Pepe Aguza
Colectivo Prometeo
A finales de la década de los setenta, tras la muerte del dictador Franco, los andaluces despertaban del largo período represivo y caciquil, donde el subdesarrollo, el paro y la emigración obligaban a miles de familias a buscar prosperidad fuera de su tierra, algo que aún hoy persiste en época de la vendimia francesa en que centenares de temporeros se desplazan al país vecino, para aliviar temporalmente su situación de desempleo.
Allá por 1977, el tristemente fallecido cantautor granadino Carlos Cano publicaba una canción que era un auténtico alegato del sueño de los andaluces, se trataba de “La murga de los currelantes”, en la que uno de sus estribillos podía escucharse:
“Esto es la murga de los currelantes
que al respetable
buenamente va a explicar
el mecanismo tira palante
de la manera más bonita y popular,
sacabe el paro y haiga trabajo,
escuela gratis, medicina y hospital,
pan y alegría nunca nos falten,
que vuelvan pronto los emigrantes,
haiga cultura y prosperidad…”
Después de décadas de avances y retrocesos, tras los diferentes gobiernos autonómicos del PSOE en solitario o en coalición con otras fuerzas como los andalucistas o con Izquierda Unida, Andalucía consiguió con grandes esfuerzos avanzar hacia el progreso, la educación, la sanidad o el trabajo, a pesar de su precariedad.
Trece legislaturas y siete presidentes, entre los que tuvo a Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías en 2009 de forma interina, José Antonio Griñán y Susana Díaz, todos del PSOE desde el principio con apoyo del Partido Andalucista en 1996 o de Izquierda Unida en 2012, con la excepción de las tres últimas del PP, que lograría gobernar desde enero de 2019, gracias al respaldo de Ciudadanos, en su primer mandato o de VOX en este último, partido que lograría la vicepresidencia y algunas consejerías de enorme importancia tras el acuerdo de gobierno firmado el 2 de julio de 2026 y la pérdida de la mayoría absoluta de los populares de su segunda ordenanza.
No obstante, la radical y nefasta irrupción del grupo VOX, supone un retroceso en todos los terrenos a niveles políticos, sociales y empresariales, debido a las ideas racistas de la extrema derecha, generadoras de odio, racismo, recorte de libertades públicas y derechos sociales, con propuestas tan demenciales como “la prioridad nacional” que recuerdan los mejores tiempos del nazismo.
Para el vicepresidente Gavira, de VOX, que aglutinará las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, consejerías de enorme peso en la Administración de Andalucía, supone potenciar el arraigo, donde los españoles sean los primeros, discriminando al resto de ciudadanos, trabajadores y organizaciones de nuestra tierra, afectando especialmente a derechos sociales como la educación, la sanidad, la vivienda, ayudas públicas o la inmigración, subordinando los recursos públicos a los intereses privados.
Otra de las consecuencias del pacto Moreno Bonilla-Gavira supondrá el incumplimiento y recorte del histórico acuerdo firmado entre el presidente andaluz, los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT y la Confederación Empresarial de Andalucía en 2024, una Ley de Participación Institucional incluida en la Consejería de Empleo, que establecía las bases del dialogo e implicación de los agentes sociales en la actividad legislativa, dotándolo de un presupuesto de 7 millones de euros en los Presupuestos de 2025 y 2026, destinando a la Confederación Empresarial 3´5 millones y 1´7 millones para CC.OO y UGT y que el nuevo gobierno andaluz reducirá en un 50 % para los Presupuestos de 2027, o sea 3´5 millones de menos, según lo acordado con VOX, lo que supondrá la destrucción del dialogo social y el desmantelamiento de los Servicios Públicos, con un amplísimo despliegue del modelo privatizador, potenciando el autoritarismo tras el anuncio de recortar y eliminar la financiación pública a los sindicatos, a la patronal, o las organizaciones sociales y ONGs que no concuerden con los postulados reaccionarios de este nefasto acuerdo, mientras se aseguran las ayudas a la tauromaquia, la caza, la ganadería intensiva, las subvenciones a la Iglesia a través de las cofradías y los eventos religiosos o la ampliación de las inversiones para la conservación, recuperación y restauración del patrimonio cultural de iglesias, conventos y monasterios, así como las políticas discriminatorias de apoyo y promoción de conciertos educativos a Bachilleratos y Formación Profesional concertada y Universidades privadas en detrimento de la pública, cada vez con menos recursos y plazas.
Otro de los aspectos negativos del pacto PP-VOX es la asunción por parte de los populares del principio de “prioridad nacional”, un acuerdo disruptor que en el resto de Comunidades donde han alcanzado pactos de gobierno, (Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía), afectan especialmente a la vivienda o la solicitud de ayudas públicas, la Sanidad o la Educación, algo totalmente inaceptable para las formaciones de izquierda, que consideran un robo y un atropello infame a los derechos tan duramente conquistados durante lustros por los andaluces, a la vez que muestran su más firme rechazo y extrema preocupación por el futuro de las generaciones jóvenes y el retroceso de los servicios públicos e incluso de la infancia.
En las 150 medidas que recoge el acuerdo hay aspectos que contradicen el espíritu solidario y de progreso que recoge el propio Estatuto de Andalucía en materia de cooperación internacional.
Para entidades como el Partido Comunista de Andalucía, organización integrada dentro de la formación Por Andalucía, este pacto supone la consolidación de un modelo reaccionario y neoliberal que profundiza en la subordinación de las instituciones públicas a los intereses de la especulación, las élites económicas y del gran capital, suponiendo un gravísimo retroceso en materia de derechos sociales, laborales, democráticos y ambientales logrados por la clase trabajadora andaluza con gran esfuerzo en los últimos tiempos.
El modelo que persigue tanto el Partido Popular como VOX está basado en la desigualdad, la reducción de derechos y la privatización del sistema público, desviando recursos como la sanidad, la educación o la dependencia hacia empresas privadas, convirtiendo derechos fundamentales en oportunidades de negocio para beneficios propios que aumentan las desigualdades sociales y territoriales.
En materia de vivienda no se interviene en el precio del alquiler o la propiedad, favoreciendo la expansión de los pisos y apartamentos turísticos, fomentando la especulación.
El acuerdo supone también un importante retroceso en materia de igualdad y por los derechos de la mujer, así como el grave abandono institucional en el contexto de las desigualdades de género, la lucha contra la violencia machista y los delitos sexuales.
Por otra parte el discurso xenófobo y racista de la ultraderecha contribuye a criminalizar a los inmigrantes, incorporando una agenda regresiva en materia de convivencia y derechos sociales.
Tampoco renuncia el pacto a una desregulación ambiental y el debilitamiento de las normas de protección, suponiendo una seria amenaza para la defensa del medio ambiente y la lucha contra la emergencia climática.
Ante el acoso político y judicial de la derecha a nivel estatal y las derrotas de la izquierda en las pasadas elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía, urge reconstruir y fortalecer una alternativa estatal de izquierdas sólida e innovadora capaz de frenar el avance fascista de una parte importante de la sociedad. Para ello es fundamental la unidad, mediante alianzas de fuerzas políticas capaces de anteponer el bien e interés general a las conveniencias propias de cara a futuras elecciones municipales y lo más importante, las generales, que pueden suponer la destrucción del estado del bienestar de este país si la derecha llega al poder.
Solo la unidad de la izquierda puede garantizar el avance de una sociedad más justa y transformadora, tratando de evitar que se sigan produciendo los resultados de las últimas elecciones de varias Comunidades.
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