jueves, 31 de julio de 2014

Un Programa para la toma del poder por el pueblo.



Jorge Alcázar González                                                             
Colectivo Prometeo y FCSM


                             
              

En 1938, León Trotsky escribe “El programa de Transición”, documento que servirá de guía para cimentar los preceptos sobre los cuales ha de asentarse la Cuarta Internacional Socialista. Hoy, casi 80 años después, la vigencia de las palabras del gigante ruso asombra por su clarividencia y actualidad; y estas, pueden servir de guía para los retos presentes y futuros que se plantean a la clase trabajadora.
               Para Trotsky, se hacía necesaria la construcción de un programa alternativo a los dos planteamientos que la socialdemocracia clásica había confeccionado: el programa de mínimos y el programa de máximos. El primero se “limitaba a reformas en el marco de la sociedad burguesa”, mientras que el segundo “prometía la sustitución del capitalismo por el socialismo en un futuro indeterminado”. Durante las últimas décadas, el ala izquierda de la política española y por ampliación europea, ha prescindido totalmente del segundo de los programas, anclándose en la defensa de los postulados del primero e, incluso, renunciando a éstos, como el caso de la socialdemocracia europea moderna ha venido a mostrar. Muchos han sido los ejemplos que desde tiempo ha han enseñado como las fuerzas políticas llamadas a ser la vanguardia de la clase trabajadora hicieron dejación de funciones y sometieron su política y compromiso a una clase capitalista que, de una forma u otra, vencía implacablemente los clásicos planteamientos de la izquierda. El abandono en septiembre de 1979 de las tesis marxistas por parte del PSOE, liderado por Felipe González; la corriente del eurocomunismo que asoló a gran parte de los partidos comunistas de la Europa occidental, incluido España con Carrillo a la cabeza; o la disolución en 1991 del PCI, tras la caída del muro de Berlín, son algunos de los ejemplos que la historia reciente nos brinda y que vienen a testimoniar la tendente inclinación en momentos decisivos y convulsos de los líderes de la vanguardia de la clase trabajadora. Incluso dentro de las corrientes actuales y de los partidos políticos situados en una posición relativamente más cercana a la izquierda, el vértigo revolucionario de los cuadros dirigentes es manifiesto y patente, como enseñan las controversias surgidas en diferentes escenarios propiciados por acuerdos de gobierno con la socialdemocracia o con la derecha (véase los pactos de gobierno en Andalucía o en Extremadura). En este punto, conviene señalar que las causas del vértigo anteriormente aludido son variadas, pero comparten una razón común: la falta de fortaleza teórica y rigor práctico de los cuadros. No es objeto de este escrito describir con detalle las anteriores, pero se hace necesario una reflexión al respecto, pues el quehacer de los líderes de la izquierda tradicional ha propiciado, entre otros males, la desorientación y falta de formación de la clase trabajadora. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que aquellas fuerzas dentro de la izquierda europea que ejercían con vocación de gobierno, renunciaron al “programa máximo” e incluso minimizaron el mínimo,  pues, citando a Trotsky “…la socialdemocracia no necesita tal puente, ya que la palabra socialismo le sirve sólo para las arengas domingueras”.

