Una fallida democracia

Juan García Ballesteros

Presidente del Colectivo Prometeo

Miembro del FCSM

¿Es esto que estamos viviendo-padeciendo en España una “democracia real”? ¿Existe en nuestro país un estado de derecho en el que su Gobierno se proponga eficazmente mejorar la vida de sus ciudadanos? Indudablemente no.

Lo que está ocurriendo en los últimos siete años, con el PP en el poder, es un enorme retroceso en los derechos fundamentales (reunión, manifestación, expresión, laborales-sociales,…), una pérdida irreparable en el estado del bienestar (en educación, salud, vivienda, salarios, pensiones, dependencia, etc.) y una violación continuada de los Derechos Humanos.

Aunque ha sido elegido democráticamente, este Régimen (antes con mayoría absoluta y ahora con la muleta de C´s y el apoyo en temas fundamentales del PSOE) se ha erigido en el defensor de las élites económicos (para eso lo han aupado –grandes empresas y ricos-), ha pisoteado la separación de poderes, ha incumplido sistemáticamente muchos de los artículos de nuestra Constitución (9-2, 10, 15, 20-1a-2-3, 21,23-1, 31-1, 35-1, 37-1, 41, 47, 49, 50), ha reforzado el nacional-catolicismo y ha legislado contra su propio pueblo, como lo demuestra el alto nivel de paro, los miles de desahucios, los más de dos millones de familias sin ningún ingreso o los casi trece millones de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza (exclusión social). Todo lo expuesto ¿responde realmente a un sistema social y democrático de derecho? Indudablemente no.

El ocaso de la dictadura se despidió con el asesinato por las fuerzas policiales en Málaga del militante comunista Manuel J. García Caparrós (1977), participante en una manifestación que reivindicaba la Autonomía para Andalucía. Nunca se condenó al culpable. Al permanecer en activo todo el aparato franquista (político, económico, policial y legislativo) después de esta fraudulenta Transición, su poder ha estado presente en los años de esta falsa “democracia”. Su heredero político, el PP, sin ocultarlo, ha seguido ligado al antiguo régimen dictatorial y a lo largo de sus legislaturas siempre ha demostrado su adhesión y compromiso con los más allegados descendientes, sean asociaciones o grupúsculos fascistas.

Las venas franquistas del PP irradian toda su gobernanza, desde su negativa a condenar la dictadura, su política represiva (Ley Mordaza), su permisividad con las manifestaciones de la extrema derecha, su rechazo a recuperar los restos de miles de muertos enterrados en las cunetas, hasta el hundimiento en la miseria de millones de ciudadanos (jóvenes sin futuro) que se encuentra en unas deplorables condiciones de vida.

La historia nos ha mostrado como Cataluña (también el País Vasco) lleva muchos años exigiendo una amplia autonomía y un Gobierno que asuma las máximas capacidades sobre los servicios y competencias públicas.

El enfrentamiento de Cataluña con el PP viene de largo. En 2006, un nuevo Estatuto de Autonomía fue aprobado por el Parlamento, el pueblo catalán en referéndum, el Congreso y el Senado. El PP no sólo propuso un referéndum y pidió firmas para anularlo, sino que presentó un recurso del texto ante el Tribunal Constitucional que después de muchas discusiones, recusaciones y modificaciones profundas del texto original, se aprobó y entró en vigor.

En estos últimos años, el Gobierno Autónomo de Cataluña ha pedido continuamente una interlocución para mejorar su Estatuto. El referéndum, no reconocido por el Gobierno, en Noviembre de 2014 ya planteó la propuesta de independencia que ganó por amplia mayoría. Mientras que el Parlamento y una parte importante de la sociedad catalana pedían poder decidir sobre su futuro, el Gobierno del señor Rajoy estaba desaparecido. Los dirigentes del PP sabían que, desaparecida ETA y que sus alusiones a la “dictadura venezolana” no ya no eran creíbles, había que buscar un enfrentamiento externo para retirar de la circulación en los medios de desinformación tanta podredumbre, tanta corrupción, tanto escándalo que salpicaba a su partido diariamente. Lo encontró. Se cruzó de brazos, metió la cabeza bajo el ala y dejó que la situación en Cataluña avanzara hacia la convocatoria de un referéndum unilateral para el 1 de Octubre. Convirtió a Cataluña en moneda de cambio de sus fechorías y promovió el enfrentamiento entre la Autonomía y el resto de España. El cóctel explosivo estaba servido. Acusan al Gobierno catalán de “romper a España”, de arruinar su economía, de no respetar la Constitución, de dividir a la ciudadanía, tratando de imponer un independentismo que no acepta la mitad de la población.

