucía, y más España, quien es mejor ciudadano/a, quien, mediante la verdad de las palabras y la coherencia de los hechos, tiende lazos fuertes con otros desde la lealtad y el respeto mutuo. Quienes mienten, quienes traicionan con sus hechos sus palabras, quienes ofenden a los que no se someten a sus dictados, quien usa lo común como botín, no es patriota de nada. Es un maldito pirata.

Hoy como ayer, muchos caines confunden el patriotismo con un derecho de conquista. Es la patria de gente que tiene a Millán Astray en su santoral o al Faro o a Torrente como sus mejores devotos. Antonio Machado fue un gran patriota que murió sin España, expulsado de su casa por la España madrastra, que dijo para su tiempo una frase tremenda:
"En España lo mejor es el pueblo. Es siempre lo mismo. En los trances duros los señoritos nombran la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera pero la compra con su sangre, y la salva".
Hoy no hay más que dos opciones, y no son entre separatistas catalanes y separadores en Madrid. Es entre ser demócrata, ser un buen ciudadano, ser un buen catalán, un español decente, para hablar de hacer lo mejor para cada persona y nuestras gentes. O ser esa escoria que tapa sus vergüenzas bajo banderas falsas que exhiben para arrebatarle sentido colectivo, engaño de incautos, cuando por sus actos solo la enseña negra con una calavera es la que les hace justicia.

1 comentario:

Isidoro Ducasse dijo...

El autor de esta larguísima parrafada, que a la primera de cambio se sale del tema y se va de excursión por los cerros de Úbeda afirma: “Torra no puede ser inhabilitado como diputado pues no hay sentencia firme, al haber sido ésta objeto de recurso”.
Mire, señor mío, esto no es así en el caso de Delitos Electorales, desde que se modificó la ley. Y debería saber lo que dice hoy el artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “No podrán ser elegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.
Todo lo demás que nos cuenta acerca del odio, los señoritos, Machado, etc. son paja.