               Los acontecimientos surgidos en los últimos años hacen más necesario que nunca una revisión de las formas políticas, teóricas y prácticas, con las que la vanguardia de la clase trabajadora, entendida ésta como estructura organizativa de lucha, debe afrontar los retos del presente y del futuro. Día a día, escenario a escenario, estado a estado, el capitalismo y el hijo nacido de éste, el neoliberalismo, destruye derechos y libertades, asola sociedades, derrocha recursos, empobrece a la multitud y enriquece al rico. Como una bestia que se quiere cobrar su recompensa, en el breve lapso de tiempo de apenas dos décadas, la faz de los países europeos ha sido transformada dando lugar a una masa ingente de desempleados crónicos, desigualdades extremas, desaparición de derechos laborales y sindicales, etc.,  a la par que la maquinaria diseñada por el capital es alimentada cada vez más vorazmente con las carnes y los huesos de la clase trabajadora. Citando de nuevo a Trotsky, “la burguesía retoma cada vez con la mano derecha el doble de lo que ha dado con la izquierda (impuestos, derechos aduaneros, inflación, deflación, carestía de la vida, paro, reglamentación política de las huelgas, etc.)”.
               Para el revolucionario ruso, la solución al problema pasaba por la implantación de un programa de transición. Un puente entre el programa de mínimos y el de máximos que, defendiendo infatigablemente los derechos democráticos y las conquistas sociales, plantease un sistema de reivindicaciones transitorias, cuya esencia se encierra en el hecho de que se orientarán cada vez más abierta y decisivamente contra las bases mismas del régimen capitalista.
               Desde el contexto histórico que nos contempla, la lectura anterior es perfectamente aplicable y vigente. La alternativa política que hoy la izquierda debe diseñar ha de pasar por la construcción de un programa de transición cuya tarea consista en la movilización sistemática de la ciudadanía que derive en la conquista del poder por la clase trabajadora. ¿Y cuáles son los ejes motrices de esta movilización ciudadana? A diferencia de entonces, los postulados de partida de la clase trabajadora hoy tienen una dimensión teórica mucho más tangible que entonces. Nuestras leyes, a base del continuo vaivén de las fuerzas dinámicas que mueven las palancas de la historia, facilitan el camino de la movilización de las masas. La Constitución Española (al igual que la inmensa mayoría de constituciones europeas) y la DDHH salvaguardan y protegen, en el contexto del papel, derechos y reivindicaciones otrora revolucionarios. Éstas han de ser entendidas no como un estadio  final, si no como una herramienta estratégica de lucha hacia el objetivo final. El derecho al empleo, a la vivienda, a la Sanidad y la Educación, a la libertad de asociación e incluso a la rebelión, son palancas de cambio que han de funcionar bajo el paraguas del nuevo Programa de Transición que la vanguardia política de la clase trabajadora debe hacer funcionar. Este programa ha sido ya puesto en práctica en fase experimental y de forma conjunta por todos aquellos movimientos que formaron las Marchas de la Dignidad 22 M. Nuestra tarea consiste hoy en trasladar a la ciudadanía que esos mismos derechos incluidos en las cartas magnas, son violados sistemáticamente porque el propio sistema capitalista es incapaz de asumirlos. Es nuestro deber, obligación y camino mostrar a las sociedades europeas la confrontación directa, en términos dialécticos, existente entre lo que ha venido a llamarse Constitución “formal” y Constitución “material”. Nuestras exigencias, contempladas y adoptadas en su día de común acuerdo con las clases privilegiadas, son las propias contradicciones del sistema en que vivimos. Serán los elementos estratégicos que permitan la conquista de dos escenarios materiales y en orden temporal -la confluencia de las vanguardias sociales y políticas y la mayoría social y ciudadana-, y que posibilitarán, en última instancia, el objetivo final: la conquista del poder por el pueblo.
               El Programa de Transición debe rotar sobre los siguientes argumentos:
