Ángel Gómez Puerto
Colectivo Prometeo
Profesor Derecho Constitucional UCO
Nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, aprobado por el pueblo andaluz en referéndum el 18 de febrero de 2007), incluye en un importante precepto, el artículo 37, una relación de hasta veinte y cinco principios rectores de las políticas públicas, y encomienda a los poderes de la Comunidad Autónoma a trabajar por su aplicación efectiva, para conseguir que el catálogo estatutario de derechos sea real y efectivo, así como para alcanzar los objetivos generales proclamados en el artículo 10 del propio Estatuto de Autonomía.
Configuran los contenidos de dichos principios, asuntos sociales tan relevantes como la prestación de unos servicios públicos de calidad; el fomento de la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; o la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida.
Por otro lado, en ese conjunto de objetivos sociales se obliga a los poderes públicos a impulsar actuaciones para lograr la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto; y la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
Establece también el artículo 37 un importante bloque de principios sobre cuestiones laborales como la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal; la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes; el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo; la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales.
Se apuesta claramente también en este conjunto de principios todo lo relacionado con el impulso del desarrollo económico de nuestra tierra como objetivos tan importantes como el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas; el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, como elementos económicos estratégicos de Andalucía, o el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas.
La apuesta por un modelo de respeto hacia los valores ambientales de Andalucía tiene también bastante relevancia entre los veinte y cinco principios de actuación. Así, figuran objetivos políticos tan esenciales como el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire; el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética la conservación; la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad,particularmente en el ámbito alimentario; o el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.
El objetivo de profundización democrática y respeto e integración de la diversidad cultural es también parte integrante de este programa que desarrolla el Estatuto de Autonomía en ese clave artículo 37: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo; el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural; la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.
En realidad, esos transcendentales principios rectores de las políticas públicas que establece dicho precepto del Estatuto de Autonomía debieran constituir el auténtico mandato/programa político para las 109 personas andaluzas que resulten electas el 17 de mayo de 2026 como componentes de nuestro Parlamento de Andalucía, que debieran concretarse en acciones legislativas, y en planes de actuación para los distintos departamentos de la administración autonómica. Y, que el nuevo Consejo de Gobierno debiera impulsar en su acción diaria para el período 2026-2030.
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