No podemos olvidar que CiU nunca ha sido independentista. De hecho ha sido el bastón de apoyo para la elección tanto de Felipe González como de José Mª Aznar. El aluvión de acusaciones que tuvieron que soportar por el caso Pujol (dinero en Andorra) y la corrupción con la mordida del 3 % de los contratos públicos que implicaba a todo el partido obligó a cambiar de nombre (PdeCAT) y a buscar, como el PP, una situación de enfrentamiento con el estado central, sabiendo que no habría respuesta alguna del Gobierno de Rajoy a sus demandas. En un abrir y cerrar de ojos, el PdeCAT se hace independentista y se apoya en otros partidos (ERC y CUP) para generar una situación que no era demandada por la inmensa mayoría de la población que sí deseaba un referéndum pactado y con garantía. Poco les ha preocupado a los independentistas lo que desean y quieren para su nación ese amplio porcentaje, la mitad, de los catalanes que quieren permanecer dentro de una España plurinacional en un nuevo marco autonómico o en un estado federal.

Desde que el Govern de la Generalitat anunció la convocatoria del referéndum para el 1-0, el Gobierno del Señor Rajoy ha atacado con dureza las instituciones democráticas catalanas, limitando sus competencias en materia económica, anulando las posibilidades de comunicación social y azuzando a la justicia, que ha cumplido con lo exigido, para parar el proceso, llamar a declarar a políticos implicados y anunciar fuertes sanciones económicas y penales a los que participen en el referéndum.

Aunque no estoy de acuerdo con la independencia de ninguna Comunidad Autónoma (creo firmemente en un estado federal), sí pienso que todos los pueblos (naciones) tiene derecho a decidir su futuro mediante una votación democrática, legal y acordada.

Las continuas declaraciones del Sr. Rajoy sobre ”no habrá referéndum, no habrá votación” ha encrespado los ánimos y la voluntad de muchísimos ciudadanos de dentro y fuera de Cataluña. El Gobierno central debería conocer la situación real de la población catalana, muy bien organizada desde la base, no porque todos estén de acuerdo con la propuesta de independencia, sino porque una parte muy importante de ella sentía que nadie puede usurpar el derecho democrático a votar. En esa lucha, la ciudadanía catalana ha ganado.

Pero las venas franquistas de Rajoy han estallado con la llegada de la fecha del referéndum. El envío de miles de policías y guardias civiles para impedir la votación le ha reventado en las narices al Presidente del Gobierno. La orden de impedir a toda costa la votación, alentada por las decisiones judiciales, ha traído consecuencias desastrosas para los ciudadanos que pacíficamente querían ejercer su derecho a votar. Más de 850 heridos. Reparar en las imágenes de agresiones indiscriminadas, violentas, duras, utilizando porras y pelotas de goma contra la población indefensa (ancianos, mujeres, niños), observar el destrozo de puertas de centros educativos y el requisado por la fuerza de urnas, es un espectáculo más propio de una dictadura que de un estado democrático.

Tanta violencia innecesaria ha sido denunciada prácticamente por toda la prensa internacional. Muchos líderes de diferentes países han condenado la inexplicable y desmesurada actuación de las fuerzas de orden público contra una pacífica ciudadanía que sólo quería ejercer su derecho a votar.

Mientras tanto, el Presidente Rajoy justifica de forma irresponsable la violenta actuación de los cuerpos de seguridad del estado y se niega a reconocer su grave error. Ahora, ya la llama encendida de la secesión, convoca a todas las fuerzas parlamentarias a dialogar. Pero ¿Por qué este impresentable Presidente no lo hizo en su momento cuando era más fácil y posible llegar a acuerdos? Entonces no le interesaba, tenía que tensar la cuerda para conseguir gran objetivo: desplazar hacia Cataluña la actualidad informativa y la mirada de millones de ciudadanos para tapar la ingente corrupción que enfanga a su partido y a miles de sus militantes.

España no merece a un Presidente que utiliza la justicia y las fuerzas de orden para resolver los problemas políticos, incapaz de resolverlos mediante el diálogo. Rajoy, como lo han pedido desde diferentes fuerzas políticas, debe dimitir u obligarlo a hacerlo. Hay alternativa posible, para ello el PSOE debe terminar con su indefinición, con su política de “nadar y guardar la ropa” y colocarse con los partidos que, desde hace tiempo, plantean un cambio real y más democrático que nuestro país necesita para acabar con la desastrosa política del Partido Popular y no seguir en caída libre hacia una situación social insostenible que está condenando a una parte muy importante de la población a la miseria, al hambre, a la desesperación.

Este posible nuevo Gobierno debe emprender, en diálogo con todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales, un cambio real del sistema, mediante un proceso Constituyente, que conduzca a una democracia real, a un sistema social justo e igualitario y a elaborar una nueva Constitución (la actual está obsoleta) que prime los derechos sociales y laborales en la que encajen todas la naciones que forman el estado español y que contemple la posibilidad de la elección por la ciudadanía de su Jefe del Estado.