               1.- Empleo y condiciones decentes de vida para todos. Guerra sin cuartel a las clases privilegiadas que, en connivencia con sus agentes políticos (reformistas, democristianos y socialdemócratas) y a través de políticas neoliberales, intentan hacer caer sobre las espaldas de la clase trabajadora todo el peso de las crisis, el militarismo, la desorganización del sistema monetario y todos los demás males derivados del sistema capitalista. Retomando a Trotsky, “… el derecho al empleo es el único derecho serio dejado a los trabajadores en una sociedad basada en la explotación”. Hay que renunciar tajantemente a las políticas de subvención, subsidio y perpetuación de la pobreza en forma de prestaciones asistenciales por desempleo. Hemos de levantar contra el desempleo, tanto estructural como coyuntural, junto con la consigna de empleos públicos, la de la reducción de la jornada laboral. Hoy más que nunca, las clases privilegiadas aumentan bochornosamente sus riquezas. Cada vez, los productos de lujo y superlujo llenan de oprobio nuestras vidas, colisionando frontalmente con las necesidades al mismo tiempo más perentorias y dramáticas de millones de seres humanos. Exigimos empleo, decencia y dignidad. Los pequeños propietarios son arrastrados cada vez a mayor ritmo al saco de la pobreza, constituyéndose en clase oprimida, al igual que el resto de asalariados, y todo ello propiciado por un modelo económico que genera una dependencia casi esclavista de los primeros para con los grandes grupos empresariales y financieros. Hemos se enseñar y mostrar el futuro de estas clases medias y su condición de clase trabajadora. La cuestión no está en una colisión “normal” entre intereses opuestos; la cuestión está en preservar a la clase trabajadora del deterioro, la desmoralización y la ruina. Se trata de una cuestión de vida o muerte para la única clase creadora y progresiva, y, por ello, garante del futuro de la humanidad. Alegarán las clases poseedoras, a través de sus economistas, abogados, periodistas y políticos profesionales lo irrealizable de estas medidas, mas lo “lo realizable” o “irrealizable” es, en este caso, una cuestión de relación de fuerzas que sólo la lucha puede resolver. Nuestras reivindicaciones deben incidir sobre la desaparición radical de esas bolsas de desempleo crónicas asentadas en las sociedades europeas (14 % en España, 20 % en Grecia o más del 5 % de la media europea, en términos de población activa) que han consolidado una red de pobreza crónica que irá más allá de las generaciones presentes. De igual forma, nuestra lucha sin tregua contra la nueva forma de empleo que se impone a los trabajadores europeos en forma de lo que la oficialidad ha venido a llamar subempleo, y que no es más que una consecuencia lógica e inmediata de las políticas laborales en materia regulatoria. En el otro lado, el aumento en más de un 15 % de la riqueza de los grandes patrimonios españoles, o el aumento exponencial, en términos netos, de las grandes fortunas mundiales.
               2.- Educación, Sanidad y Servicios Sociales. En su afán por capitalizar derechos y ante la impasibilidad de las sociedades europeas, las viejas clases privilegiadas han lanzado una ofensiva sin precedentes contra las conquistas sociales de otros tiempos. Hoy, conscientes de que la correlación de fuerzas ha cambiado, se apresuran en recuperar lo que entienden suyo. Los servicios públicos de salud o educación van siendo cercenados progresivamente, llegándose al extremo de que en muchos lugares de Europa, prácticamente son inexistentes. Las vanguardias trabajadoras creadas alrededor de las demandas en este sentido deben, en el período inmediato, consolidarse como instrumento de lucha. Las mareas ciudadanas en todas sus variantes hoy son el embrión de los consejos populares en los que la clase trabajadora construya la lucha del mañana, y deben aspirar a la materialización de la organización de los trabajadores. Por ello, el papel de las fuerzas políticas de la izquierda real siempre debe jugar del lado de estas reivindicaciones y acciones. Los partidos que hoy aspiren a construir y tomar el poder popular deben, innegociablemente, hacer una lucha real y honesta en este sentido.
               3.- Contra la corrupción. A la par que la correlación de fuerzas va cambiando, las clases privilegiadas se sirven de este hecho para hundir sus tentáculos en todos los órganos e instituciones de control. Es en ese momento cuando se hace manifiesto que las leyes y normas que han servido en un momento determinado, dejan de funcionar, en primera instancia de forma velada, para posteriormente hacerlo a pecho descubierto. La corrupción es una condición necesaria del capitalismo, pues los principios de legalidad vigentes en un contexto artificial de entente entre clases sólo tienen rango de aplicación y validez en la medida en que éstos pueden ser defendidos. Cuando el propio estado a través de sus mecanismos oficiales y en aras de los intereses de las clases dominantes moldea leyes, destruye derechos e impone restricciones a una mayoría, aquellos que se encuentran en el otro lado de la plaza comienzan a jugar su particular juego. En éste todo vale, pues los mecanismos del Estado están a su favor. Leyes, tribunales, medios de comunicación, forman parte de un todo cuya única directriz obedece a la de preservar los privilegios de una clase decadente y mezquina. Mas si la correlación de fuerzas no varía, los niveles de corrupción van en aumento, corriendo el riesgo de que las propias clases