Artículo de nuestro amigo y compañero del FCSM Héctor aparecido ayer en Público.es.
Gran análisis de la premeditada estrategia conservadora para desmontar los Servicios Públicos
Héctor IlluecaDoctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Adoración GuamánDoctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Decía Pierre Bourdieu que los servicios públicos son la mano izquierda del Estado, una especie de huella que las luchas sociales del pasado han ido dejando en la cosa pública, promoviendo su intervención en esferas cada vez más amplias de la sociedad: la educación pública, la sanidad pública, la vivienda social, la televisión pública y un largo etcétera. Frente a ella se alza, con una violencia creciente, la mano derecha, dispuesta a destruir todas las estructuras de solidaridad y de intereses colectivos que pueden obstaculizar la lógica del mercado puro. El avance imparable de esta mano derecha acompaña hace tiempo nuestro día a día y tiene sin duda ejemplos especialmente cualificados. El Gobierno del Partido Popular, decidido a liquidar las conquistas del Estado del bienestar y a expoliar sin piedad alguna la riqueza colectiva de los ciudadanos, es uno de ellos. El cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), última gota en el ataque directo a los intereses generales de la sociedad, pone en cuestión de una forma clara la ya endeble salud democrática del País Valenciano. En efecto, la fulminante reacción del Gobierno anunciando la desaparición de RTVV, tras conocer la Sentencia anulatoria del expediente de regulación de empleo presentado en 2012, no sólo implica una vulneración de los derechos laborales de miles de trabajadores sino que evidencia la voluntad del Partido Popular de amordazar de cara al futuro a una sociedad que anhela y necesita dejar atrás las décadas de dominio de la derecha.
Pero no adelantemos acontecimientos. Todo comenzó en 1995, tras el triunfo de los populares en las elecciones autonómicas celebradas el día 28 de mayo. Exhibiendo tempranamente los rasgos que definirían su carrera política, Eduardo Zaplana convirtió la televisión pública en un instrumento de propaganda personal, degradando la calidad de la misma hasta límites inconcebibles. Mundialmente conocida por la obra de Blasco Ibáñez, las pinturas de Sorolla o los poemas de Estellés, Valencia empezó a ser famosa por la emisión de programas como “Tómbola”, la triste pionera de la televisión basura, y por la grosera manipulación de sus informativos, ejemplo de tergiversación y censura rayanas en la estupidez. Los valencianos todavía recordamos con vergüenza la cobertura informativa del accidente de metro acaecido el 3 de julio de 2006, que no alteró la programación de una cadena volcada con la visita del Papa a Valencia. La audiencia se alejó rápida y mayoritariamente de una línea editorial sesgada, de una información amordazada y de una parrilla salpicada de telebasura.
Como no podía ser de otra forma, las pérdidas económicas se multiplicaron, pasando de 28 millones de euros en 1996 a 47 millones en 1998. El Gobierno de la Generalitat intentó una huída hacia adelante por la vía del endeudamiento de RTVV y la contratación externa de productos audiovisuales, cuyo importe en 2006 alcanzó los 57 millones de euros. Entretanto, la corrupción se había adueñado de la vida pública en nuestro territorio y muy especialmente de RTVV, que ese mismo año abonó 7,4 millones de euros a empresas de la trama Gürtel por la sonorización de los actos realizados durante la visita del Papa, provocando la ulterior imputación de varios directivos de la Corporación pública. No acababa la cosa ahí, en el interno, vergonzosos episodios contra los derechos de los trabajadores, como las amenazas, el acoso y el abuso sexual de un alto directivo, fueron impunes durante años.
Finalmente, la deriva de RTVV condujo a la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectaba a 1.198 trabajadores y que, como ha quedado demostrado, no reunía los requisitos mínimos de transparencia y seguridad jurídica exigibles en estos procedimientos. Como reconoce la Sentencia 2338/2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los criterios de selección de los trabajadores que iban a ser despedidos fueron cambiando a medida que se extinguían los contratos de trabajo. En palabras del Tribunal: “hubo una evidente y clara alteración de los listados y de los propios criterios de designación precedentemente delimitados y aprobados, pasando a aplicarse otros distintos. Además, en la fecha en la que tales acuerdos se adoptaron, ya se había producido un considerable número de ceses efectivos de otros empleados públicos que podrían haber formado parte de esos nuevos criterios posteriormente aplicados”. Esto supone una flagrante vulneración del principio de igualdad en perjuicio de los trabajadores despedidos con anterioridad, un principio que debe aplicarse al conjunto de las relaciones de empleo público, junto con los de mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, transparencia y evaluación y responsabilidad en la gestión, entre otros. En la historia de RTVV, la mayoría de estos principios normativos han caído en el olvido.
