Remedios Copa
Colectivo Prometeo
Ante las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que sí habla con claridad de lo que ellos, (PP y Vox), harán en cuanto lleguen a gobernar, cosa que ya les parece muy próxima cuando pide a todos sus barones unidad absoluta “ahora que ya tenemos al Gobierno dónde le queríamos”, conviene hacer un repaso a todos estos Principios rectores para comprender mínimamente a dónde nos quieren llevar.
Ni al PP ni a Vox les importa un pimiento lo que está ocurriendo en Ceuta, lo que puede alterar la vida de los ceutíes, la suerte que puedan correr los inmigrantes que allí llegaron, ni tan siquiera lo que su actitud francamente obstruccionista ante cualquier acuerdo tendente a mitigar y a resolver cuanto antes la situación; tampoco les importa cuánto puede retrasar la solución su falta de apoyo sinérgico a las propuestas consensuadas, e incluso, si romper la vía de la diplomacia y buscar la confrontación frontal con Marruecos arruina definitivamente la posibilidad de esa devolución.
Para ser la primera vez que Feijóo, en lugar de limitarse a los insultos y descalificaciones al Presidente y al Gobierno, describe parte del programa de la derecha/ultraderecha que aplicará en cuanto gobiernen ellos, la verdad da miedo.
Recuerda cómo se fue minando la democracia en Alemania para transformar la república de Weimar en el auge del nazismo con Hitler. Vale la pena revisar los cambios normativos que, durante tres años, fueron transformando la democracia hasta prescindir del poder parlamentario y establecer plenamente el régimen nazi.
La democracia española viene siendo atacada desde que la derecha perdió el gobierno porque la ciudadanía, libre y diversa, posibilitó que los acuerdos entre sus representantes legítimamente electos, dieran paso a un Gobierno de coalición progresista.
La derecha/ultraderecha española jamás aceptó perder un poder que consideran exclusivamente suyo, que pese a declararse patriotas y constitucionalistas vienen dando pruebas de lo contrario en múltiples ocasiones y, al calificar reiteradamente al Gobierno actual de ilegítimo, ilícito, ilegal, y cuantos adjetivos descalificadores reiteradamente le aplican, son la prueba constatable de que PP y Vox no son demócratas ni respetan la Constitución.
Y si analizamos el contenido de sus recientes declaraciones, siguiendo la estela de Trump, harán lo mismo con las normas internacionales.
Tampoco respetan el resto de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de nuestro país y la prueba está en su invitación, no exenta de presión, al Gobierno a prevaricar haciendo devoluciones en caliente al margen de la Ley. Claro que, si el Gobierno hubiera caído en la trampa, Pedro Sánchez ya estaría en la cárcel. Seguramente entonces también acudirían a Bruselas a denunciarle, tal como ahora lo hacen para descalificarle.
No quiero entrar aquí en las conductas que podríamos denominar de “contra-gobierno” de algunos elementos que forman parte de las estructuras del Estado de Derecho. Tampoco del lawfare judicial del que tantas voces de expertos en Derecho Constitucional, españolas y extranjeras se han escandalizado reiteradamente, comentadas en los principales medios de comunicación de muchos países y, en los Informes europeos sobre el estado de la justicia reiteradamente han amonestado a España, poniéndola en el ojo del huracán por las interferencias en el Poder Legislativo y por anomalías que constituyeron avisos, recomendaciones y, en ocasiones , sanciones por parte del Tribunal europeo.
La razón por la que apelo a la legalidad constitucional, a los Principios rectores del Derecho, los Derechos Humanos y a la legislación internacional es por la gravedad de lo escuchado en boca del Presidente del PP. Tal como recordaba la instauración del nazismo, todo parece dibujar un sibilino retorno al franquismo en España.
Llevan dándole vueltas a la Ley de nietos queriendo crear españoles de primera y de segunda. Eso es anticonstitucional. El voto es un derecho constitucional de todos los españoles en edad de ejercerlo. Y si el voto de esas personas a las que se les quiere impedir su ejercicio “podría alterar el resultado de las elecciones”, como dice Feijóo, privarles del voto también conduciría a la alteración electoral. En cuanto al sentido del voto, no se sabe, porque es personal y secreto.
Como afirma Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, la pretensión de Feijóo de retirar la nacionalidad a algunos ciudadanos inmigrantes es flagrantemente ilegal; eso es anticonstitucional, “existía en el Código franquista, no es legal”. La declaración de Feijóo hablando del contenido del Proyecto de Ley Orgánica que van a presentar para el otorgamiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma cuando se quiebra la confianza…”, entre otras posibles causas que apunta como posibles a imputar, insisto: huele a retorno a la dictadura franquista.
Entre los delitos imputables y viendo las anomalías judiciales que se observan, cualquiera puede verse inmerso. ¿Qué pasaría si un español de primera se viese imputado en alguna de esas causas? ¿Le convertirán en un apátrida?
Porque si tienes una única nacionalidad y te la retiran te convierten en un apátrida.
¿Por qué es importante recurrir a los Principios legales que apunto en el título de este artículo? Conviene recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15 y también los Convenios Internacionales son garantías de protección, de tal manera que incluso si se regulara como legal para ciertos delitos, (ej.: espionaje, terrorismo, etc), no se puede retirar la nacionalidad si el sujeto no tiene otra. No se puede convertir al delincuente en apátrida.
No dejemos que con nuestra pasividad se instaure la banalidad del mal como parece estar generalizándose.
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