sociales fuera de los privilegiados tiendan a resignarse e interiorizar esta misma corrupción como un mal necesario. Es en ese sentido que las fuerzas dominantes intentan imbuir el estado de ánimo necesario en la población para que esta amanse sus ansías de justicia y aparque la reivindicación y la lucha por lo justo y necesario para ella como clase. De aquí vienen los mensajes de nuestros gobernantes sobre el fraude fiscal o el incumplimiento de normas constitucionales. Ante una imposibilidad material, según ellos, es necesario e incluso conveniente mirar hacia otro lado mientras las tropelías, corruptelas e ilegalidades tienen lugar. Por el contrario, al pueblo llano se le exige un nivel cada vez mayor de cinismo, pues a la par que bebe de aquellas aguas fecales, es castigado arbitraria y desproporcionadamente cuando lucha por sus derechos.
               4.- Las Marchas de la Dignidad 22M y las Mareas Ciudadanas. La sola presencia de un o unos partidos políticos que luchen por el cambio no es suficiente hoy día para que éste sea plausible. Se necesitan unos agentes externos pero relacionados con éstos cuya labor primordial es la de construir la organización y la lucha ciudadana. Un partido político o una coalición de éstos que llegue al poder para compartirlo con el pueblo debe estar aupado por éste. Pero para ello, debe existir un período previo en el cual se construyan los espacios de decisión popular. Es necesario crear organizaciones ad hoc que abarquen a la ciudadanía en lucha en su conjunto y que finalmente deriven en consejos populares. Hoy, el camino iniciado por las diferentes mareas ha señalado la dirección a seguir. En un nuevo impulso, el movimiento surgido en torno a las Marchas de la Dignidad es un intento real de consolidar estos órganos de asociación, organización y lucha. A la par que los partidos políticos revolucionarios deben alcanzar su madurez como fuerzas de cambio, la confección y consolidación de estos espacios ciudadanos es tarea primordial para la madurez del sujeto político que aúpe a las fuerzas políticas necesarias al poder.
               5.- Las experiencias de autogestión. Como elementos de lucha, las experiencias de autogestión no sólo deben apoyarse, si no que deben ser propiciadas por los agentes políticos de cambio. El control de la gestión por colectivos ciudadanos, la capacidad de consenso, decisión y acción conjunta por partes de capas de la sociedad inmovilizadas y resignadas, debe suponer una conquista fundamental para el logro de nuestro objetivos. Experiencias como el Rey Heredia, La Corrala Utopía, el barrio de Gamonal, o muchos más que en los últimos tiempos han tenido lugar en España, no deben parecernos elementos aislados o espontáneos de lucha. Se debe diseñar en este sentido una estrategia y planificación para llevar a barrios y ciudades lugares en los que la autogestión acerque el pueblo al pueblo, estrechando lazos de fraternidad y compromiso de clase.
               6.- Expropiación de empresas estratégicas. Nuestro programa debe pasar ineludiblemente por la expropiación forzosa de todas aquellas ramas industriales estratégicas que hoy sirven como herramienta de enriquecimiento de unos pocos y empobrecimiento de la mayoría social. Telecomunicaciones, Transportes, Alimentación o Energía son sectores cuyo control ha de volver al pueblo. Ahora bien, la nacionalización así entendida, no debe caer en trampas tales como indemnizaciones o cantos de sirena lanzados desde los soportes políticos y mediáticos de las clases privilegiadas. Sencillamente, reclamamos lo que es nuestro y es necesario para nuestra supervivencia como clase trabajadora, y que ha sido hurtado a través de privatizaciones sistemáticas en condiciones ventajosas para los privilegiados y sus secuaces.
               7.- Expropiación de la banca privada y estatización del sistema de créditos. Los bancos concentran en sus manos el dominio real de la economía. Sin ésta, los derechos, las leyes e incluso las dignidades son papel mojado. En su estructura, los bancos expresan de forma concentrada la estructura completa del capital moderno: combinan tendencias de monopolio con tendencias de anarquía. Organizan los milagros tecnológicos, empresas gigantes, trusts poderosos; y organizan también las crisis y el desempleo. Sólo la expropiación de la banca privada y la concentración de todo el sistema de crédito en manos del Estado proporcionará a este último los medios necesarios reales, es decir, materiales, para la planificación económica. Mas la expropiación de los bancos no implicará en modo alguno la expropiación de las cuentas bancarias. Sólo así el estado podrá configurar una red de créditos en condiciones ventajosas para el pequeño comercio y las pequeñas empresas y, en definitiva, unas mejores condiciones materiales para el desarrollo de la clase trabajadora.

