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| Fuente:El Roto |
El
pasado día 10 del presente mes, diferentes medios de comunicación de
nuestra ciudad han recogido la información que en Córdoba se han
inmatriculado un total de 180 bienes, algunos de ellos de titularidad
pública. Esto ha sido posible porque la Ley Hipotecaria, franquista de
1946, otorgaba a la jerarquía religiosa el privilegio de actuar como
fedatarios, funcionarios públicos, como los notarios o registradores de
la propiedad.
Durante
estos 69 años (hasta 2015) la Iglesia, a nivel de todo el estado, se ha
apropiado inmatriculando entre 30.000 y 40.000 bienes. Todo se ha hecho
de manera opaca, sin publicidad, sin que los sucesivos Gobiernos
Nacionales, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos hayan hecho nada para
impedirlo hasta que en 2007 La Comunidad de Navarra destapó el expolio.
El Art. 46 del Cap. III de nuestra Constitución recoge:
“Los
poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su
régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio”.
A
pesar de lo que dice este artículo, los poderes públicos (Sucesivos
Gobiernos Centrales, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos,
Diputaciones,), han callado y consentido, no han actuado para evitar el
expolio de los bienes públicos.
Ante esta situación la Red por la Libertad de Conciencia de Córdoba quiere manifestar lo siguiente:
a.-
Denunciar la pasividad y connivencia de los poderes públicos que en los
40 años de democracia no han acabado con este privilegio franquista de
la Iglesia Católica.
b.- Mostrar su preocupación y rechazo a la inmatriculación de bienes públicos por parte de la Iglesia Católica.
c.-
Pedir a colectivos, partidos, sindicatos, plataformas, mareas y a la
ciudadanía en general que sienta sensibilidad por este atropello se
unan, manifiesten y luchen para revertir los bienes públicos expoliados.
Por todo ello:
1.- Solicita a las Instituciones Públicas (Ayuntamiento, Diputación) que cumplan con lo recogido en el Art. 46 antes citado.
2.-
Exige a los representantes públicos del Ayuntamiento y de la Diputación
que abran un proceso de investigación, que clarifique la procedencia y
titularidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia y que, lo antes
posible, reclame todos los “bienes públicos” que han sido usurpados y
que pertenecen a toda la ciudadanía.
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