Por si ello fuera poco, la actuación de la Generalitat en el curso del procedimiento de despido colectivo se ha caracterizado por una agresiva hostilidad hacia los sindicatos, ocultando información y obstaculizando las funciones de control legalmente atribuidas a los representantes de los trabajadores. Entre las irregularidades que determinan la anulación del despido, el Tribunal destaca de un modo especial este asunto, concluyendo que la empresa omitió información relevante durante del procedimiento: “siempre permaneció al margen y excluida la representación legal de los trabajadores a la que ni siquiera se le suministró los listados de afectados, una vez ya confeccionados, teniéndose que acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para reclamar información al respecto”. En definitiva, para cualquier conocedor de la normativa laboral, la Sentencia era tan previsible como premeditada parece la decisión de cerrar RTVV.
Pero todo tiene límites, en primer lugar jurídicos, en segundo lugar, y más importantes en estos momentos, político-sociales. A priori no podemos olvidar que la creación de la entidad pública de Radiotelevisión Valenciana supuso el cumplimiento de un precepto del Estatuto de Autonomía, artículo 56, según el cual “la Generalidad Valenciana podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa”. Asumiendo esta competencia, mediante Ley 7/1984, de 4 de julio, la creación de la radiotelevisión autonómica pública supuso “un hito significativo en el desarrollo y vertebración de la realidad cultural, económica y social de la Comunitat Valenciana, así como un motor de desarrollo de la industria audiovisual valenciana”. No lo decimos nosotros, lo estable el primer párrafo del preámbulo de la Ley 3/2012 de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, aprobada por el Partido Popular hace quince meses. La pregunta es evidente ¿hemos dejado de necesitar los valencianos un ente público que permita la vertebración de nuestra realidad cultural, económica y social? ¿Ya no necesita la industria audiovisual valenciana un motor público que la impulse?
Pero el cierre de RTVV va mucho más allá. Es la gota que colma el vaso de los últimos años de gobierno del Partido Popular, representados por los casos de corrupción, el endeudamiento debocado para financiar obras faraónicas, la destrucción de los servicios públicos y de las ayudas a los sectores más vulnerables, los grandes eventos ruinosos, el expolio del territorio, los aeropuertos sin aviones y un vergonzoso goteo de cargos políticos imputados. Todo ello ha agotado el aguante del pueblo valenciano y las generalizadas reacciones de solidaridad frente al cierre de nuestra televisión pública, de esa televisión respecto de la cual muchos de valencianos ya no sentíamos una especial vinculación emocional, así lo demuestran. En el seno de la sociedad valenciana lleva años gestándose el germen de la solidaridad que permite que los recortes sucesivos se interpreten como una expropiación de nuestra riqueza colectiva, lo cual está provocando una profunda transformación política. Las encuestas y sondeos presagian el declive del bipartidismo y revelan una tendencia de cambio que es prácticamente irreversible. El PP sabe que su final está próximo y pretende amordazar a la futura nueva Generalitat desmantelando la televisión pública. Desprovista de un importante medio de comunicación, la sociedad valenciana estará inerme ante la hostilidad de los sectores más poderosos cuando afronte la dramática situación económica que previsiblemente se producirá. Desde este punto de vista, el cierre de Canal 9 constituye un zarpazo derechista que apunta directamente a la calidad de nuestra democracia.
La propiedad pública de RTVV es fundamental para la salud democrática de una sociedad que carece de otros medios para reflejar la pluralidad y la riqueza colectiva del País Valenciano. Los valencianos lo saben y no perdonarán el cierre de su televisión pública. La decisión del Partido Popular ha desencadenado un terremoto político, retroalimentando la indignación contra los desmanes del Partido Popular. La derecha ha laminado el bienestar de las personas dependientes y discapacitadas; ha desmantelado la educación y la sanidad públicas y ha destrozado todo lo que ha estado en su ámbito de competencias, incluyendo nuestras ciudades, nuestro territorio, nuestra lengua y nuestra cultura. Un sentimiento de unidad e indignación frente a tales abusos recorre nuestro pueblo de manera transversal y se extiende con velocidad. El Gobierno debería tener un último gesto de dignidad y convocar elecciones, abriendo la puerta a la transformación que necesita la sociedad valenciana.
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