               La participación estricta en este programa debe ser de obligado cumplimiento para todas aquellas fuerzas políticas, del lado de la clase trabajadora, que pretendan liderar el cambio de rumbo que nuestras sociedades reclaman. La posesión de una visión clara, casi ascética del mismo, una convicción férrea en aquello que perseguimos; elementos éstos que no propicien concesiones al enemigo; es ahí donde hoy reside nuestra fuerza. Se ha de alertar de la flaqueza ideológica de los cuadros dirigentes de los partidos que trabajen por el cambio de sociedad. Por unos intereses u otros, estas vanguardias pueden, como la historia ha demostrado, plegarse al poder de las clases privilegiadas, haciendo un daño irreparable a los intereses de la clase trabajadora. Por ello, la militancia debe hacer una vigilancia estrecha de las decisiones y acuerdos de estos cuadros, a fin de corregir las posibles y probables desviaciones derivadas del comportamiento de unas élites cuya talla no siempre estará en consonancia con los acontecimientos históricos.
               Nuestra decisión y vocación es férrea. Nuestro objetivo: conquistar el poder popular.




2 comentarios:

F. Franco dijo...

Una forma de combatir la economía sumergida sería la siguiente:
Eliminación de los billetes de 500 y 200 euros en un plazo de dos meses; creando una cartilla corriente única para cada persona y una tarjeta con su correspondiente maquina para poder hacer todos los cobros y pagos. A continuación suprimir todos los billetes de banco, dejando quizás los de cinco euros, según aconseje la experiencia.
No creo que sea difícil crear un programa informático para saber de donde viene y adonde va cada pago.
De esta forma se eliminaría toda la economía sumergida y toda la delincuencia.
Según los técnicos de hacienda se dejan de recaudar mas de noventa mil millones de euros, de ellos mas de cuarenta mil pertenecen a las grandes empresas, de lo que se deduce que se podrían recaudar fácilmente 50.000 millones de euros.
Hacienda haría la declaración de la renta y luego quien no estuviera conforme reclamaría de una forma fácil y rápida.
Al mismo tiempo se controlaría la evasión de capitales que en estos momentos es una autentica sangría.
De todas formas para cazar los grandes capitales de los bancos y las grandes empresas del Ibex sería necesario un lazo mas grande.

F. Franco dijo...





Estando de acuerdo con los puntos 6 y 7, quisiera comentar algunos puntos.
En primer lugar no acabo de ser un un admirador de la expropiación salvo quizás en algunos casos excepcionales por la necesidad del país o por que los dueños de esas empresas las puedan haber adquirido de forma dudosa.
No vaya a ser que se pueda convertir en un caso mas de las acciones preferentes.
En segundo lugar la financiación suele ser siempre escasa y puede ayudar el capital privado a la financiación publica. Yo no tengo acciones ni pienso tenerlas. Pero si alguna vez me animara ha comprar acciones no las compraría de una empresa desconocida y que no pareciera solvente y que mas solvente que una empresa publica. Desde luego no parece el sitio ideal la empresa publica para especular.
En cuanto nacionalizar pagando a los accionistas, ya tenemos la experiencia necesaria en España para ver como se nacionaliza con dinero publico y luego pasado un tiempo viene otro gobierno si no el mismo y lo privatiza por cuatro perras a sus amiguetes, que dan el golpe de su vida. En estos casos yo si que los expropiaría sin un puto duro.
Cuando se privatizo por ejemplo Telefónica en un principio el PP de Aznar decía que se guardaba una acción de oro que equivalía al 51 % de las acciones de de la empresa, con lo que el estado podía retomar el control de la empresa cuando lo creyera oportuno. Claro esta duro poco.
Pues bien; lo mismo que se quito se puede volver a crear una acción de oro por interés general de los ciudadanos de España en cualquier empresa que lo requiera.
Con esto pasaría al control del estado cualquier empresa. Puesto que sería el estado el que pusiera el consejo de administración de cualquier empresa.
Sin embargo, mientras se tramita la ley a los chorizos le daría tiempo ha ponerse a salvo.
Por la tanto se necesitaría un gobierno con las suficientes agallas como para reunirse un día a las tres de la tarde y sacar un decreto ley a las diez de la noche, enviando la policía ha intervenir todos los consejos de administraciones de todas las empresas del Ibex 35 y de los bancos, de tal manera que cuando el señor Botin y compañía fueran a su oficina la encontraran ocupada por la policía y otro consejo de administración distinto.
De esta forma se tendría en sus manos a todas las filiares que tienen en los paraísos fiscales evitando la evasión de capitales que llevan estas empresas.
Con un poco de suerte se podrían recuperar cientos de de miles de millones euros y juzgar a sus dueños. Seguro se produciría un terremoto entre los patriotas, tanto de España como de Cataluña.